Usted está aquí: jueves 14 de julio de 2005 Política Azucareros exigen pago de indemnización

Plantón en Sagarpa

Azucareros exigen pago de indemnización

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Trabajadores del sector azucarero realizaron ayer un plantón frente a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en demanda de que se pague la indemnización que les corresponde por la declaración de quiebra de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados del ingenio Emiliano Zapata.

Ante ello, la Sagarpa informó que no corresponde el pago de certificados, toda vez que esa sociedad quebró y el expediente se archivó como asunto concluido.

Ya se explicó a los cooperativistas "para que no sean engañados" por esa situación, pero además ya se les dijo que el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) no le corresponde al pago de certificados de aportación de los ex miembros de dicha sociedad, "toda vez que la cooperativa fue declarada en quiebra hace tres lustros y el ingenio ha pasado por cinco diferentes dueños particulares".

Se ha insistido, según la dependencia, a los ex cooperativistas que acudan al tribunal del fuero común en materia mercantil, que es el competente para dilucidar este asunto a efecto de que puedan resolver la procedencia de sus demandas.

Explicó que desde el 17 de junio pasado, en una reunión con representantes del fondo y la delegación de la Sagarpa en Morelos, los ex cooperativistas se comprometieron a acudir ante las instancias competentes, sin embargo, no han presentado este reclamo. La dependencia informó que esa cooperativa fue declarada en quiebra el 15 de marzo de 1994 por falta de activos para cubrir sus adeudos, por lo que la autoridad competente ordenó "archivar el expediente 41/91 como asunto concluido".

La Sagarpa lamentó que se pretenda utilizar la problemática de un grupo de ex cooperativistas "para fines desconocidos", toda vez que el líder de la Fundación Campesina de México, Roberto Vences Molina, ofrece a estas personas -la mayoría de la tercera edad- que participaron en esta manifestación, que el FEESA pagaría 100 mil pesos por cada certificado, cuando él mismo ya reconoció que jurídicamente es improcedente su petición.

 
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