Jueves 2 de junio de 2005 Director fundador: CARLOS PAYAN VELVER Directora general: CARMEN LIRA SAADE Director: Alejandro Brito Lemus
Matrimonio gay en España De la peligrosidad social a la legitimación cívica

El Sistema de Transporte Colectivo Metro es uno de los puntos de encuentro más importantes de la ciudad de México. En sus pasillos, andenes y vagones se cruzan y conviven múltiples formas de pensar y relacionarse. Un grupo que poco a poco se hace más visible es el de los jóvenes gays, que usan el metro para transportarse, convivir, ligar y, según se ha reportado, como lugar para tener prácticas sexuales. Por Jordi Petit* El fin de la dictadura franquista, en 1977, propició una actitud social, alimentada por los medios de comunicación, de atención e interés por todo lo que estuvo prohibido antes. Este hecho favoreció a un movimiento de liberación que enarboló una lucha obvia para todo el mundo: retirar la homosexualidad de la vieja Ley de Peligrosidad Social. A esa batalla ganada le siguió la legalización de las asociaciones de gays y lesbianas en 1980. A pesar de que la aparición del VIH/sida supuso un paso atrás, por la estigmatización que trajo consigo, el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros de España supo renovarse y seguir avanzando. La alianza con las administraciones públicas para combatir la epidemia y el acercamiento a organizaciones civiles de carácter social marcó la nueva ruta. Sin embargo, el motor del reconocimiento al derecho al matrimonio debe buscarse en las luchas personales. En las historias de los hombres y mujeres que han reclamado sus derechos, especialmente en Cataluña, donde en 1987se registró a la primera pareja gay que solicitó casarse. Misma región donde una madre lesbiana logró mantener la guardia y custodia de su hija, a pesar de la oposición de su ex marido, o donde un hombre, Juan Reina, fue el pionero en pedir el derecho a la sucesión de su difunto compañero en 1989. El derecho a amar La estrategia en Cataluña fue plantear la igualdad de las parejas homosexuales con base en las sentencias judiciales que adjudicaron derechos por causa de mera convivencia. De ahí partió la propuesta para una legislación sobre parejas de hecho, ya fueran homosexuales o heterosexuales. Pero lo crucial fue situar ese reconocimiento como “análoga relación de afectividad” al matrimonio, “con independencia de la orientación sexual”. Es decir, se decidió, no sin amplios debates, no apostar por una figura jurídica ajena a la conyugal, como sería la de “conviviente” o “unión civil”, vía que rechazamos porque consideramos que las y los homosexuales deben poder optar a todas las instituciones que regulan la familia en igualdad de condiciones que las personas heterosexuales. Desde 1998, y tras Cataluña, se empezaron a promulgar varias leyes de parejas en distintas regiones del estado español, lo que se vio favorecido por el enfrascamiento de la derecha conservadora en el poder en su oposición a una ley estatal de parejas de hecho, lo que provocó un debate social que permitió elevar el grado de exigencia del movimiento y reclamar directamente la plena igualdad legal y el derecho a contraer matrimonio y a adoptar. Las encuestas de opinión, desde 1997, dan una amplia mayoría a la idea del matrimonio entre personas del mismo sexo. Aceptar una ley distinta del matrimonio supondría instalarse en un estatus inferior, una norma segregacionista. Se trata de una cuestión de dignidad e igualdad. Ciertamente algún sector del movimiento homosexual en España no ha apoyado esta reivindicación, pero ha valorado el avance en el derecho de adopción. Una encuesta realizada por el sitio de Internet chueca.com, en febrero de 2004, decía que 97.7 por ciento de los y las homosexuales consultados estaban a favor del derecho al matrimonio, pero de conseguirlo, 48.9 por ciento no ejercería ese derecho, en aras a inscribirse como simple pareja de hecho o convivir sin papeles. Los ataques eternos La oposición de la jerarquía de la Iglesia Católica a estos avances ha existido y existirá, pero su complicidad con la dictadura franquista y la estrechez de miras en temas como el uso del condón, la han relegado a una posición de arraigo popular insuficiente. Tanto es así que la mayoría de los contribuyentes no marcan la casilla para destinar una parte de sus impuestos (0.5 por ciento) a la Iglesia, interesante sistema instaurado en España que permite decidir a dónde va esa porción de la contribución personal, ya sea a fines de interés social (los preferidos por el contribuyente) o a dicha confesión. El absurdo de la oposición ha causado polémica. A últimas fechas, la derecha, siempre tan cumplidora de la ley y el orden, ha amagado con hacer “objeción de conciencia” desde los ayuntamientos que gobierna y no casar a parejas homosexuales, tal como le ha pedido El Vaticano. Tras unos días de discusiones en los medios de comunicación, la mayoría de los alcaldes del Partido Popular han dicho que acatarán la ley. El debate social sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo ha girado en torno a dos ejes, el derecho al matrimonio, con un gran apoyo porcentual, según todas las encuestas (entre 57 y 66 por ciento de aprobación) y el derecho a la adopción (más ajustado: 42 por ciento a favor, 40 por ciento en contra). Los argumentos han consistido en abogar simplemente por la igualdad de derechos y el reconocimiento de las familias homoparentales (las formadas por una pareja del mismo sexo) ya existentes. En general, el debate con la derecha conservadora es parecido al que se vivió hace veinte años, en ocasión de la promulgación de la ley de divorcio; se profetizaba entonces el caos si la ley salía adelante. Así fue y no pasó nada. Los argumentos sobre la familia tradicional han sido los mismos desde entonces y la respuesta ha consistido en afirmar el reconocimiento de la diversidad de formas familiares. Se trata de una democratización de las instituciones tradicionales. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tramita una nueva ley de divorcio que agiliza los trámites y anula la “culpabilidad” de cualquiera de los cónyuges para separarse; bastará la petición de uno de ellos. El proceso de la normalización A lo largo de los últimos 28 años se ha construido un frente cultural que ha acompañado y fortalecido esta evolución social, la cual ha girado en torno a los valores del laicismo y de la erradicación de las culpas en torno a la sexualidad; dinámica que se manifiesta a través de películas, literatura y movimientos como el “destape” de finales de los años setenta o la “movida madrileña”, de los primeros años ochenta. Escritores, artistas e intelectuales firmaron todo manifiesto que les propusieron las organizaciones homosexuales. A finales de los noventa pareciera que la evolución se acelera. La televisión pública catalana empieza a incluir personajes homosexuales con toda normalidad y ahora en España casi todas las series tienen protagonistas gays o lesbianas. La campaña “Democracia es igualdad”, en 1993, fue especialmente significativa. Participaron las organizaciones civiles más grandes del país con un impactante spot de televisión contra la discriminación por raza, discapacidad, inmigración y orientación sexual. También desde los años ochenta se desarrolló la campaña “Vota Rosa” durante los periodos electorales; las asociaciones se entrevistaban con los candidatos y los emplazaban a incluir propuestas sobre los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros y de lucha contra el VIH/sida, para luego evaluar sus compromisos. Hoy ya los partidos políticos compiten entre sí por representar más y mejor a la comunidad homosexual: se trata de una normalización política, a la que hay que sumar el desarrollo de publicaciones dirigidas a este sector de la población y el apoyo de los empresarios dedicados a ofrecer servicios de entretenimiento para homosexuales. A su vez, el proceso de articulación de los grupos de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros, en una gran federación estatal, con presencia en casi todas las ciudades grandes y medianas, ha supuesto un frente activo de primer orden y de gran impacto en los medios de comunicación. Hoy en día, bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero, a pesar de las quejas e insultos de la jerarquía católica y de la firme oposición del Partido Popular de José María Aznar, hay mayoría social y política para asegurar que la ampliación de la ley de matrimonio llegue a buen puerto. Aunque una ligera mayoría, por uno o dos votos, pudiese rechazarla en el Senado, volvería al Congreso de los Diputados, que ya la aprobó el 21 de abril pasado. Seguramente tendremos la ley lista para el próximo 28 de junio. Esta victoria, no obstante, no es el fin de nada. Es muy importante seguir trabajando por la plena igualdad social del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros.* Presidente de honor de la Coordinadora Gay-Lesbiana de Cataluña. Ex secretario general de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA). Autor de 25 años más (Icaria Editorial, 2003) y Vidas en el arcoiris (Editorial De Bolsillo, 2004).