La histórica reunión de la OEA
La reunión de la OEA celebrada del 5 al 7 de junio pasado fue histórica porque confrontó temas fundamentales de orden político, económico y militar que afectan las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Si bien las notas de los medios se enfocaron en los conflictos diplomáticos y las polémicas entre diplomáticos estadunidenses y venezolanos, hubo profundos asuntos estructurales que se pasaron por alto.
Un importante resultado de la reunión fue la abrumadora derrota de una propuesta de Washington, respaldada por el recién electo secretario general José Miguel Insulza, de establecer un mecanismo de intervención que permitiera a Estados Unidos, utilizando a la OEA, juzgar e intervenir contra cualquier régimen electo que según los intereses de Washington no actúe en forma democrática.
Progresistas, demócratas y defensores del derecho internacional expresaron beneplácito por la derrota de una medida tan injerencista. Sin embargo, poca o ninguna atención se prestó a las divisiones internas en la coalición victoriosa. Un examen más estrecho de las posiciones y los debates internos sugiere que los resultados no fueron del todo favorables en cuanto a proteger los derechos de autodeterminación.
Divisiones políticas
La propuesta estadunidense demandaba un cambio fundamental en la carta del organismo continental, el cual requería formar un "núcleo de países miembros" que "monitoreara" cada medida, ley o decreto aprobados por una legislatura o un Ejecutivo electos, e interviniera cuando considerara que tales medidas son contrarias a la democracia. La presunción es que Washington sería la fuerza dominante en ese "núcleo" y que sus intereses políticos y económicos dictarían cuáles gobiernos y medidas se considerarían "autoritarios" y qué acción adoptaría la OEA al respecto.
El primer partidario de la propuesta no fue el vocero de un país, sino el nuevo secretario general, el "socialista" chileno Insulza, arquitecto de la adopción chilena de la agenda de libre comercio de Washington. Haciéndose eco de Condoleezza Rice, Insulza habló en favor de adoptar "mecanismos para instituir la obligación de la Carta Democrática", documento que fue firmado en 2001 con el solo propósito de suscribir principios democráticos y elecciones libres. La referencia del secretario general a "mecanismos" fue entendida por todos los representantes de países como la propuesta injerencista de tutela estadunidense de regímenes e intervención contra movimientos de masa y regímenes electoralmente constituidos que sean críticos de la política estadunidense. Más que fortalecer la postura de Estados Unidos, Insulza logró desacreditar con rapidez su liderazgo en la OEA.
Hubo más o menos tres posturas contrarias a la propuesta estadunidense y su intento de convertir al organismo en instrumento de intervención. Venezuela y México adoptaron la más enérgica, rechazando todo esfuerzo de intervenir en asuntos internos de cualquier país de la región, bajo cualquier circunstancia. El embajador venezolano fue el más directo en sostener que todo cambio en el sistema político o en los métodos de gobierno es asunto del pueblo afectado. El papel de liderazgo asumido por Venezuela en la lucha contra la propuesta reflejó el hecho de que el mecanismo de "monitoreo" fue diseñado específicamente por Washington para intervenir contra la democracia venezolana y fortalecer la posición de organizaciones no gubernamentales financiadas por Estados Unidos.
La propuesta del grupo de la Comunidad Caribeña rechazó explícitamente la demanda de Condoleezza Rice de dar una "función preventiva a la OEA en casos de crisis de gobernabilidad".
El tercer y más numeroso grupo de naciones, llamado "los 11" (Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, República Dominicana, Trinidad, Surinam y Guatemala), rechazó la propuesta estadunidense de que la OEA decidiera cuándo los países necesitan "intervención" o se encuentran en "crisis de gobernabilidad". Propuso que el organismo interviniera "cuando el gobierno pidiera ayuda" y sintiera estar atravesando por tal crisis. En realidad dicho grupo trataba de combinar un margen de autonomía frente a una intervención arbitraria estadunidense con un recurso a la intervención de la OEA si el país en cuestión se enfrenta a un levantamiento popular.
Durante la reunión, movimientos sociales en gran escala en Bolivia exigían la nacionalización del gas y el petróleo y/o la renuncia del presidente Carlos Mesa. El ministro peruano del Exterior llamó a la OEA a intervenir de cara a una "crisis de gobernabilidad". El representante boliviano en la OEA afirmó la soberanía de su país subrayando que el pueblo resolvería la crisis. Mesa se vio obligado a renunciar.
También en el curso de la reunión el embajador estadunidense en Haití llamó a George W. Bush a enviar varios miles de marines a reprimir el creciente movimiento de Aristide en favor de la democracia. El ministro brasileño del Exterior, Celso Amorim, señaló que no tenía objeción a que se enviaran esas fuerzas a la isla. Entre esos 11 países está claro que si bien los gobiernos latinoamericanos se oponen al principio general de intervención estadunidense, en la práctica y en circunstancias específicas siguen la línea de Washington.
El tercer grupo que trató de "conciliar" la postura de los 11 con la de Estados Unidos constaba de Argentina, El Salvador y Honduras, y proponía un texto en que instaba al agente estadunidense Insulza a formular "recomendaciones y medidas específicas para prestar apoyo a países que lo pidan", según se infiere de la Carta Democrática firmada por la OEA en 2001. La propuesta argentina socava la defensa mexicana y venezolana de la autodeterminación, debilita la resolución de los 11 y abre la puerta al sistema de supervisión de Washington al seleccionar a Insulza como candidato.
Análisis
El representante venezolano Alí Rodríguez puso el dedo en el tema fundamental que confronta a los gobiernos latinoamericanos en la OEA: las crecientes desigualdades económicas y sociales crean extensa inquietud e inestabilidad, la cual conduce a la "crisis de gobernabilidad". Estados Unidos rehusó referirse a esos temas porque se vería obligado a confrontar el fracaso del modelo de libre mercado neoliberal, del cual sus empresas y bancos trasnacionales se han beneficiado. Para Washington el problema no era sólo el régimen progresista de Hugo Chávez, sino el amplio desafío continental al orden neoliberal, manifiesto en el derrocamiento de tres de sus clientes: Lucio Gutiérrez en Ecuador y Sánchez de Losada y Mesa en Bolivia. Washington necesita y exige una fuerza multilateral y un mandato de la OEA para castigar a los gobiernos progresistas, financiar a las ONG clientes de la "sociedad civil" y desestabilizar fuerzas contra esos mismos regímenes.
El verdadero debate fue mucho más allá de la intervención imperial contra la autodeterminación. Lo que estaba en juego son confrontaciones a escala continental entre desacreditados clientes del imperio y poderosos movimientos sociales emergentes que pretenden revolucionar el orden social. Rice hizo más que evidente que el debate no se refería a "monitorear" la democracia, sino a la intervención imperial, cuando declaró: "La cuestión no es intervenir para castigar, sino intervenir para apoyar la democracia (cursivas mías)".
Esta declaración contradice la noción planteada primero de que el plan estadunidense se refería a "monitorear", al referirse en forma explícita a intervenir contra regímenes electos. Amplía el campo para la intervención estadunidense, de apoyar sistemas opositores no electorales, a intervenir contra métodos de gobierno. Al perseguir en la OEA esta estrategia intervencionista contra regímenes electos, Rice buscó implicar a América Latina en su asalto a los gobiernos electos, con lo cual puso en duda su legitimidad.
¿Qué impulsó a Washington a tal extremismo? La estrategia de Bush era polarizar a América Latina en contra de Venezuela para aislar el experimento de Chávez de Estado de bienestar, economía mixta y política exterior independiente. La jugada resultó contraproducente: Washington polarizó a Latinoamérica contra el gobierno de Bush, y puso en bandeja una importante victoria diplomática al de Chávez.
Por qué falló Washington
Existen numerosas razones de este fracaso diplomático del gobierno de Bush ante América Latina en lo que hasta ahora era un foro internacional sujeto a su dominio. Washington leyó mal o desdeñó los crecientes movimientos de masas que se oponen a su imperialismo y a las restricciones que impone a la voluntad de los regímenes latinoamericanos, incluso clientes neoliberales, para seguir su línea intervencionista.
En segundo lugar, la mayoría de los observadores latinoamericanos no ven en Chávez un revolucionario social, sino un reformador independiente que promueve medidas de economía mixta y bienestar social, que los gobiernos latinoamericanos favorecen en sus discursos. De ahí que si atacaran a Chávez estos gobiernos expondrían su propia retórica hueca y perderían cualquier pretensión de compromiso que digan tener con "el combate a la pobreza y la desigualdad".
En tercero, el apoyo estadunidense al golpe en Venezuela de abril de 2002, causó daño severo a su credibilidad como "monitor de la democracia" y a la capacidad de los regímenes latinoamericanos de convencer a sus ciudadanos de que esa medida "fortalecería la democracia".
En cuarto lugar, Chávez es inmensamente popular en un amplio espectro de fuerzas políticas y sociales en el subcontinente, desde el centro hasta la izquierda. Muchos regímenes, como el de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, cuyas credenciales izquierdistas se han visto severamente cuestionadas, han utilizado su asociación y sus acuerdos con el venezolano para retener cierto grado de legitimidad popular.
En quinto, la política estadunidense es demasiado extremista en cualquier foro internacional, conforme a cualquier norma. El desafío a los métodos de gobernabilidad pone en tela de juicio a cualquier régimen latinoamericano que en un momento u otro haya recurrido a "métodos autoritarios".
La intervención estadunidense en la represión de las mayorías pobres en varios países latinoamericanos y su apoyo al régimen títere en Haití han sido un desastre sin remedio. En contra de la opinión pública en sus países, la fuerza expedicionaria multinacional encabezada por Brasil ha fracasado en cada uno de sus objetivos: procurar paz, democracia, seguridad y desarrollo. Los países de la región recelan sin duda de ser reclutados para otra de las intervenciones antidemocráticas de Washington.
La propuesta de "monitorear" gobiernos estaba cortada a la medida para favorecer a grupos opositores (apoyados por Estados Unidos), lo cual difícilmente es incentivo para cualquier poder gobernante. Es probable que los regímenes latinoamericanos consideren que un conjunto constante de quejas legítimas o ilegítimas es un obstáculo permanente a sus políticas de gobierno. A ningún presidente latinoamericano le agrada la idea de tener que mirar sobre su hombro para ver si Big Brother se dispone a darle de coscorrones para asegurarse algunas concesiones.
Si bien algunos de los regímenes más conservadores de América Latina pueden considerar molestos los discursos radicales de Chávez, los manifiestos de éste no están ligados a ninguna organización centralizada ni a ninguna estructura internacional de influencia. Ningún régimen se siente amenazado por Chávez porque éste apoya a la mayoría de gobiernos latinoamericanos, inclusive algunos bastante inestables, como el caso de Bolivia, contra movimientos revolucionarios de masas.
Muchos de los regímenes partidarios del libre mercado son vulnerables a la presión de masas de la izquierda. Palacios en Ecuador y Rodríguez en Bolivia llegaron al poder gracias a levantamientos populares. Otros, como Lula en Brasil, enfrentan ya amplia oposición en el Congreso y entre trabajadores rurales sin tierra y sindicalistas urbanos. Ninguno de ellos está en condiciones de atraerse más oposición para satisfacer el esfuerzo de Washington de derrocar a Chávez con un mecanismo tan obvio como un sistema de "monitoreo".
Paradójicamente, para la mayoría de los regímenes que se oponen a Washington la primera prioridad es la estabilidad. Las propuestas de intervenir en Venezuela y otras partes son eminentemente desestabilizadoras. La política del imperio choca con su orientación conservadora del status quo.
Traducción: Jorge Anaya