Usted está aquí: jueves 9 de junio de 2005 Política Vergonzoso, si la Corte dictaminara contra la apelación de la Femospp

El Comité 68 y juristas esperan un fallo histórico en favor del derecho a la justicia

Vergonzoso, si la Corte dictaminara contra la apelación de la Femospp

Tiene elementos suficientes para establecer la imprescriptibilidad del genocidio, afirman

LAURA POY SOLANO

Integrantes del Comité 68 y defensores de derechos humanos afirmaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe emitir un fallo "histórico" en favor del derecho a la justicia y contra la impunidad de los crímenes cometidos por el Estado mexicano, pues de lo contrario "no sólo se otorgaría una sentencia vergonzosa, también se vulneraría el proceso de transición democrática y con ello el estado de derecho y una verdadera democracia".

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto en julio de 2004 ante la SCJN por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), aún está vigente el plazo legal para fincar responsabilidades a los presuntos responsables de la matanza ocurrida el 10 de junio de 1971, "ya que en el momento de los hechos estaba vigente una serie de tratados internacionales que establecían como imprescriptibles los delitos de lesa humanidad".

Raúl Alvarez Garín y Jesús Martín del Campo, integrantes del Comité 68, señalaron que la obligación de un país que inicia un proceso de democratización es "aplicar la justicia en la revisión de su pasado represor y autoritario", en el que se utilizó la estructura del Estado para eliminar cualquier disidencia y atacar a los líderes estudiantiles de forma sistemática y continuada con el apoyo de elementos de las fuerzas armadas y cuerpos policiacos.

Afirmaron que el análisis que presente la SCJN sobre la apelación a la imprescriptibilidad del delito de genocidio, en el caso de los hechos del jueves de Corpus de 1971, "debe ser exhaustivo y responder a los cuatro argumentos impugnatorios presentados por la Femospp, pues hasta la fecha no se ha declarado infundado ninguno de ellos".

Martín del Campo insistió en que los magistrados tienen elementos jurídicos suficientes para establecer un fallo favorable y permitir que se lleve ante la justicia a los responsables "de estos crímenes de lesa humanidad, organizados desde el Estado y perpetrados con toda impunidad", pues de lo contrario "estaríamos certificando que la democracia y el acceso a la justicia en México es inexistente, además de generar una profunda vergüenza nacional".

En entrevista por separado, Alvarez Garín consideró "absurdo" que la SCJN busque "evadir su responsabilidad" invocando la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, en vigor en México desde junio de 2002, cuando el espíritu de su creación fue "reafirmar lo establecido en pactos internacionales anteriores sobre la imprescriptibilidad de estos delitos y la aplicación universal de los principios de ius cogens, los cuales son innegociables e imperativos para todas las naciones".

Al respecto, Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, destacó que sería "vergonzoso" que la SCJN presente un fallo desfavorable al recurso de apelación, ante la obligación del Estado de establecer una tutela jurídica eficiente, respetuosa de los principios internacionales de ius cogens, pues de lo contrario sería necesario acudir a instancias internacionales de defensa de los derechos humanos debido a una "evidente denegación de la justicia".

Indicó que la sentencia que emita la Corte será de "suma trascendencia, no sólo para garantizar la consolidación del proceso de transición democrática que vive el país, sino que será un referente para la opinión pública internacional, que observará atentamente si México tiene capacidad de revisar su pasado represor y aplicar el derecho a la justicia".

Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, llamó a los magistrados a apegarse a una decisión que incluya tanto los preceptos de la normatividad internacional como nacional, "en una abierta disposición a encarar los crímenes del pasado con un amplio criterio de la justicia y de la lucha contra la impunidad".

 
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