Lanza el magistrado plan para reducir 90% los gastos del Estado en extradiciones
No cualquier matanza de personas constituye genocidio: Luna Altamirano
El magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano responde categórico a la pregunta de si en México cualquier matanza de un grupo de personas puede considerarse un acto de genocidio: "Por supuesto que no. Para que en términos generales se tipifique ese delito de lesa humanidad, se requiere la extinción de un género humano, de una etnia, grupo racial, nacional o religioso. El hecho de que alguien mate a unas 10, 20 o 30 personas no significa que su conducta necesariamente vaya encaminada a exterminar a uno de esos grupos, sino que puede tratarse de un acto de intimidación contra unos cuantos, tal vez con exceso de violencia".
Aclara que en los casos específicos de las matanzas del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971 está impedido para hacer pronunciamientos, porque "no conozco las constancias ministeriales" y debido a que "no puedo prejuzgar" sobre temas que después podría tocarle analizar como juzgador. Puntualiza: "para mí los delitos de lesa humanidad deben ser imprescriptibles hoy y siempre".
Juzgador que se ha caracterizado por estar abierto al escrutinio público, el titular del tercer tribunal unitario del Distrito Federal habla con La Jornada sobre un tema central: las extradiciones y su propuesta de reforma en esa materia, base de su reciente publicación La extradición en México y otros países.
Para Luna Altamirano, quien en 2001 avaló el envío del argentino Ricardo Miguel Cavallo a España, donde es juzgado por el delito de genocidio, "es indispensable homologar todos los tratados bilaterales y multilaterales en uno general de extradición, y eliminar diversos candados, porque necesitamos extradiciones rápidas y que sean menos costosas económicamente para los países a los que se solicite una persona". De aprobarse su iniciativa, asegura, México ya no gastaría 54 millones 720 mil pesos cada dos años y medio, que es el promedio que se eroga por 200 extradiciones en ese periodo, según cifras del magistrado.
"El ahorro aproximado para el gobierno sería de 90.5 por ciento", puntualiza.
-¿Qué entorpece actualmente las extradiciones?
-Principios del derecho internacional, como el llamado principio de doble incriminación. Si la conducta delictiva que se atribuye al reclamado, por grave que sea, no aparece regulada como tal por el ordenamiento punitivo de la nación requerida, la extradición será rechazada por ésta.
"Y la cláusula de especialidad, que consiste en que el Estado requirente sólo podrá enjuiciar al reclamado por el o los delitos que motivaron la extradición, a pesar de que con posterioridad pudiesen llegar a aparecer otras conductas delictivas que no fueron incluidas por olvido, negligencia o por descuido al formalizarse la petición de reclamación."
-¿Algún caso específico?
-En México el delito electoral está previsto y sancionado por ley, pero en Estados Unidos existen candados para ese tipo penal. Por ejemplo, en el caso de Rogelio Montemayor lo que sucedió es que, si bien México solicitó al vecino país la extradición del ex funcionario por el delito electoral, Estados Unidos no accedió a enviarlo por ese delito y, por tanto, México no podrá, atendiendo a ese principio de doble incriminación, someterlo a juicio por delito electoral.
-¿Cuánto ahorraría México si se considera su propuesta?
-Tenemos un promedio de 200 extradiciones por año. Cada uno de esos procedimientos tarda entre dos y dos años y medio en concluir. Por día, a las autoridades gubernamentales les cuesta mantener a un recluso un promedio de 300 pesos. Si eso lo multiplicamos por dos años y medio, tenemos que el gobierno eroga un total de 273 mil 600 pesos por tener en su territorio por ese tiempo probable a un extraditable. Multiplicado por los 200 procedimientos de extradición que se tramitan aproximadamente por año, tenemos que hay un gasto del erario de 54 millones 720 mil pesos. De admitirse mi propuesta, en los dos meses que dure cada extradición se gastarían aproximadamente 18 mil pesos, por 200 extradiciones nos daría un monto cercano a los 3 millones 600 mil pesos al año. El ahorro aproximado sería de 90.5 por ciento.
-Un modelo como el que propone ¿podría afectar la soberanía de cada país?
-Ya basta de estas viejas y obsoletas ideas doctrinarias de los internacionalistas que dicen que la soberanía está por encima de todo. ¿Estará la soberanía por encima de los bienes jurídicamente tutelados por el ordenamiento penal que protegen la vida, la libertad, el honor, las propiedades y los bienes? Categóricamente digo que no.