El miedo se apoderó de la gente que vive en las calles de esa ciudad fronteriza, pero las autoridades no han detenido a nadie. Por las características de los asesinatos, se sospecha que podrían ser obra de un escuadrón de exterminio de indigentes.

Con 225 personas asesinadas en esa ciudad en lo que va del año (la mayoría relacionadas con el narcotráfico), salvo la policía, casi nadie pareció notar estos crímenes. Menos aún porque varios de ellos no han sido identificados, pues carecen de nombre y no tienen familia que reclame sus cuerpos. El único recuerdo que hay de ellos es un pequeño altar con imágenes religiosas y flores de plástico que levantaron en la avenida Internacional sus compañeros de calle; otros como ellos, indigentes.

La Procuraduría estatal investiga estos asesinatos de "vagabundos". Entre los indigentes ha cundido la alarma y ya buscan cómo protegerse ante nuevas agresiones. El diario El Universal dio a conocer el testimonio de Simón, un oaxaqueño que llegó a la ciudad hace seis meses para cruzar a Estados Unidos, y al no poder hacerlo se sumó a los vagabundos de la frontera, señaló: "Dicen que son personas que nos quieren espantar, que ya no quieren que estemos dando mala imagen en este lugar, siempre ha habido redadas, pero ahora nos están matando". (El Universal, 30/05/05).

El caso de Tijuana dista de ser el único. Hace dos semanas un grupo de juniors en Fresnillo, Zacatecas mató al indigente, Javier González, El Cobijas al arrojarle gasolina y prenderle fuego, después de propinarle una golpiza. El crimen involucra a siete jóvenes hijos de ricos empresarios y comerciantes, a una sobrina del senador José Bonilla y a un sobrino del subprocurador de Fresnillo, Francisco Javier Martínez. Su diversión nocturna, declararon los involucrados, era golpear indigentes.

Al ser las víctimas personas de la escala social más baja, a nadie parece importarle lo que les ocurra, por lo que no existe registro de asesinatos similares o de agresiones. Quizá la única excepción ha sido en Guadalajara, donde en los años noventa una persona se dedicó a aniquilar a más de una decena de indigentes, lo que se volvió un escándalo en la perla tapatía y obligó a las autoridades a detener al responsable.

Pero ¿qué tienen en común estos crímenes?

En América Latina, donde moran en la calle millones de personas, cada año se registran miles de asesinatos de vagabundos, niños de la calle, prostitutas y homosexuales.

En su informe sobre ejecuciones extrajudiciales de 2004, Asma Jahangir, relatora de la ONU, mencionó casos de ejecuciones a niños de barrios pobres en Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras y Jamaica (señaló que no son los únicos países).

Brasil y Colombia encabezan las estadísticas de este tipo de delitos que involucran a policías, paramilitares y narcotraficantes.

En Colombia se registran cada año más de 300 asesinatos de gente que vive en la calle, la mayoría perpetrados por policías y paramilitares. En Brasil existen escuadrones de la muerte integrados por policías que cometen numerosos crímenes contra indigentes en las favelas de Río de Janeiro y de Sao Paulo. El 31 de marzo pasado, 11 policías asesinaron a 30 personas en dos barriadas de Río (sólo dos de las víctimas tenían antecedentes penales y cinco eran adolecentes). Los policías llegaron disparando a un bar y luego se dirigieron a otro barrio donde mataron a 12 personas indiscriminadamente. Este tipo de crímenes alcanzaron resonancia a nivel internacional cuando estos escuadrones mataron a 21 personas en la favela de Vigario Geral en 1993, además de ocho niños que dormían en el atrio de una iglesia en el centro de Río. En Sao Paulo el año pasado hubo una oleada de crímenes contra indigentes cometidos por policías vinculados a grupos neonazis.

Actualmente, la justicia brasileña ha procesado a algunos de los implicados, lo que no ocurre en otros países.

En Venezuela, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, en su informe 2003-2004, documenta 201 ejecuciones en ese periodo (87% a manos de cuerpos policiacos), la mayoría de ellos de jóvenes menores de 24 años, pobres y negros de barrios populares. 50 de las víctimas eran niños y adolescentes.

En la mayor parte de los casos, las víctimas son delincuentes, niños de la calle y vagabundos (sólo en Caracas en lo que va del año han sido asesinados 11 indigentes).

Residuos humanos

Los casos de violencia registrados en México contra indigentes y niños de la calle van en aumento. Existe el riesgo de que, protegidos por la creciente violencia y la impunidad, se repitan otros casos de ejecuciones y asesinatos a la gente que vive en la calle.

Actualmente, en el país hay más de 100 mil personas que residen en la calle, dos terceras partes de las cuales son niños. Las golpizas a vagabundos o indigentes son cotidianas (la mayoría propinadas por policías).

En el caso de los crímenes, los autores de esta "limpieza social", como le denominan los colombianos, justifican sus acciones con la ética del progreso, pues consideran que se trata de gente improductiva que, además de "afear" las ciudades, sólo causan problemas. "Como no sirven para nada ­piensan­, lo mejor es exterminarlos".

Esta lógica dista de ser una conducta criminal excepcional. Como señala el reconocido sociólogo polaco, Zygmunt Bauman, el capitalismo global crea sus propios residuos humanos, "los no productivos", "los excluidos". "La producción directa de cuerpos superfluos, ya no requeridos para el trabajo, es una consecuencia directa de la globalización", señala en su libro más reciente, Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias (Paidós, 2005). Parafraseando a Bauman, la justificación ética de estos crímenes se centra en el hecho de que las víctimas no son personas productivas, sino "inútiles" a la sociedad de consumo, por tanto "desechables", sobrantes.

Despojados de toda dignidad, arrojados a los márgenes de la sociedad, miles intentan sobrevivir en lotes baldíos, parques, calles, autos abandonados o en alcantarillas. Los mismos que, según el plan "Tolerancia Cero" propuesto por Giuliani para el DF, deben ser erradicados de los espacios públicos y, una vez "criminalizada" su existencia, se vuelven víctimas de abusos de la policía y de quienes los desprecian en todo el país.

La condición de ser un desechable crece al ritmo del progreso, por eso advertir de las conductas que abogan por su exterminio puede evitar un camino sin retorno.