Compañías que trabajan para Pemex violan derechos de trabajadoras • Hay discriminación y acoso sexual, denuncia CEREAL Patricia Muñoz Ríos La Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet) ha recibido durante esta administración un promedio anual de 100 denuncias de casos de hostigamiento sexual en contra de mujeres, 350 por despidos por embarazo, más de 100 demandas por violencia laboral y cerca de 400 por destitución injustificada de trabajadoras. El VIII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales en México, elaborado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), revela lo anterior y apunta que en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la violencia, el hostigamiento sexual y la discriminación, aparecen como una forma de control y un intento de desvalorizar la dignidad de las trabajadoras. “Ya se trate de la empresa,
la fábrica o el sindicato, donde la estructura de organización
es vertical y jerárquica, y donde los puestos de decisión
y de mando se encuentran a cargo generalmente de hombres, la violencia
hacia las mujeres representa una manifestación del poder, una
práctica discriminatoria, caracterizada por la facultad de decisión
sobre los derechos laborales de las mujeres”, señala esta
investigación. Los casos de violación laboral que se presentan, son de trabajadoras de compañías privadas contratadas por Petróleos Mexicanos para la prestación de servicios en plataformas marinas de la sonda de Campeche, donde miles de profesionistas y obreros de estas empresas viven en condiciones de explotación, de continua lesión a sus derechos humanos y laborales, siendo prácticas comunes los despidos injustificados, los contratos “a prueba”, la firma obligada de renuncias o la afiliación forzosa a sindicatos blancos. El caso de Marcela Rosales Castillo, daría para un argumento de película, pues a pesar de ser lo probadamente eficiente en su trabajo para que en menos de seis meses fuera ascendida al cargo de administradora de la plataforma semi sumergible “Lancia” por la empresa Cotemar S. A. de C.V y que tenía entre sus atribuciones la de presentar reportes a Pemex sobre condiciones de alojamiento, consumo de provisiones, alimentación de los trabajadores, entre muchas otras, bastó que le asignaran como jefe al licenciado Gabriel Sarauz Santos para que su trabajo, su carrera y su condición de mujer se vieran violentadas. Como su jefe inmediato, Sarauz empezó a hostigarla, a propinarle frases ofensivas delante de sus compañeros, a hacerle insinuaciones de carácter sexual, a insinuar entre los trabajadores que ella tenía una conducta sexual sospechosa, llegando a extremos como molestarla en la habitación que tenía asignada la trabajadora para sus horas de descanso, además de un sinfín de faltas de respeto laboral y humano. Cuando ella se atrevió a protestar primero y luego a denunciar ante las autoridades de la empresa esta situación, Sarauz lanzó la contraofensiva, le adjudicó errores que habían sido provocados por otros empleados de Pemex; la amenazó; le ordenó introducir injustificadamente reportes en contra de algunos empleados de plataforma; le negaba o retrasaba indicaciones que requería para su desempeño cotidiano. Y por supuesto hizo reportes ofensivos de ella ante mandos superiores, lo que le provocó que fuera despedida. Marcela fue presionada para firmar su renuncia por no haber aceptado el hostigamiento sexual de que fue objeto y no le valió ni su desempeño, ni trabajo demostrado. Dulce Reyna Vargas Lugo, empezó
a laborar en junio del 2002 en la empresa Apoyo Logístico Marino
(una de las tres filiales que tiene la empresa Cotemar en Ciudad del
Carmen, Campeche) como supervisora de calidad a bordo de las plataformas
semisumergibles que tiene esta compañía para servicio
de Pemex. Sin embargo durante su incapacidad, el mismo jefe le envía una carta en la que le pide que firme su renuncia, a lo cual se niega. Ella regresa a laborar el 8 de abril del 2004 donde es informada que, por instrucciones del ingeniero David Colín del Toro, gerente de la empresa, iba a ser finiquitada por ser mujer y tener un hijo; por estar casada con un trabajador que laboraba en otra plataforma y porque su puesto lo había cubierto un hombre ya que requerían de personal masculino para ese tipo de trabajo, el cual ella había desempeñado sin ninguna queja. Dulce fue enviada al área de recursos humanos donde fue objeto de hostigamiento y se le dijo que ya la empresa la había ayudado mucho por el hecho de que no la hubieran despedido durante su embarazo, cuando en realidad la habían discriminado precisamente por esta situación, lo cual además de ilegal, es un derecho humano laboral suscrito por México en diversos tratados internacionales. A la trabajadora la amenazaron con que su marido también laboraba en la misma empresa contratista y le recomendaron que “lo más conveniente era que ella renunciara”, se le advirtió que incluso un familiar suyo que laboraba para Pemex podía testificar en su contra y por si fuera poco, le ofrecieron que a cambio de su renuncia le darían una carta de recomendación y parte de las prestaciones, aunque no todas las que por ley le correspondían, lo que constituye una clara violación a la Ley Federal del Trabajo. Ante ello, inició una demanda laboral por despido injustificado. Hoy, a nueve meses de iniciado el trámite, aún no se emplaza a ninguno de los demandados y el procedimiento duerme en los tribunales. El CEREAL apunta que en las compañías
que trabajan para Pemex la violación de los derechos laborales
es “normal” y se acentúa en las mujeres trabajadoras,
a las cuales se les obliga a realizar trabajos peligrosos sin sobresueldos,
no se les pagan horas extras, en las plataformas están a disposición
de los jefes las 24 horas del día, no se les pagan los mismos
salarios que a sus compañeros hombres, firman contratos en blanco,
sus sindicatos no las representan y por tanto no existen revisiones
contractuales y como está ejemplificado en estos dos casos, está
prohibido embarazarse y tener hijos y además, pierden su empleo
si no acceden al hostigamiento sexual de algunos jefes |