La SCJN convertirá al país en "paraíso de genocidas", denuncia Alvarez Garín
Cuestiona el Comité 68 la "estrategia legaloide"
Integrantes del Comité 68 pro Libertades Democráticas calificaron de "estrategia legaloide" la decisión de los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes señalaron que el delito de genocidio sí prescribe, lo que permite que los autores materiales de la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971 "queden exonerados y sólo se establezca la posibilidad de llevar ante la justicia al ex presidente Luis Echeverría Alvarez y a Mario Moya Palencia, ex secretario de Gobernación, quienes disfrutaban de fuero federal en el momento de los hechos".
Luego de conocerse la decisión de los ministros de la SCJN en torno al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Raúl Alvarez Garín, integrante del Comité 68, consideró que las argumentaciones jurídicas presentadas por los magistrados "son falsas y atentan contra el derecho internacional" y la aplicación de la justicia en México. "Con esta decisión nuestro país se convertirá en un paraíso de genocidas, pues se ratificó que este delito sí prescribe, contraviniendo principios de justicia universal que amparan a todos los ciudadanos", agregó.
Desde las primeras horas de la mañana varios integrantes del Comité 68 se dieron cita a las afueras de la sede de SCJN para exigir castigo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, que la justicia no se politice y se lleve ante la ley a todos los altos funcionarios responsables del halconazo y la guerra sucia. Con la presencia de Leopoldo Ayala, Ana Ignacia Guevara, Fausto Trejo y otros integrantes del movimiento histórico de 1968, los manifestantes reiteraron su condena ante el fallo de la Corte, ya que "no garantiza ni la justicia ni el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la verdad histórica".
En entrevista por separado, Jesús Martín del Campo afirmó que con esta decisión la Corte "obstaculiza la impartición de justicia, pues no será posible presentar como pruebas muchos de los indicios que señalaban la responsabilidad de los autores materiales, ya que éstos fueron exonerados de toda responsabilidad a pesar de que existen suficientes pruebas inculpatorias que demuestran su responsabilidad".
Reconoció que tras la decisión del máximo tribunal de devolver el expediente ante el juez, con el que se abrió la causa penal, "se nos presenta un escenario muy complejo para poder acreditar el delito de genocidio y que el juez pueda girar las órdenes de aprehensión contra Echeverría Alvarez y Moya Palencia".
No obstante, reiteró que continuarán exigiendo la aplicación de la justicia y la sanción a los responsables, por lo que indicó que de no encontrar una oportunidad de juzgar conforme a derecho estos crímenes de lesa humanidad, acudirán a las instancias internacionales pertinentes para establecer la responsabilidad del Estado mexicano por esos hechos y por la impunidad "con que aún se protege a estos delincuentes".
Al respecto, Alvarez Garín exhortó a la sociedad civil a mantenerse atenta y dispuesta a participar en diversas movilizaciones que impidan "nuevas tretas legaloides con las que se busca evadir la acción de la justicia y favorecer un clima de impunidad que deje sin sanción a quienes participaron en esos crímenes".
Aseguró que con esta decisión México violenta principios universales del derecho internacional, únicas garantías, afirmó, que protegen a los ciudadanos de los abusos y la presión del Estado, los cuales bajo ninguna consideración pueden ser soslayados o suprimidos en un debate que involucra la justicia no sólo para las víctimas y sus familiares, sino para la sociedad en su conjunto".
Por otra parte, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) consideraron que la decisión que tomó la Suprema Corte "abre la puerta a que continúe la impunidad en el país" y representa el riesgo de que en la investigación de la matanza estudiantil de 1968 se diga que también "ya prescribió la responsabilidad".
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos; David Velazco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Eréndira Cruz Villegas, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), y Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacaron que con este criterio el gobierno mexicano está "en falta" con la legislación internacional que ha signado, en la que se reconoce que el genocidio es imprescriptible.
México se aparta del camino de hacer justicia ante esos crímenes, perpetúa la impunidad y pone obstáculos para que se conozca la verdad histórica de esos hechos, manifestaron los dirigentes.
"Se trató de quedar bien con todos"
Cortez aseveró que el fallo es "de lo más conservador", y con ello niega el reconocimiento a la legislación internacional, que sostiene que el genocidio "es imprescriptible". También, aseguró, "se trata de una decisión salomónica para quedar bien con todos".
La resolución "tiene un claro límite". En el caso de la matanza estudiantil de 1971, la Corte fijó prescripción al delito de genocidio y recorrió el plazo, es decir, en lugar de que empiece a contar en 1971, lo recorre cinco años, aduciendo que el ex presidente Luis Echeverría y su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, tenían fuero; "pero lo que los ministros no hicieron fue establecer que no había condiciones estructurales para que hubieran sido juzgados".
Esto, señaló Cortez, preocupa mucho, porque significa que en el caso de la matanza de Tlatelolco también se podrá decir que "ya prescribió la responsabilidad", y con ello se continúa con la impunidad para el Ejército, ya que " los militares no tienen fuero, y entonces su prescripción empezaría a correr desde el momento en que ocurrieron los hechos".
Eréndira Cruz, directora de Cencos, destacó que la decisión de la Corte pone en evidencia las contradicciones de la legislación, y no considera los estándares internacionales en derechos humanos pese a que el país ha firmado protocolos y convenciones internacionales en los que se reconoce la imprescriptibilidad del delito de genocidio.
La SCJN ratificó la impunidad para los crímenes, ya que con este criterio los funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos no serán sancionados ni habrá justicia, resaltaron las ONG.