Juez federal denuncia al comisionado de Prevención y Readaptación Social
Acusan a funcionario de la SSP por enviar a La Palma un enfermo mental
Un juzgado de distrito había ordenado un procedimiento especial contra Alfredo Trueba
En una decisión inédita, un juez federal con sede en el estado de México presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el comisionado del Organo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, José Luis Acosta Lagunes López, por el delito de "desacato de una orden judicial, violación a los derechos humanos del procesado Alfredo Trueba Franco, y los que resulten", en virtud de que el funcionario trasladó ilícitamente al reo de un centro de readaptación social para personas con problemas mentales al penal de máxima seguridad de La Palma, en el estado de México.
Es más, debido a los peritajes realizados por personal siquiátrico del mismo penal de máxima seguridad, el juez sexto de distrito en materia de procesos penales federales, José Luis Gómez Martínez, ordenó desde abril pasado que se iniciara un "procedimiento especial" contra Trueba, en razón de que quedó demostrado que el procesado presenta "un trastorno mental alucinatorio secundario y delirante" de consecuencias irreversibles, y que requiere de tratamiento médico especializado.
Por lo anterior, el juzgador resolvió que el acusado debía ser enviado a un centro de readaptación social para internos con padecimientos siquiátricos, "debido a que el riesgo de daño para sí mismo y de los demás es elevado". Y se descartaron los argumentos de Acosta Lagunes, quien se había negado a sacarlo del penal de Almoloya, porque se trataba de un "reo de alta peligrosidad".
Cabe señalar que, de acuerdo con familiares de Trueba, independientemente de que fue inculpado injustamente, porque su único vínculo con la detención de un presunto narcotraficante es que, como taxista, le servía a la esposa de éste, aunque se dedicó a ese oficio durante más de 15 años hasta su detención, él sufría alucinaciones antes de su captura debido a un accidente en el que se golpeó la cabeza.
Por otra parte, de acuerdo con el expediente de la causa -del cual tiene copia La Jornada-, el primer indicio que tuvieron las autoridades del penal de La Palma -donde fue recluido en 2001- acerca de los trastornos mentales de Trueba Franco data del 9 de abril de 2002, cuando se señaló que el procesado sufría crisis parciales desde 1996, por lo que se le prescribió "carbamacepina por neurocirugía" para atender sus crisis epilépticas.
El 3 de marzo de 2004, el director del penal, en el expediente 1127/AJ/01, precisó que el detenido recibía tratamiento siquiátrico por trastorno alucinatorio delirante, secundario a traumatismo craneoencefálico.
Después, en un dictamen de criminalística emitido por el perito Abelardo Ponce Barroso, con fecha 4 de abril de 2005, se "detectó un grave problema de salud mental del procesado Alfredo Trueba Franco", quien presenta un deterioro progresivo de su enfermedad, por lo cual debía considerarse que el sujeto estaba en condiciones de anormalidad, en razón de que presenta una conducta desequilibrada cuando no recibe medicamento, ya que debido al accidente que sufrió y a su internamiento en un penal de máxima seguridad debe consumir "de por vida" antidepresivos y antiepilépticos.
Para no dejar dudas, el especialista concluyó: "es determinante que el paciente es candidato, de inmediato, a un tratamiento siquiátrico y médico".
Con base en este estudio se le realizó a Trueba el estudio denominado historial clínico siquiátrico en el propio penal de La Palma, en el que el doctor Miguel A. Velazco Ovando determinó: "El paciente presenta un trastorno mental de evolución crónica irreversible, con remisión sólo con fármacos, por lo que se sugiere su envío a un centro federal de readaptación psicosial, en razón de no ser éste (La Palma) lugar para internos con padecimientos siquiátricos."
Entonces el juez Gómez Martínez determinó, el 13 de abril pasado, abrir un proceso especial contra Trueba -por su situación mental-, y ordenó su remisión al Centro de Readaptación Psicosocial en Morelos para que fuera atendido, bajo la causa penal 138/2002.
Sin embargo, el 3 de junio pasado, "sin causa justificada", alega la defensa del acusado, Trueba fue enviado de nuevo al penal de La Palma, donde -según consta en una denuncia presentada el 6 de junio ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos- el detenido "ha sido golpeado en diversas ocasiones en varias partes del cuerpo, tratándole de arrancar una confesional en la que diga que no padece enfermedades mentales; golpes que se manifiestan a nivel de costillas, cara, piernas y muñecas, ya que lo mantienen constantemente esposado y amedrentado hasta que acepte que no está enfermo".
En razón de la actitud del funcionario de la SSP, el juez federal interpuso la demanda correspondiente el pasado 21 de junio ante la subdelegada de Procedimientos Penales A, con sede en Toluca, la cual consta en el oficio AE/529/2005.
La funcionaria, a su vez, remitió el asunto a la Unidad de Asuntos Especiales de la PGR para que integre la averiguación previa y se consigne el asunto ante un juez de distrito.