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Miguel
Concha
La visita de la relatora
16 de
febrero de 2002 LOS ASESINATOS DE MUJERES en Ciudad Juárez son
una de las muestras más crudas de la ineficacia del sistema de
procuración e impartición de justicia en México,
así como de la discriminación y violencia hacia las mujeres
que todavía persisten en todos los niveles de nuestra sociedad.
Gobiernos locales han ido y venido sin acertar con una respuesta que
esté a la altura de la magnitud de la tragedia. Como dice el
periodista e investigador Víctor Ronquillo en su libro Las Muertas
de Juárez. Editorial Planeta, 1999: "Nadie sabe cuántas
mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez desde la primavera
de 1993. Lo peor es que esta noche puede ocurrir otro crimen, una nueva
tragedia e inscribirse en un listado de horror, encabezado por mujeres
que llegaron a la frontera a buscar la vida y allá en el norte
se toparon con la muerte. En un país de impunidades, la historia
de los crímenes perpetrados en contra de mujeres de Ciudad Juárez
resulta la más atroz por la vulnerabilidad y el número
de sus víctimas. Muchachas solas, sin pasado, con un futuro que
se ve truncado por la muerte. Todas las muertas de Juárez fueron
agredidas, violentadas, ultrajadas". Parecería que actualmente
en Ciudad Juárez ser joven y ser mujer es poner en peligro la
vida.
Existen muchas versiones acerca de cuáles son los motivos y las
circunstancias de estos asesinatos repugnantes, que van desde el tráfico
de órganos hasta videos pornográficos, desde deficiente
seguridad pública y falta de las condiciones más elementales
de trabajo en las maquiladoras, hasta precariedad de condiciones e instalaciones
urbanas. Pero, independientemente de cuáles sean éstos,
lo más preocupante es que el Estado mexicano ha tolerado estos
actos y ha fomentado, por lo mismo, que sigan ocurriendo, cobijados
por la impunidad. Lo que es intolerable es penalizar a las víctimas,
responsabilizándolas por sus horarios de trabajo, su condición
social, su manera de comportarse o de vestir. La Convención para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belem Do Pará), que fue ratificada por México el 12
de noviembre de 1998, estipula muy bien qué se entiende por violencia
contra la mujer. De su artículo 2 puede concluirse la directa
responsabilidad que tiene el Estado en la violencia hacia las mujeres
en Ciudad Juárez, por tolerar los asesinatos, que desde 1993
suman ya más de 250.
El ambiente de corrupción, tráfico y consumo de drogas,
violencia e injusticia social, traslado ilegal de personas, ineptitud
policiaca, investigaciones que nunca dan resultados satisfactorios,
cientos de irregularidades en la integración de expedientes,
pruebas que son desechadas, testimonios que no han querido ser escuchados,
han alejado la posibilidad de justicia, que parece nunca llegará
para las víctimas y sus familiares, que se han encontrado en
la más completa indefensión. Ello explica la "decepción"
y la "congoja" de Marta Altolaguirre, relatora sobre los Derechos
de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), al abandonar el país el pasado jueves, luego de tres
días de visita, en los que se entrevistó con autoridades,
familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos.
El sistema interamericano de protección de las garantías
individuales ha sido una herramienta fundamental para lograr avances
concretos en la materia en México. Su visita abre un proceso
de seguimiento de esta situación en la CIDH, en el que participarán
organizaciones no gubernamentales y el Estado mexicano, que puede contribuir
a revertirla y al restablecimiento del estado de derecho en aquella
ciudad. El que las ONG hayan tenido la iniciativa, aceptada por el gobierno
federal, de acudir a ella, no debe entenderse como si a nivel interno
ya no hay nada que pueda hacerse. Todo lo contrario. La cooperación
con la CIDH se plantea como un esfuerzo para fortalecer las instituciones
nacionales, con el fin de que sean éstas las que sean capaces
de investigar y castigar a quienes resulten responsables, y garantizar
plena seguridad y respeto hacia las mujeres de Ciudad Juárez
y de todo el país. Es por ello indispensable que el Estado mexicano
en su conjunto ponga especial atención a esta situación
y tome las medidas necesarias para que se detenga y evite que vuelva
a ocurrir. *
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