Usted está aquí: jueves 14 de julio de 2005 Política Formal prisión a cuatro ex funcionarios de la SG

Se trata de ex colaboradores de Francisco Labastida

Formal prisión a cuatro ex funcionarios de la SG

PGR los acusa de desvío de recursos en Juegos y Sorteos

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La titular del juzgado quinto de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Oriente, dictó auto de formal prisión contra cuatro ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG), a quienes la Procuraduría General de la República (PGR) fincó los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades por un monto superior a cien millones de pesos. Esos ilícitos se habrían cometido entre 1998 y 1999.

Se trata de cuatro ex colaboradores del priísta Francisco Labastida Ochoa, a quienes la juez Olga Sánchez Contreras, titular del juzgado quinto de distrito, dejó sujetos a proceso (causa penal 33/2005), al considerar que existen elementos jurídicos para ello.

Los inculpados son Rafael de Antuñano Sandoval, Vicente Garduño Hernández, Jorge René Domínguez Astudillo y Sergio Orozco Aceves, este último ex director de Gobierno de la SG, quien también se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Sinaloa durante el mandato de Labastida Ochoa en esa entidad, entre 1986 y 1992.

Debido a que los delitos no son considerados graves por el Código Penal Federal y a que los cuatro cuentan con amparo, enfrentarán en libertad sus juicios y sólo están obligados a acudir una vez por semana a firmar el libro de procesados libres bajo fianza y presentarse a todas las diligencias que se deriven de sus respectivos procesos.

La PGR investigó no sólo el desvío de recursos de la Dirección de Juegos y Sorteos para obras de remodelación de esa área, sino también indicios de presuntos pagos de una nómina secreta, que no pudieron ser corroborados de manera plena por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales.

La PGR ejercitó acción penal y solicitó la captura de los cuatro ex servidores públicos el pasado 20 de abril, por lo que la juez quinta de distrito inició la causa penal 33/2005, y 28 días después emitió las órdenes de aprehensión solicitadas.

 
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