Senadores y empresarios avalan fallo de la Corte sobre el caso Echeverría
Presidencia y GDF confían en que se castigue a responsables del halconazo
Fernández de Cevallos critica a grupos de izquierda que justifican delitos de la guerrilla
La Presidencia de la República y el Gobierno del Distrito Federal, así como senadores y dirigentes empresariales, avalaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que consideró procedente ejercer acción penal contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y el ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y manifestaron su confianza en que se hará justicia y serán castigados los responsables de la matanza estudiantil ocurrida el 10 de julio de 1971.
No obstante, en la Cámara de Senadores legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron que este proceso no se convierta en "cacería de brujas" ni se use con fines electorales la resolución de la Suprema Corte.
El vocero de Los Pinos, Rubén Aguilar, manifestó que el presidente Vicente Fox será respetuoso de lo que decidan los jueces y tribunales acerca de las acusaciones contra Echeverría Alvarez y Moya Palencia, aunque confió en que las autoridades harán justicia a las víctimas de los hechos conocidos como el halconazo.
Dijo que Fox tiene un firme compromiso con la verdad histórica y con la justicia, razón por la cual creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la cual está por presentar los resultados de las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 y en la guerra sucia.
En tanto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, expresó que lo ocurrido el 10 de julio de 1971 no debe quedar impune; "creo que debe castigarse todo lo relacionado con actos autoritarios, sobre todo debe castigarse a los responsables de la represión estudiantil, de los asesinatos de estudiantes; ahí no debe haber impunidad".
No obstante que consideró significativa la decisión de la SCJN, se negó a opinar sobre la decisión de que prescribió el delito de genocidio que pesaba sobre otros nueve acusados por el mismo hecho, entre ellos los ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.
Investigación a fondo, pide la IP
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Luis Barraza, dijo que las investigaciones deben llegar al fondo y no debe tolerarse la impunidad, porque en todo momento debe garantizarse la plena vigencia del estado de derecho.
Por su parte, Adrián Rivera, secretario de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, lamentó que los ministros mexicanos no hayan seguido el ejemplo de sus homólogos argentinos, y exigió que se sancione a los implicados en el halconazo, "aunque sea de manera simbólica".
A su vez, el senador Carlos Rojas consideró que el PRI debe exigir que prevalezca la ley y que la decisión de la Corte no vaya a ser pretexto para "iniciar nuevas persecuciones contra otros personajes". La revisión de hechos que se dieron en el pasado "es una demanda ciudadana" y "esas cosas se dirimen en el terreno de la ley y no hay más que hacerlo de esa manera", agregó.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Sadot Sánchez, comentó que sería muy lamentable que otros partidos políticos trataran de buscar, mediante los expedientes penales, una rentabilidad electoral "que no han logrado en las urnas".
La resolución de la SCJN, insistió, debe acatarse en todos sus términos y lleva a dos conclusiones: "que no hay intocables, que independientemente de responsabilidades políticas o de la importancia de los apellidos todos deben ser sometidos al régimen de derecho, y, la segunda, que no hay impunidad".
El panista Diego Fernández de Cevallos comentó que aunque no puede equipararse la responsabilidad de personas o de grupos frente a la de funcionarios públicos, no le parece justa la visión de grupos de izquierda sobre la justicia, los cuales "no tienen empacho" en justificar la "cantidad enorme de delitos que cometieron muchos guerrilleros y sublevados", que luego se beneficiaron de la amnistía.
Claudia Herrera, Angel Bolaños, Andrea Becerril y David Zúñiga