Por las desincorporaciones, se desplomó el PIB entre 1988 y 2002, señala estudio
El gobierno federal llama de segunda generación la nueva ola privatizadora
Se insiste en esa política, aunque no se hayan fortalecido las finanzas públicas: CILAS
La privatización de empresas públicas seguida por los gobiernos federales desde la década de 1980 habla claramente del desmantelamiento del Estado mexicano. Las entidades paraestatales se redujeron aproximadamente a la mitad en el periodo 1985-1990. Para 2004, sólo quedaba una quinta parte de los activos públicos existentes en 1985, afirma un análisis del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
La contribución del sector paraestatal al producto interno bruto (PIB) -sin considerar Pemex- cayó drásticamente entre 1988 y 2002. Así, la participación del sector público por conducto de las empresas paraestatales dejó de aportar poco más de cinco puntos porcentuales a la riqueza nacional.
En México, al igual que en otros países de América Latina, el objetivo de la privatización fue el fortalecimiento de las finanzas públicas, así como mejorar la eficiencia del sector público. Sin embargo, el resultado de esa práctica gubernamental no ha sido el esperado. Aun así la actual administración federal pretende continuar con la privatización, denominada "de segunda generación", que incluye a sectores como la energía, la seguridad social y la educación.
Del total de entidades paraestatales sometidas a desincorporación en las pasadas tres décadas, 33 por ciento fueron privatizadas porque "demostraron inviabilidad financiera y problemas administrativos"; 24 por ciento porque realizaban actividades no prioritarias; 18 por ciento duplicaban funciones; 13 por ciento habrían ya cumplido con sus objetivos; 10 por ciento por haberlos incumplido o por no haberse ejecutado el proyecto, y 2 por ciento por ser entidades que sólo tenían interés local o regional. El sector más afectado fue el industrial, que sumó 40 por ciento de las desincorporaciones totales para finales de 1987.
En el sexenio de Miguel de la Madrid se desincorporaron 722 entidades, es decir, 59 por ciento del total de mil 216 entidades que conformaban el sector paraestatal. Pero del primero de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se habían desincorporado 421 entidades de un universo de 618 al inicio del periodo. De la disminución registrada, 205 empresas fueron liquidadas o declaradas extintas; 17 por fusión; 11 por transferencia a los gobiernos estatales; 161 por enajenación o venta, y 27 entidades dejaron de considerarse como tales.
Sin embargo -sostiene el análisis del CILAS-, para junio de 1994 se incrementaron las empresas paraestatales con la creación de las administraciones portuarias integrales (API), destinadas a modernizar el sistema de puertos, así que el año concluyó con 219 entidades: 82 organismos centralizados; 107 empresas con participación estatal mayoritaria, y 30 fideicomisos públicos, menos de la mitad de los que se tenían al inicio de la administración salinista.
Entre las empresas desincorporadas destacan Aeroméxico, Mexicana de Aviación, Imevisión, Compañía Minera de Cananea, Sidermex y Teléfonos de México. También se vendieron 18 bancos producto de la nacionalización de 1988, lo que representó un monto global de 36 billones de pesos. Así, el gobierno salinista se retiró de 21 ramas de la actividad económica, entre ellas minería, construcción, comercio, transporte, comunicación y televisión, servicios financieros, industria manufacturera y servicios comunales. Con Ernesto Zedillo Ponce de León continuóla privatización, mediante concesiones y licitaciones para operar bienes y servicios del sector público, así como la venta de activos. Modificó la Constitución para permitir la participación privada en comunicaciones por satélite, antes reservada al Estado, y se aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones. También privatizó ferrocarriles, petroquímica, gas natural, aeropuertos y puertos.
Dice el CILAS que el proceso de privatización trata de cerrar su ciclo en el actual gobierno, con la apertura del sector energético, el sector hidráulico y en las telecomunicaciones a la inversión privada.