Jonathan Wheatley, Sao Paulo

Una de las prioridades de Luiz Inacio Lula da Silva como presidente de Brasil ha sido aumentar la inversión en infraestructura física del país. Por consiguiente, uno de sus mayores logros ha consistido en la aprobación a finales de 2004 de una ley que permite al gobierno federal participar en sociedades conjuntas de los sectores público y privado (SPP).

En ese momento el gobierno describió la ley como "instrumento fundamental para asegurar la inversión en puertos, carreteras y ferrocarriles que son necesarios para fomentar el crecimiento de la economía brasileña". Puede ser que esas inversiones sean atraídas; pero es menos probable que esto constituya la panacea que muchos parecen esperar. Casi seis meses después de que Lula firmó la nueva ley, no se advierte que vaya tener un efecto apreciable antes de que termine su mandato de cuatro años, al final de 2006.

La necesidad de inversiones en infraestructura física es enorme. Los grandes productores de soya en el centro de Brasil, por ejemplo, son los más eficientes del mundo, pero pierden ante sus competidores de Estados Unidos o de la vecina Argentina debido a los pobres estándares de la infraestructura de transporte. Se requieren inversiones en caminos, trenes y vías acuáticas para encarar esta situación.

Estos son exactamente el tipo de proyectos para los que las SPP están diseñadas. Las sociedades conjuntas de los sectores público y privado tienen dos ventajas, dijo Rafael Schechtman, del Centro Brasileño para la Infraestructura (CBIE), empresa consultora de Río de Janeiro. "Ellas reducen la cantidad de recursos públicos requerida para construir proyectos de infraestructura y al integrar al sector privado ofrecen la posibilidad de más altos estándares de construcción y de gestión."

En algunos estados y municipios ya operan SPP bajo legislaciones locales. Entre los ejemplos mejor conocidos está la Linha Amarela, carretera que cruza la ciudad de Río de Janeiro. Fue construida en 1997 con dinero público y privado y es administrada mediante la concesión a inversionistas privados.

Muchos otros servicios públicos en Brasil están concesionados, desde carreteras hasta telecomunicaciones y electricidad. Pero la infraestructura correspondiente fue construida con recursos públicos antes de que se asignaran las concesiones, generalmente como parte de las privatizaciones. La diferencia con las SPP es que éstas cubren proyectos con inversiones originales.

No resulta práctico para los inversionistas privados construir carreteras en condiciones estándar de concesiones, ya que para alcanzar un rendimiento suficiente en un periodo razonable, unos 10 años, tendrían que cobrar peajes sumamente altos. Con el sector público proveyendo parte de la inversión inicial, los proyectos se vuelven atractivos para los empresarios privados.

Pero las SPP tienen un horizonte limitado. No ofrecen, por ejemplo, solución a la fuerte necesidad de inversión en el sector eléctrico. En principio, los proyectos como los de las estaciones de generación eléctrica son rentables en un periodo suficientemente corto y no necesitan de la inversión pública. Pero Brasil podría enfrentar la escasez de electricidad en unos cuantos años, pues los inversionistas no quieren correr el riesgo que representa la incertidumbre económica y reglamentaria.

"La ley de las SPP no hace nada por resolver los riesgos reglamentarios, judiciales o ambientales que enfrentan las inversiones privadas", dijo Armando Castelar del Instituto de Investigación en Economía Aplicada (IPEA), centro de estudios de Río de Janeiro con vínculos con el gobierno. Citó el caso de las concesiones carreteras en el estado de Paraná, donde los contratos fueron cuestionados luego de un cambio de gobierno estatal. "Donde los gobiernos cambian, cambian las reglas", agregó.

No obstante, Castelar dijo que las SPP son buena idea que, aunque no resolverán por sí solas las dificultades de la infraestructura brasileña, sí ofrecen una alternativa inteligente para uso local. "Es más fácil para los operadores privados de concesiones de transporte cobrar las tarifas requeridas que para el sector público, que enfrentar presiones políticas para mantenerlas bajas."

Así, las primeras inversiones marcadas por el gobierno como SPP son para proyectos de transporte. Incluyen el esperado ferrocarril de norte a sur, las secciones de la carretera norte-este, un anillo alrededor de Río de Janeiro y un tren en torno a Sao Paulo.

Infortunadamente, aun estos proyectos pueden tomar largo tiempo para comenzar. Paulo Bernardo, ministro de Planeación, recién advirtió que los proyectos de SPP pueden ser viables sólo hasta 2007, después de que el actual gobierno acabe su mandato en 2006.

La razón es que mientras la ley de las SPP ya está lista, su uso depende de la reglamentación suplementaria y de que exista un fondo de garantía que asegure a los inversionistas privados que el gobierno mantendrá sus compromisos. Bernardo señaló que podría no haber suficiente tiempo para dejar todos estos elementos en su lugar antes de que el Congreso y buena parte del sistema gubernamental se vaya deteniendo hacia abril del año entrante, cuando toda la atención se centrará en las elecciones generales de octubre.

Cualquiera que sea el posible efecto positivo de las SPP para la infraestructura y el crecimiento económico de Brasil, el beneficio se advertirá en el próximo gobierno  §