El convenio de traslado fue firmado bajo "amenazas de muerte", afirma la empresa
Anuncia Profepa reubicación de planta incineradora de tóxicos en Veracruz
La firma Altecin pretendía calcinar askareles, denunciaron habitantes del municipio El Higo
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció la reubicación de la empresa Altecin, que pretendía instalar una planta incineradora de askareles en El Higo, Veracruz. Aún está por definirse el lugar adonde se trasladaría.
En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, José Luis Luege Tamargo, recomendó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que no dé permisos para la operación de sitios de tratamiento de residuos peligrosos sin antes contar con los permisos de las autoridades locales.
Al referirse a las irregularidades que se dieron en el proceso de la entrega de permisos locales, Luege Tamargo hizo un exhorto a los gobiernos para que actúen de manera corresponsable en el manejo de residuos como los bifenilos policlorados, o askareles, y se abra la posibilidad de instalar empresas tanto para el confinamiento como para el tratamiento de los mismos.
Altecin se queja de coacción
La empresa Altecin dijo que su socio Roberto Garrido Cruz firmó el acta en la cual la compañía se compromete a retirarse de esa población, "bajo amenazas graves de muerte", además de que lo mantuvieron secuestrado, por lo que presentará la denuncia correspondiente.
En un boletín de prensa difundido en Jalapa, la empresa manifestó que este martes, cuando Garrido Cruz, acompañado por un abogado y dos agentes del Ministerio Público, se presentó en esa factoría, fue objeto de agresiones de regidores y otras personas que rodearon las instalaciones, y agregó que en el interior quedaron "secuestrados", junto con ocho operadores, el jefe y el director de la planta.
Según el comunicado, Roberto Garrido fue agredido a pedradas y "varias personas blandían machetes y cuerdas con la intención de atar y encuerar a los retenidos". Además amenazaron con entrar y matar a alguien. A las seis de la tarde, continúa el documento, cuando la tensión se encontraba en su punto más alto, "los regidores que encabezaban a los pobladores se fueron para no verse comprometidos con lo que sucediera".
Asimismo, Altecin señaló que Garrido Cruz negoció "con la masa apiñada en la puerta y se le advirtió que o prometía y certificaba que la empresa se iba de El Higo, o entraba la gente y no respondían de lo que sucediera".
El comunicado agrega que el regidor Jorge García del Angel se trasladó al ayuntamiento, acompañado de representantes del pueblo, en el cual redactaron un convenio que luego dieron a signar al alcalde Leonel Meraz Duval, la diputada federal Rocío Guzmán de Paz, tres regidores y una comisión de ciudadanos.
"Este documento fue hecho bajo amenazas graves de muerte, no tiene valor legal alguno", asegura la empresa, que advirtió que denunciará penalmente a los responsables del "secuestro". Además se quejó de que durante los hechos "el gobierno de Jalapa nos ha dejado a merced de los alborotadores, es un milagro que no haya habido víctimas".
De su lado, el diputado local Justo Fernández Garibay, presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso estatal, dijo que la población de El Higo actuó y manifestó su sentir a todas las autoridades y denunció una situación que se creía que no iba a trascender porque estaba en un "lugar remoto y lo querían tener calladito".
Fernández Garibay señaló que para el traslado de los 399 tambos de askareles, que están bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Procuraduría General de la República, debe haber un manejo cuidadoso y especializado, por el alto grado de peligrosidad que representan, sobre todo por las malas condiciones de los caminos en esa zona.