Más balas, más pistolas y más patrullas no lo lograron
Faltan verdaderas estrategias para prevenir delitos, admiten autoridades
Puerto Vallarta, Jal., 26 de mayo. Los encargados de brindar seguridad pública en el país reconocieron que ''más pistolas, más balas y más patrullas no sirvieron para detener a la delincuencia'', y propusieron que se desarrollen verdaderas estrategias de prevención del delito; en tanto, las autoridades federales promovieron el fortalecimiento de los llamados ''grupos de coordinación'', que significan la realización de operativos conjuntos como única vía para prevenir actos delictivos, indicaron algunos participantes de la primera Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.
Durante la reunión que se desarrolla en este centro turístico, según Mayolo Medina Linares, subsecretario de Seguridad Pública del estado de México, representantes de varias entidades rechazaron la propuesta de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal de impulsar la aprobación de un punto de acuerdo en el que se demandara al Congreso de la Unión la aprobación de la iniciativa de reforma al sistema de justicia penal, propuesta por Vicente Fox.
En ese contexto, mientras las autoridades locales hicieron evidente su necesidad de mayores recursos para capacitación de sus elementos, y de que los tres niveles de gobierno unan sus esfuerzos con los de la sociedad para combatir de una manera más eficaz los actos delictivos, el gobierno federal les dio a conocer ''los criterios generales en materia de política criminal'' que plantea la SSP federal, y la intención de transformar la política penitenciaria del país con programas serios de readaptación social.
Fue así como en las mesas de trabajo las autoridades estatales demandaron que la dependencia que encabeza Ramón Martín Huerta traslade a los reos federales considerados de alta peligrosidad, y sobre todo a los relacionados con el narcotráfico, al Centro Federal de Readaptación Social de Seguridad Media El Rincón, que se localiza en Nayarit.
Luego de los reclamos, José Luis Lagunes, encargado del Organo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SSP federal, habría pactado el traslado de al menos 600 presos considerados de alta peligrosidad a El Rincón, a fin de despresurizar las prisiones estatales que enfrentan sobrepoblación y problemas con los internos acusados de delitos del fuero federal.
Se argumentó que este tipo de delincuentes provocan los mayores problemas en las prisiones locales, al tener el poder económico suficiente para integrar grupos en el interior de las cárceles en busca de tener autogobierno y hacer que los reclusos más pobres se conviertan incluso en sus sirventes.
Asimismo, en este encuentro se planteó la necesidad de aumentar los presupuestos de las corporaciones policiacas, y también los recursos que la Federación entrega a los estados para la manutención de cada reo del fuero federal que está preso en las cárceles locales.
De acuerdo con algunos secretarios de seguridad pública, las aportaciones del gobierno no alcanzan ni para dar de comer a los reclusos del ámbito federal. En ese sentido, el representante de Michoacán, Gabriel Mendoza Jiménez, apuntó que para cada preso por delitos federales se les otorgan 20 pesos diarios para comida, vestuario y vigilancia, además de servicio médico, en caso de ser necesario.
Uno de los temas que también se tocó durante este primer día de trabajos fue el de la violencia en distintas entidades. Al respecto, Rafael Ríos García, subsecretario federal de Política Criminal, reconoció que ''la Policía Federal Preventiva (PFP) evidentemente no es el camino ni fue creada para atender directamente'' fenómenos de violencia como los que se viven en Chihuahua, Tamaulipas o Sinaloa.
El funcionario reconoció que ''por el número de elementos con que cuenta la PFP, sería imposible atender todas las demandas de seguridad pública del país'', pero expuso la necesidad de sumar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y, de acuerdo con algunos de los secretarios de seguridad pública participantes, se promovió la aceptación de un ''modelo de seguridad estratégica para los tres órdenes de gobierno'', que prevé la obtención de información criminológica, mapas delincuenciales y acuerdos de intercambio de información en tiempo real entre instituciones.