Editorial
Lula: el desgaste del poder
La crisis política que sacude a Brasil obedece a una diversidad de factores en los ámbitos institucional, social, económico y, posiblemente, también judicial. En este sentido, la reciente caída del jefe del gabinete presidencial, José Dirceu, y la ramificación de escándalos por sobornos que afectan principalmente al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), pero también a otros institutos políticos de la coalición de gobierno y de la oposición, es sólo el más reciente episodio de un proceso de desgaste político que comenzó poco después de que el actual mandatario, Luiz Inacio Lula da Silva, ex obrero metalúrgico y fundador del PT, tomara posesión del cargo, en enero de 2003.
Los primeros problemas para Lula da Silva no procedieron de los sectores oligárquicos del enorme país sudamericano ni del ámbito financiero internacional, como habría cabido esperar en el primer gobierno de izquierda, sino de sectores agrarios, sindicales y políticos algunos de ellos en el propio PT que en su momento respaldaron la cuarta campaña electoral del actual presidente y generaron expectativas tan vastas como poco realistas de transformaciones sociales inmediatas. Esos grupos muy pronto empezaron a chocar con los intentos de Lula por compatibilizar las anheladas reformas con la preservación de la política económica hasta entonces imperante, es decir, la neoliberal. Si bien esos disensos no inciden de manera directa en la génesis de la actual crisis, y por más que los inconformes de la izquierda anuncien en el momento presente movilizaciones en defensa de la estabilidad gubernamental (y en demanda, también, de un viraje en la estrategia económica), constituyen el primer factor de debilitamiento político de la actual administración brasileña.
Un punto que no debe ser soslayado es la descomposición que ha generado el ejercicio del poder en el propio PT, un fenómeno difícilmente evitable por las fuerzas políticas alternativas que acceden al gobierno, ya sea en Brasil o en cualquier otro país. Ciertamente, la corrupción en las instituciones brasileñas, mediana en el contexto latinoamericano, no fue inventada por el gobierno de Lula, sino que tiene mucha historia. Es significativo que una ligera mayoría de los brasileños piense que el fenómeno se ha reducido en comparación con los niveles que alcanzó durante el gobierno del antecesor de Lula, el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso. Pero sería absurdo ignorar que no todos los cuadros del PT convertidos en funcionarios han podido resistir a la tentación de enriquecerse con dineros públicos o de usarlos de manera indebida.
En el caso específico de Dirceu, las imputaciones en su contra están siendo analizadas por instancias legislativas y judiciales, y sería improcedente descartarlas o darlas por buenas sin disponer de elementos. Pero, sean ciertas o no tales acusaciones, el hecho es que la oposición política y los sectores oligárquicos han hallado en ellas un punto de articulación para impugnar al gobierno de Lula en su conjunto y buscar el fin anticipado de su gestión.
Ante esta acumulación de circunstancias adversas, el mandatario brasileño ha respondido con lentitud y con arrogancia, y no fue sino hasta ayer que corrigió el camino, admitió el tránsito de su gobierno por "momentos críticos" y expresó su compromiso de investigar y sancionar con "toda la fuerza de la ley" los presuntos actos de corrupción cometidos por algunos de sus colaboradores cercanos.
Más allá del contexto brasileño, los hechos comentados ponen de manifiesto las dificultades que deben enfrentar, en todos los ámbitos, los proyectos alternativos que han llegado al poder en diversos países de América Latina, y deben ser tomados en cuenta por los sectores políticos que aspiran a emprender, desde el gobierno, las transformaciones sociales, las rectificaciones económicas y los saneamientos institucionales que son, sin duda, urgentes en la mayoría de las naciones de la región.