Usted está aquí: domingo 22 de mayo de 2005 Política Gobernación sabe quién está tras los espots: Batres

Los mensajes de México en Paz costaron $100 millones

Gobernación sabe quién está tras los espots: Batres

El PRD presentará ante la PGR demanda por calumnia

ALMA E. MUÑOZ

Ampliar la imagen Los diputados Wintilo Vega Murillo (PRI) y Miguel Alonso Raya (PRD) durante la pl�ca que sostuvieron con ejidatarios, ayer junto al r�Laja FOTO Mart�Diego Rodr�ez

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigirá a la Secretaría de Gobernación una explicación sobre la difusión de los espots de México en Paz, en favor del desafuero del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, porque, independientemente de a quién se señale como responsable de su producción, la dependencia sabe quién está detrás de ellos, puesto que los mensajes políticos televisados pasan por un filtro, y en este caso resultan muy escandalosos por el costo de su transmisión, 100 millones de pesos, indicó el líder perredista en la capital del país, Martí Batres Guadarrama.

Manifestó en entrevista que la suma resultó del cálculo que hicieron en el instituto político, debido a que difundir este tipo de mensajes de 20 segundos en horario estelar cuesta entre 400 y 450 mil pesos, y durante tres semanas estuvieron al aire en Televisa y en Televisión Azteca.

Apuntó que la demanda que próximamente presentarán ante la Procuraduría General de la República por la difusión de dichos anuncios se sustentará en los delitos de difamación y calumnia, además de enriquecimiento ilícito contra los dirigentes formales de México en Paz, pero que la intención es continuar investigando hasta encontrar los nexos con el gobierno, toda vez que no hay registro sobre la existencia de dicha asociación.

-¿De dónde sale el cálculo de los 100 millones de pesos?

-Es una deducción sobre el costo que tienen este tipo de espots por televisión, que llegan a ser como de 400-450 mil pesos por 20 segundos, en el horario estelar de la televisión, el llamado triple A. Sumados todos los que aparecieron durante casi tres semanas, nos hablan de un gasto por esa cantidad en dicha campaña.

Sin embargo, Batres expuso que antes de una denuncia penal, como ya han previsto, es necesario solicitar la explicación a la SG, porque ella tiene los elementos, "más allá del debate sobre las menciones de que está detrás de los mensajes", porque tiene la información general sobre la publicidad política en televisión. "La secretaría la analiza en diversas unidades administrativas con que cuenta".

No obstante, afirmó el perredista, "estamos buscando más datos al respecto, para sustentar mejor la denuncia que inicialmente se presente. En este caso, dependerá del expediente que logremos integrar para saber si la querella es contra Gobernación, su titular u otras personas dentro de la dependencia, pero lo cierto es que se les puede acusar por no otorgar la información correspondiente.

"Hasta el momento tenemos algunas bases generales que nos parecen firmes, como el gasto elevado que pudo erogar la organización civil sobre la cual no hay rastro ni historia, y otro fundamental es que la SG sabe quiénes están detrás de dichos espots, difundidos antes del 7 de abril, cuando la Cámara de Diputados se instaló en jurado de procedencia para votar en favor del desafuero de López Obrador". Allí saben, insistió, "quién los promovió, quién está detrás de ellos".

Indicó que la denuncia saldría a nombre del PRD, pero falta especificar qué instancia del partido la presentaría, en dos semanas aproximadamente, por los delitos de difamación, calumnia y enriquecimiento ilícito, toda vez que "es una campaña con recursos de origen desconocido", aunque -precisó-, continuaremos indagando, porque podemos allegarnos más elementos, "hasta encontrar vínculos con el gobierno".

El 13 de mayo pasado La Jornada publicó que un directivo de la productora Filmmates Grupo PTA confirmó que realizaron los espots que abren con la frase "Ella no tiene fuero", por encargo de Gobernación, y se corroboró que la asociación que aparece como responsable de los mensajes no se dio de alta en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal ni entre las redes nacionales de agrupaciones de la sociedad civil. Hasta ahora nadie ha reivindicado su pertenencia a ella, pero el comisionado para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Francisco José Paoli Bolio, ofreció a organizaciones no gubernamentales indagar sobre el origen de los recursos utilizados para dicha campaña y sobre la posibilidad de que existiera un convenio de publicidad con la dependencia. No obstante, aclaró que no se podría hablar de la instancia federal en lo general, y que la investigación se dirigiría a conocer si en realidad hubo vinculación de alguno de sus funcionarios.

 
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