Editorial
La separación entre Iglesia y Estado, en la mira de la CEM
Ayer viernes, en el contexto de su 79 asamblea general, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó su interés en que se reforme el artículo 24 constitucional, y otros, como el 130, para ampliar las libertades religiosas en el país en materia educativa, política y de acceso a los medios de comunicación. A decir de la jerarquía católica, este reclamo se basa en acuerdos internacionales suscritos por México y forma parte de la consolidación de la democracia mexicana. Si bien la Carta Magna consagra el derecho de los ciudadanos a profesar la religión de su preferencia, también pone candados a la participación del clero en la vida pública, como parte de un sistema que predica la separación entre Iglesia y Estado. Esta división se deriva del paso histórico de un Estado dominado por el derecho divino en el que se registraron abusos de poder por parte de la Iglesia a un Estado laico, proceso que en nuestro país se inició en el siglo XIX y culminó ya entrado el siglo XX, con la guerra cristera.
El presidente de la CEM, José Guadalupe Martín Rábago, explicó que el llamado de la conferencia busca reivindicar una libertad a la que tienen derecho los religiosos. En política, los prelados pidieron la facultad de ser votados para cargos de elección popular y que el Estado no pueda prohibir a una persona su participación en política debido a que ejerce una "determinada profesión, ser ministro de culto, por ejemplo". Sin embargo, Martín Rábago omite que la Iglesia católica ha apoyado a diversas dictaduras a lo largo de su historia, como el caso de Argentina en los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando miles de personas fueron encarceladas, torturadas, desaparecidas y asesinadas por ejercer la libre expresión, el derecho político más básico.
En cuanto a la educación, el obispo de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Cabrera López, sostuvo que "lo único que tratamos que quede claro es el derecho que tienen los padres de familia a decidir la educación de los hijos, y que la escuela pública también respete aquello que ahorita queda solamente como una ayuda a un determinado sector, por medio de la instrucción privada". Es decir, que en la educación pública también se enseñe la religión. Al parecer, Cabrera López ignora que la Constitución permite la libertad de cultos. En ese contexto, cabe preguntarse qué pasaría con los hijos de personas de otros credos que asisten a la escuela pública. ¿Serían obligados a tomar clases de una fe que no profesan? Además, el prelado pasa por alto los conflictos sociales que se han registrado en países europeos como España, donde la impartición de esta asignatura ha provocado tensiones con la comunidad musulmana. Asimismo, es fácil suponer que el clero aprovecharía las clases de religión para imponer sus puntos de vista por demás intransigentes en asuntos como el sida, el embarazo juvenil y el aborto.
Por otra parte, el CEM demandó el acceso de los religiosos a los medios de comunicación, al argumentar que el Estado no tiene el derecho de coartar su uso a las iglesias. Al respecto, cabría preguntarse de qué forma utilizaría el clero este derecho. Hay que recordar que en Estados Unidos, los llamados predicadores tienen sus propios programas de televisión y en muchos casos esos religiosos han aprovechado sus emisiones para cometer fraudes, ello sin mencionar que esos espacios en los medios han fomentado el fanatismo religioso de ultraderecha, el cual fue uno de los principales pilares de la relección de George W. Bush.
Estos argumentos deberían ser suficientes para mantener una sana separación entre Iglesia y Estado. Pero el CEM se permite este tipo de expresiones debido a que el actual gobierno ha sido partidario de dar más "libertades" al clero y a confundir, con demasiada frecuencia, la práctica de la fe con el ejercicio de sus responsabilidades como servidores públicos. El Estado mexicano debe seguir siendo laico.