La cesión fue ilegal, documenta investigación histórica realizada por la senadora priísta

El Oratorio de San Felipe Neri, de los bienes expropiados a la Iglesia: Sauri

ENRIQUE MENDEZ

Una amplia investigación histórica realizada por la senadora priísta Dulce María Sauri reveló que el Oratorio de San Felipe Neri el Viejo no debió ser entregado en comodato a la Arquidiócesis de México, pues formó parte de los bienes expropiados a la Iglesia católica como resultado de la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Religiosas de 1856.

La documentación bibliográfica y hemerográfica que aporta la legisladora del PRI demuestra que el inmueble, antes de la expropiación, no dejó de estar bajo la propiedad y administración del clero, por lo que su entrega a la Iglesia católica es ilegal.

Entre las pruebas que consiguió la legisladora priísta está una copia facsimilar de la edición del 26 de enero de 1861 de El siglo diez y nueve, donde se enlistan los bienes expropiados a la Iglesia, entre los cuales está San Felipe Neri el Viejo.

El 12 de junio pasado La Jornada publicó que el gobierno de Vicente Fox entregó irregularmente a la arquidiócesis el inmueble del siglo XVII, considerado patrimonio histórico de la nación, con objeto de instalar un museo de arte sacro que llevaría el nombre de Instituto Manuel Toussaint, historiador recordado por sus aportaciones al estudio de las expresiones artísticas del virreinato.

Posteriormente la Secretaría de la Función Pública alegó que se había cedido el conjunto histórico porque no formó parte de los bienes expropiados a la Iglesia, por lo que la operación para la entrega del edificio de República de El Salvador 47, en el Centro Histórico de la ciudad de México, que albergaba la Dirección de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda, fue legal.

Historia de la propiedad

El recuento documental de la senadora Sauri para comprobar que el inmueble no dejó de pertenecer a la Iglesia hasta la Reforma señala que el oratorio fue construido a partir de 1661 y ocupado en 1702, en el lugar donde se asentaba la casa en la que nació el mártir religioso y primer santo mexicano, Felipe de Jesús, y hace referencia al libro Iglesias y conventos coloniales, de Lauro E. Rosell, editado en 1961, el cual indica que los monjes felipenses "en 1660 compraron la casa número 15 de la calle de San Felipe Neri, por lo que tomó la denominación actual".

Casi un siglo después, en 1751, los felipenses iniciaron la construcción de un nuevo templo, en un espacio que compraron a las monjas de Santa Teresa la Antigua y a las de San José de Gracia, como consigna el historiador Mariano Monterrosa en su obra Oratorios de San Felipe Neri en México.

El terremoto del 4 de abril de 1768 en la ciudad de México derruyó parcialmente el oratorio viejo y dejó inconcluso el nuevo, lo cual obligó a su desalojo, que se facilitó porque en 1767, tras la expulsión de los jesuitas de la Nueva España, una Junta Superior llamada de Aplicaciones o Temporalidades, creada para definir el destino de los bienes quitados por la propia Iglesia a esa orden, determinó que los felipenses podrían mudarse a la iglesia de la Profesa, aún bajo su administración.

La investigación hace referencia a la inscripción grabada en el templo, donde se afirma que los edificios de ambos oratorios fueron "semidestruidos por un terremoto en 1768, permutados sin terminar a las autoridades en 1771, fueron destinados posteriormente a viviendas", lo cual podría ser interpretado como que el conjunto dejó de ser propiedad, en ese año, de los bienes eclesiásticos.

El documento de la legisladora detalla que "el 25 de marzo de 1771 el virrey marqués de Croix envió a los congregantes del oratorio la resolución de entregarles el templo y la casa Profesa definitivamente, a cambio de los templos y la casa de la congregación y de aceptar las condiciones determinadas por la Junta de Temporalidades del 27 de noviembre de 1770".

Esta permuta, aclara, quedó asentada en el libro capitular de actas de los cabildos de la capital del 26 de marzo, 23 y 27 de abril de ese año, y tuvo el acuerdo del arzobispo Francisco Lorenzana y Buitrón, como asentó José María Marroquí en su libro La ciudad de México.

Se explica que en el segundo de los tres volúmenes de esa obra, escrita en 1898, hay una amplia información sobre la historia del oratorio y de su contenido se reconoce que si bien la permuta fue gestionada por el ayuntamiento, el uso posterior del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri tras su abandono por los monjes felipenses correspondió en todo momento a la Iglesia católica y que ésta nunca perdió el control del inmueble.

Cita que en la página 447 de la obra de Marroquí se afirma que el oratorio, una vez desalojado por los monjes, se destinó a Casa de Niños Expósitos y que su administrador destinó partes del inmueble para arrendamiento de espacios de tipo comercial, como caballerizas y pensiones.

Sauri acota que en la época colonial la administración y control de las casas de asistencia a niños huérfanos y abandonados, así como la de asilos y hospitales era detentada por la Iglesia católica, situación que concluyó con la promulgación de las Leyes de Reforma en 1859.

Por esa razón, explica, la cesión para casa de niños no implicó una operación de compraventa que conllevara a la cesión total y definitiva de la propiedad, pues una transacción comercial del inmueble no se registró hasta 1852, cuando la Junta de Caridad, con aprobación del arzobispo Lázaro de la Garza, decidió vender parte del inmueble.

De esto, agrega el documento de la senadora, se observa que entre la permuta de 1771 y la compraventa de una porción del predio en 1852, la Iglesia mexicana nunca dejó de tener autoridad sobre el inmueble, además de que las fracciones vendidas se refieren a los números 51 y 55 de la calle de República de El Salvador, donde se encontraba el oratorio nuevo inconcluso, y constituyen el terreno donde vivió el conde de Regla, Pedro Romero de Terreros, que actualmente ocupa el espacio de la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada.

Marroquí recuerda que en parte de la propiedad vendida a Mateo de la Tijera, y arrendada en 1875 por Francisco y Porfirio Macedo se construyó el teatro administrado por el empresario Francisco Abreu, cuyo apellido dio nombre al foro.

También se incluye en el amplio estudio una copia facsimilar de la edición del 26 de enero de El siglo diez y nueve, periódico editado por Francisco Zarco, donde se presenta una lista de los bienes expropiados al clero inicialmente mediante la Ley de Desamortización, cuyos pagos de indemnización ya se habían hecho a los afectados.

La conclusión de la senadora es que la cesión en comodato del oratorio a la arquidiócesis "resulta violatoria de la Ley General de Bienes Nacionales, así como de otras disposiciones relacionadas con las obligaciones y compromisos legales de las instancias oficiales que intervinieron en su entrega y de los destinatarios de su uso".