Editorial
Augusto Pinochet: exasperante impunidad
La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile anuló ayer el juicio llevado por el juez (ahora retirado) Juan Guzmán contra Augusto Pinochet por el asesinato y la desaparición de opositores en el contexto de la infame Operación Cóndor, mecanismo de coordinación establecido en los años 70 y 80 por las dictaduras militares de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) para exterminar a disidentes políticos. En un fallo formalmente independiente del anterior, pero políticamente vinculado, la misma instancia judicial despojó al ex dictador de su fuero para que pueda ser procesado por una serie de delitos financieros: evasión tributaria, falsedades en su declaración patrimonial y quebrantamiento de las medidas cautelares sobre sus bienes. La anulación de los delitos de los que fue declarado culpable por Guzmán se justificó con el argumento de que el imputado "carece de aptitud para ser sujeto pasivo de un proceso penal, debiendo el tribunal dictar la resolución de sobreseimiento". Paradójicamente Pinochet sí fue considerado apto pese a su estado de salud, sin duda deteriorado para ser juzgado por sus trapacerías fiscales.
El abogado Eduardo Contreras, representante de los deudos de las víctimas de la dictadura pinochetista, resumió de esta manera semejante incoherencia: "A los jueces no les parece permisible que Pinochet sea un ladrón, pero no les importa que sea un asesino", dijo, y agregó que, según la lógica de la instancia judicial, "millones de dólares valen mucho más que la sangre de los chilenos que cayeron en la Operación Cóndor". En efecto, esta "salida" de la justicia chilena recuerda el comportamiento de la estadunidense ante Al Capone, quien fue encarcelado por raterías fiscales menores y permaneció impune hasta el final de su vida por sus múltiples asesinatos.
Cierto, el fallo absolutorio referido que, para mayor gravedad, alcanza también al ex ministro pinochetista del Interior César Raúl Benavides, general actualmente en retiro es aún apelable ante la Corte Suprema de Justicia, pero el trámite será largo, acaso más prolongado que el ciclo vital del ex tirano, y nada asegura que el máximo tribunal autorice un nuevo encauzamiento legal por los homicidios de opositores políticos.
El combate y el castigo a los delitos de cuello blanco, particularmente los cometidos por gobernantes y ex gobernantes, es sin duda una asignatura importante en toda América Latina en México, para empezar, pero la impunidad otorgada por vía judicial a los violadores sistemáticos de derechos humanos es un agravio tan persistente como intolerable que pudre las raíces de cualquier institucionalidad democrática y de cualquier proyecto de convivencia pacífica y civilizada. Respecto a Pinochet, no viene al caso reclamar una impartición inhumana de justicia que se ensañara con un anciano que padece enfermedades múltiples, sino exigir el pleno esclarecimiento legal de los crímenes de Estado que cometieron el ex tirano y sus secuaces y sentar un precedente para que tales atrocidades no vuelvan a perpetrarse nunca más. En tanto no se logren esas medidas y no se despeje la duda de los encubrimientos oficiales para con los asesinos del pasado en México, en Chile y en el resto de las naciones latinoamericanas, la normalidad democrática regional será, en buena medida, mera simulación.