Los coordinadores legislativos acuerdan defender su postura frente a los ministros
Temen en la Cámara dictamen adverso de la Suprema Corte sobre el presupuesto
La Cámara de Diputados expresó ayer su preocupación sobre el riesgo que implica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "legisle como si fuera el Congreso de la Unión y ejecute acciones como si se tratara del Poder Ejecutivo". Y ante las señales de que el fallo en la controversia por el Presupuesto de Egresos de este año podría ser negativo para la Cámara, los coordinadores iniciarán esta semana los denominados "alegatos de oídas" con los ministros para defender la posición del Legislativo.
Esa posición fue asumida ayer por la Conferencia para los trabajos parlamentarios -en la que convergen el presidente de la Cámara y los coordinadores parlamentarios- luego de que recibieron información poco halagüeña sobre el avance de la resolución de la controversia interpuesta por el gobierno de Vicente Fox en contra del decreto de Presupuesto de Egresos 2005.
El presidente de la Cámara, Manlio Fabio Beltrones, informó a los coordinadores que la Corte tomará tres criterios sobre la controversia: en algunos casos declarará inválidas las ampliaciones presupuestales aprobadas por la mayoría camaral en diciembre pasado; otros puntos del decreto los declarará válidos y algunos más parcialmente válidos.
Esto anticipa, según los coordinadores, que la Corte tomará una resolución que modificará esencialmente el presupuesto para este año, con lo cual se excederá en sus atribuciones, pues la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de modificar y aprobar el presupuesto anual enviado por el Ejecutivo.
"El comentario general fue que la Corte ya define presupuestos, lo cual es muy grave, porque como ahora todas las diferencias entre el Legislativo y el Ejecutivo se dirimen ahí, los ministros resuelven y, en los hechos, están legislando", explicó el Oscar González Yáñez, diputado del PT, al concluir la reunión.
Asimismo, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) envió a Beltrones y a los seis coordinadores un documento de observaciones sobre la Ley de Presupuesto, cuya discusión volverá a posponerse hoy, y en la que los gobiernos de los estados exigen que se destine a las entidades federativas 50 por ciento de los recursos obtenidos por excedentes del precio del petróleo.
El documento, enviado por el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, como propuesta de la comisión de hacienda de la Conago, plantea que se establezca en la Ley de Presupuesto que las entidades federativas tendrán derecho a percibir 50 por ciento de las cantidades pagadas a Petróleos Mexicanos por concepto de aprovechamiento sobre rendimientos excedentes de hidrocarburos, conforme a las bases actuales establecidas en la Ley de Ingresos, y el 50 por ciento restante se destine a la paraestatal.
También sugieren destinar los excedentes de ingresos señalados en la misma legislación para compensar, en primer término, el incremento en el gasto no programable respecto de lo presupuestado y dejar el remanente para "distribuirlo de manera óptima entre el gasto de inversión de las entidades federativas, del gasto de inversión de Pemex, el fondo de estabilización de las participaciones y el fondo de estabilización de los ingresos petroleros".
La intención es garantizar ingresos a los estados por excedentes petroleros, aun si el régimen fiscal de Pemex se modifica.
En el análisis de la Conago se sugiere que la ley defina que de los subsidios correspondientes al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 50 por ciento se destine a infraestructura física y el resto al saneamiento financiero, preferentemente a la amortización de deuda pública de los estados, a sanear y reformar los sistemas de pensiones estatales, la modernización de catastros y sistemas de recaudación, desarrollar mecanismos impositivos, proyectos de investigación científica y tecnológica, y los sistemas de protección civil, así como prohibir su uso para gasto corriente o de operación.
Los gobiernos estatales también demandaron que se modifique el artículo 111 del dictamen, ya que éste faculta a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública a dar seguimiento y evaluar los recursos federales que se transfieran a las entidades a partir de "un sistema de medición de resultados", y sobre todo porque no se especifica en qué consistirá. "No se trata de eludir la evaluación, sino de precisar las reglas, en tanto que su resultado repercutirá en la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos transferidos a las entidades", señala la Conago.