El ministro de Energía denuncia daños patrimoniales por incumplimiento de contratos
Reclama Venezuela a petroleras trasnacionales pago de 4 mil mdd
Señala a una empresa autorizada a producir 100 mil barriles y que genera 220 mil con el mismo pago de regalías y a otra que debía explotar un área de 250 kilómetros y opera en 500
Caracas, 21 de mayo. El gobierno de Venezuela tiene listos los reclamos por más de 4 mil millones de dólares que presentará contra las trasnacionales que operan en al país por supuestas deudas de impuestos y violaciones de contratos, con la presunta complicidad de directivos industriales, anunciaron hoy las autoridades petroleras.
El Ministro de Energía de Venezuela y presidente de la estatal petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, denunció el sábado que trasnacionales petroleras provocaron "daños patrimoniales" a su país, al incurrir en "desviaciones muy graves" en sus contratos con el Estado.
Durante un encuentro con la prensa extranjera, dijo que una sola compañía le debe al Estado venezolano mil millones de dólares en regalías, mientras que todas las compañías deben más de 3 mil millones de dólares en impuesto a la renta atrasado desde 2000.
"Al Estado venezolano se le estaba robando. El ingreso fiscal se había desplomado. ¿Cómo no se iba a desplomar si no pagaban impuestos?, exclamó Ramírez.
El gobierno de Hugo Chávez está decidido a cobrarle a las trasnacionales petroleras que operan en Venezuela más de 4 mil millones de dólares en impuestos y regalías atrasadas, y a aplicarles la legislación vigente.
El gobierno negocia con las petroleras cómo van a ajustarse a la ley, pero descarta negociar las regalías ni el impuesto a la renta atrasados, "que lo tienen que pagar", enfatizó el funcionario.
Calificó de "muy francas" las negociaciones con las petroleras, y si bien dijo que "la mayoría de las compañías tiene plena disposición de arreglar sus asuntos con el Estado", acusó a otras de participar en lo que calificó de "campaña de desinformación" contra PDVSA en la prensa venezolana y extranjera.
"Las compañías que no quieran ajustarse a la ley venezolana y que hacen desinformación, mejor que se vayan a hacer negocios a otra parte", dijo el ministro.
También denunció que las trasnacionales petroleras incurrieron en "desviaciones muy graves" en sus contratos con el Estado.
El ministro se refirió, sin identificarla, a una empresa que participa en una asociación estratégica con PDVSA para explotar los petróleos pesados de la faja del río Orinoco, que tenía un contrato aprobado por el Congreso venezolano para producir 100 mil barriles diarios con una rebaja de regalía a 1 por ciento, y está produciendo 220 mil barriles por día pagando la misma regalía.
También se refirió a una empresa que tenía aprobado un proyecto de explotación en 250 kilómetros y opera en 500 kilómetros.
Agregó que las petroleras no realizaron las inversiones a las que estaban obligadas, y que tampoco entregaban el gas ni lo pagaban, como se había comprometido.
Entre las trasnacionales que operan en Venezuela están las estadunidenses ChevronTexaco y ExxonMobile, la británica British Petroleum, la española Repsol YPF, la francesa Total-Fina, la estatal brasileña Petrobras, la holandesa Shell y la Corporación Nacional de Petróleo de China.
Indicó que presentará documentos al respecto cuando comparezca ante el Congreso el próximo miércoles.
El ministro afirmó que la antigua dirección de PDVSA, que fue destituida después de un paro petrolero de dos meses de duración entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, fue "rehén" y "cómplice" de los abusos de las multinacionales petroleras.
Actualmente existen 32 convenios operativos con empresas petroleras multinacionales que producen 550 mil barriles por día y cuatro asociaciones estratégicas para explotar los crudos pesados del Orinoco, que producen 620 mil barriles por día.
El ministro dijo que las multinacionales que participan de los 32 convenios operativos tienen seis meses para conformar empresas mixtas con PDVSA, que tendrá 51 por ciento y éstas 49 por ciento, de acuerdo con la ley de hidrocarburos vigente.
Mientras tanto, serán firmados contratos de transición hasta que el Congreso aprueba las nuevas empresas.