La PGR intenta revocar amparo de Montemayor
Faltan pruebas para imputar peculado electoral a Juaristi
El décimo tribunal colegiado del Distrito Federal resolvió ayer que no hay pruebas suficientes para acusar por peculado electoral al ex director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Juaristi Septién -quien está prófugo de la justicia desde hace tres años-, por el presunto desvío de 500 millones de pesos de la paraestatal al sindicato petrolero, y de ahí a la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa en el año 2000.
En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) busca que el mismo tribunal revoque el amparo que un juez federal otorgó el pasado 17 de junio a Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex, contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por peculado electoral.
En el primer caso, el órgano jurisdiccional confirmó una resolución del juzgado cuarto A de distrito, en la que se determinó que no hay pruebas para demostrar que Juaristi tenía conocimiento de que parte de los recursos que autorizó para apoyar al sindicato petrolero -más de mil millones de pesos durante 2000-, eventualmente serían destinados por los dirigentes del gremio para apoyar la campaña de Labastida.
Juaristi también obtuvo un amparo contra los cargos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, pero sólo para el efecto de que el juzgado 13 de distrito "funde y motive" sus argumentos jurídicos, en caso de que decida volver a librar las órdenes de aprehensión por esos delitos. Como se trata de delitos no graves, el ex director corporativo de Administración de Pemex no podrá ser detenido en caso de que se libren las órdenes de captura, pues goza del beneficio de una suspensión de amparo.
En el caso de Montemayor, la PGR planteó, mediante un recurso de revisión, diversos agravios encaminados a demostrar que el juez cuarto, Amado Chiñas Fuentes, no debió otorgar la protección de la justicia federal a Montemayor -amparo que lo libera del único cargo penal considerado grave por las leyes mexicanas, que lo habría llevado a prisión-, porque estaba impedido legalmente para hacerlo.
En el escrito, la PGR intenta convencer a un tribunal revisor que el juez Chiñas no interpretó bien los planteamientos del Ministerio Público de la Federación (MPF), ni el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.
La dependencia refiere que el juzgador de primera instancia estudió el tema relativo al delito electoral, a pesar de que el gobierno estadunidense concedió, en septiembre pasado, la extradición de Montemayor Seguy únicamente por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, pero prohibió que se le juzgara por peculado electoral.
A decir del MPF, el juez Chiñas estaba impedido para conceder el amparo a Montemayor, porque una cláusula de especialidad del tratado de extradición México-Estados Unidos le impedía analizar hechos relacionados con un delito por el que no se le puede procesar en México sin permiso de las autoridades del vecino país.