Admite la Corte recursos de reclamación de la Cámara de Diputados y la PGR

La clase política, dividida ante el regreso de López Obrador al GDF

El regreso de Andrés Manuel López Obrador al Gobierno del Distrito Federal (GDF) dividió a la clase política. Frente a ello, la ministra Olga Sánchez Cordero señaló que la indefinición en el caso del desafuero del mandatario capitalino será resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los grupos parlamentarios de PRI, PRD, PT y PVEM advirtieron una vez más que mientras López Obrador no esté sujeto a proceso sigue siendo jefe de Gobierno, y señalaron que las únicas provocaciones han surgido de la Presidencia de la República y del PAN.

Inclusive el priísta Wintilo Vega -operador político del coordinador priísta, Emilio Chuayffet- afirmó que si López Obrador regresó ayer a la jefatura de Gobierno fue gracias "a los dos jovencitos sabihondos del PAN que pagaron una fianza cuando todo mundo sabe que la libertad bajo caución sólo opera cuando hay detenido. El PAN y la PGR son los que están metidos en este lío, y que Dios los bendiga".

Del lado de PRD, PT y PVEM, sus coordinadores señalaron que es correcto que López Obrador se reincorporara a sus actividades como jefe de Gobierno. El panista José González trató de sacudirse la responsabilidad de este problema y alegó que desde el 7 de abril el desenlace del caso está en manos de la PGR y del Poder Judicial.

Pablo Gómez Alvarez, coordinador perredista en San Lázaro, cuestionó los "excesos" de la Presidencia de la República, que ayer acusó a López Obrador de asumir una actitud de provocación al regresar al GDF. Vicente Fox y su vocero, dijo el coordinador perredista, actúan como si México fuera una monarquía absoluta y no una república. "Vicente Fox no puede destituir al jefe de Gobierno", manifestó.

Explicó que la Cámara de Diputados no tiene atribuciones para remover, bajo ninguna circunstancia, a un funcionario público de su cargo, por lo que el 7 de abril pasado sólo se aprobó el desafuero, pero no la destitución de López Obrador.

El senador panista César Jauregui demandó que la Presidencia de la República se retire del caso y lo deje en manos de la PGR, además de que consideró que la marcha del silencio distrajo recursos humanos y materiales. Sin embargo, el priísta David Jiménez subrayó que ante las voces de quienes denuncian que se utilizaron recursos públicos para la magna movilización del domingo pasado, "sería una imprudencia que enrarecería más el ambiente político que se hagan esas acusaciones sin tener los elementos suficientes para ello".

El coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, consideró que "está muy mal" que el presidente Fox insista en mantener un pleito y un conflicto político con el jefe de Gobierno: "No habla el Presidente, pero igual como si lo hiciera a través de su vocero, Ruben Aguilar, quien con sus opiniones sólo fomenta la confrontación".

El regreso de López Obrador a sus actividades es legal y legítimo, y tiene todo el apoyo de la dirigencia nacional del PRD, afirmó, por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general de ese partido. "Esperamos que la PGR actúe con sensatez. Como partido seguiremos desarrollando el plan de resistencia civil y pacífica, la cual incluye la defensa legal y jurídica de López Obrador."

La indefinición sobre la decisión de López Obrador de retornar a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal será resuelta hasta que la SCJN dictamine las dos controversias constitucionales interpuestas por la Asamblea Legislativa y la Cámara de Diputados, señaló la ministra Olga Sánchez Cordero.

Esta resolución se podría llevar al menos 30 días más en razón de que la Corte admitió tres recursos de reclamación (dos de la Cámara de Diputados y uno de la Procuraduría General de la República), en los que se impugna la admisión de la demanda de la ALDF, además de que los legisladores cuestionan que el ministro José Ramón Cossío les negara la suspensión solicitada. En entrevista, la ministra instructora de la demanda que presentaron los asambleístas en contra de la decisión de los diputados de retirar de su cargo a López Obrador -cuando según el artículo 111 constitucional tenían facultades únicamente de desaforarlo- y de no haber sido tomados en cuenta -como sí lo son otras congresos locales cuando su gobernante es desaforado-, aceptó que hasta el momento "las partes pueden interpretar los autos no suspensionales".

En Boca del Río, Veracruz, el secretario general del CEN del PAN, Alejandro Zapata Perogordo, deslindó a su partido y al gobierno de Vicente Fox de emprender una "persecución político-judicial" contra López Obrador, y minimizó la posibilidad de un costo político para el blanquiazul y la Presidencia de la República.

Mientras, el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, se pronunció en contra de que las instituciones y procedimientos legales sean utilizados para eliminar a alguien de la competencia política, en alusión a los embates del gobierno federal contra el perredista. Su homólogo de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, aseguró que la pugna política entre el presidente Fox y López Obrador no debe impactar negativamente la economía y el desarrollo del país.

La gobernadora de Zacatecas, la perredista Amalia García, manifestó su respaldo a su correligionario por su reincorporación a la jefatura de Gobierno y consideró que no violó normatividad alguna al retomar sus actividades, como afirmó Rubén Aguilar, vocero de la Presidencia de la República.

Por su parte, el coordinador de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), René Drucker, expresó que después de la marcha del silencio - en la que el pueblo mexicano demostró de manera contundente su rechazo a la actuación de la administración foxista- el gobierno federal tendría que rectificar para que el proceso democrático continúe, y "si le quieren ganar a Andrés Manuel López Obrador lo hagan en las urnas".

A su vez, Felipe Calderón, precandidato del PAN a la Presidencia de la República, consideró que el regreso de López Obrador al gobierno capitalino sólo demuestra "la actitud constante de desprecio a la ley" del líder perredista, pues "la ley es clara al señalar que cualquier funcionario que es desaforado es separado inmediatamente de su empleo, encargo o comisión, y está sujeto a los tribunales".

Con informacion de Enrique Méndez, Víctor Ballinas, José Antonio Roman, Karina Avilés, Jesuú Aranda, Matilde Pérez, reporteros, y de los corresponsales