Saluda la disposición del gobierno de Guerrero de crear una fiscalía especial
Apoya ONG alemana esfuerzos para acabar con la violencia en Petatlán
Pide se limite la actuación de las fuerzas armadas, pues la región ya está altamente militarizada
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos (CADH) manifestó su apoyo a la disposición del gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, de reformar profundamente las estructuras del Estado para acabar con la violencia reinante en la sierra de Petatlán y en toda la entidad, así como a su disposición de crear una fiscalía especial que investigue los asesinatos, incluyendo los que se han dado contra ecologistas desde 1998, si bien señaló que es necesario que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ''participe en la coadyuvancia'' y le solicitó que ''limite la actuación de las fuerzas armadas al mínimo, pues la región ya está altamente militarizada''.
En la segunda misiva enviada al gobernador guerrerense en poco más de mes y medio -la primera fue el 22 de abril-, Teresa Avila Rivera, coordinadora de dicha red, le manifiesta que se encuentran '''aterrados por el sangriento atentado a la familia Peñalosa'' y le reiteran su certeza de la inocencia del ecologista Felipe Arreaga, preso en la cárcel de Zihuatanejo acusado de homicidio. ''Partimos de que es un hecho que el escandaloso proceso en contra de Felipe Arreaga será resuelto a su favor y las órdenes de aprehensión en contra de los otros 14 campesinos ecologistas pronto serán suspendidas, debido a que ha quedado comprobado claramente que se trata de acusaciones falsas y fabricadas''.
Le indican a Torreblanca que comparten su opinión de que los conflictos en esta región no podrán resolverse ''sin combatir a los cacicazgos. Esperamos que tenga éxito en desmantelar a los caciques que contratan pistoleros para imponer sus intereses y en romper con la complicidad que tienen éstos con casi todas las esferas de poder. No es de extrañar que la población, también en el caso de esta emboscada, tenga poca inclinación a cooperar con el Ministerio Público, al cual desde hace años ha venido registrando como parte de esta complicidad. Recordamos los asesinatos de los campesinos ecologistas Jesús y Sergio Cabrera González, cometidos en la misma región el 3 de octubre de 1998 y el 20 de febrero de 2000, respectivamente, los cuales no han sido debidamente investigados aun cuando los autores de estos crímenes están plenamente identificados''.
Saludan por ello la disposición de que una fiscalía especial investigue los asesinatos y de que dicha investigación sea extendida a los procesos que se han dado en contra de los campesinos ecologistas desde 1998, ''es decir, también a los casos de los presos en Acapulco y de quienes tienen órdenes de aprehensión. Para ganar nuevamente la confianza de la población consideramos que es necesario, por un lado, nombrar a una persona íntegra y reconocida como fiscal especial, y por otro, que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan participe en la coadyuvancia. Este centro realiza un excelente trabajo de defensa de los derechos humanos y goza de reconocimiento nacional e internacional por la defensa de Felipe Arreaga Sánchez'', afirman.
Comentan lo manifestado por el propio Torreblanca en el sentido de que ''no defenderá a caciques, pero tampoco a ecologistas fundamentalistas'', y afirman: ''El conflicto entre la defensa del bosque y su explotación nos parece meramente aparente y no vemos que hayan jugado un papel en el mismo posiciones ideológico-fundamentalistas. Si se considera que en nueve años se deforestó 40 por ciento de los bosques del estado, hay que reconocer los méritos de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, así como de la Organización de Mujeres Ecologistas, en su trabajo por la perpetuación de los ecosistemas''.
Añaden que ambas organizaciones han defendido además el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano y han sembrado en la población una mentalidad ecologista. Por otro lado dicen que ''ya es hora de que haya un cambio de curso en las políticas de las autoridades del medio ambiente, quienes en el pasado no han cumplido como corresponde con la tarea de cuidar los bosques. El Estado no puede limitarse a cumplir una función de mediación entre las dos partes en el conflicto. El es sobre todo el que tiene la responsabilidad de proteger a quienes defienden los derechos humanos, como se estipula en las resoluciones de la ONU del 9 de diciembre de1998 y del 20 de febrero de 2002'', puntualizan.
Respecto de las intervenciones del Ejército Mexicano, le expresan su ''rotundo escepticismo'', aunque éstas tengan como fin acabar con los actos de violencia y los incendios provocados. ''Le pedimos por este motivo que limite la actuación de las fuerzas armadas al mínimo, pues la región ya está altamente militarizada. Como se ha podido constatar en los casos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, entre otros, el Ejército está involucrado en redes de complicidad con quienes ejercen el poder en la región'', afirman.
Le solicitan también a Torreblanca Galindo que ''asegure de manera adecuada el apoyo del Estado a las iniciativas propias de las dos organizaciones ecologistas antes citadas, sobre todo para la construcción de infraestructura, para la reforestación y para proyectos de mejora de la situación alimentaria''.