En 2002 esa empresa fabricante de medias y tobimedias despidió a cinco trabajadores por reclamar el pago de utilidades; cuatro meses después, la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) estalló la huelga en IFSA, que terminó beneficiando a la maquiladora pues dejó de pagar sus deudas y las liquidaciones de sus empleados.

Eva Bailón. Trabajadora que perdió un ojo en una maquiladora de Tijuana Fotografía: Laura Cano

Las autoridades laborales tardaron dos años en dar la razón a los trabajadores y embargar en su favor los bienes de la maquiladora. Sin embargo, ahora los dueños pueden recuperarlos comprándolos a bajo precio al mismo sindicato que, además, pretende cobrar a sus afiliados 30% de la transacción.

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Fundada en 1965 por Wolf Model, IFSA fue una de las primeras maquiladoras instaladas en esta ciudad fronteriza. Desde entonces, los obreros intentaron sin éxito mejorar sus condiciones laborales y salariales, pero el contrato de protección en manos del Sindicato 7 de enero de la CROM, sólo ha beneficiado a los patrones.

"Los trabajadores no sabíamos del sindicato porque nunca se paraba en la fábrica, aunque nos descontaban la cuota sindical", cuenta Margarita Avalos mientras despliega un resumen del conflicto en Power Point que ella misma elaboró.

El conflicto comenzó el 5 de junio de 2002, cuando Margarita y cuatro obreros más demandaron el pago de utilidades de ese año. "Al día siguiente, los dueños Eric y Juan Segal y Sofía Model (cuyo verdadero nombre es Nejechifra Modelsky) nos encerraron y amenazaron para obligarnos a firmar la renuncia voluntaria. Sólo uno firmó", relata la activista.

El 24 de junio presentaron una demanda contra la empresa por "despido injustificado" ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana. A fines de agosto, esta se declaró incompetente y trasladó el caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

Entonces aparecieron los líderes del Sindicato 7 de enero de la CROM "y junto con el gerente de la empresa encerraron a 60 trabajadores durante 12 horas para que firmaran una suspensión voluntaria de labores, que se convirtió en renuncia sin pago de liquidaciones", dice Margarita.

El 19 de noviembre, los dirigentes de la CROM, en acuerdo con los patrones, impusieron la huelga a 230 trabajadores. "Con el pretexto de hacer respetar el contrato colectivo, el sindicato declara la huelga sin el consentimiento de los trabajadores. Eso permite a la empresa evadir el pago a sus acreedores que buscaban embargarla", denuncia Margarita Avalos.

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El 9 de enero de 2003, Cecilia Tostado, presidenta de la JFCA de Tijuana, suspendió la primera audiencia de los despedidos con el argumento de que "no pudo notificar a la empresa por la huelga".

Ante la falta de respuestas, el 12 de enero, trabajadores y despedidos crearon la Coalición pro Justicia de Trabajadores de IFSA, "para contrarrestar las maniobras de la empresa y el sindicato blanco y convertir la huelga de protección en una huelga obrera", declaran.

Los trabajadores de la Coalición continuaron el movimiento y expulsaron a los dirigentes de la CROM, luego de protestar durante la visita de Vicente Fox a Tijuana el 17 de enero.

Los líderes de la CROM organizaron una asamblea donde reconocieron sus "errores" y prometieron solucionar el conflicto con la condición de que los obreros abandonaran la Coalición. La maniobra prosperó y sólo permanecieron en la Coalición los empleados despedidos.

Entre mayo y septiembre, la presidenta de la JFCA suspendió dos audiencias más, mientras grupos solidarios hicieron una protesta frente al consulado de México en San Diego.

El 4 de octubre se realizó una manifestación binacional frente a la casa de los dueños de IFSA en Chula Vista, California, y ante el Centro Social Israelita de Tijuana, que preside Sofía Model, dueña de IFSA.

La lentitud del proceso legal es tal, que 528 días después que los despedidos presentaron su demanda, se realizó la primera audiencia el 3 de diciembre de 2003.

En el caso de la huelga, la JFCA en el Distrito Federal falló a favor de los obreros el 20 de febrero de 2004, obligando a la empresa a reanudar labores, indemnizar o entregar sus bienes a los trabajadores. Días después, la JFCA en Tijuana resolvió a favor de los despedidos; la reacción del sindicato fue expulsarlos del movimiento.

IFSA perdió tres amparos contra la huelga, pero el Tribunal Colegiado la favorece en el caso de los despedidos y pidió la revisión de su juicio el 30 de septiembre. El juez ratificó su fallo a favor de los demandantes.

En noviembre la JFCA embargo los bienes de IFSA en beneficio de los huelguistas, pero se negó a ejecutarla en favor de los despedidos.

El 10 de febrero de 2005, el Tribunal Colegiado volvió a darle la razón a IFSA y declaró "incorrecto e ilegal el proceso de los despedidos y ordenó un nuevo juicio.

En abril la JFCA de Tijuana canceló la audiencia para iniciar el nuevo juicio de los despedidos. Cuando los trabajadores acudieron a adjudicarse los bienes por falta de compradores, el sindicato ya lo había hecho a su nombre.

El 13 de mayo pasado, la JFCA de Mexicali ordenó iniciar el juicio por los despedidos, pero la Junta de Tijuana la volvió a suspender. A la fecha no se ha iniciado este juicio que ya habían ganado los obreros despedidos.

Según Margarita Avalos, la CROM y la empresa se han puesto de acuerdo para que éste le venda la maquinaria a bajo costo. "Así la empresa gana, no paga a sus acreedores, y recupera sus bienes. Mientras el sindicato quiere cobrar a los obreros 30% de la venta. Todos ganan, menos los trabajadores".

Este caso, como en muchos otros, la justicia laboral es una quimera.