¿Mercado universitario?
En la entrega pasada comentábamos sobre la privatización de la educación superior en América Latina y en nuestro propio país y, a vuelo de pájaro, concluíamos que si bien tal proceso no necesariamente es negativo en sí mismo, lo es en tanto resulta en la mercantilización de la enseñanza, el abatimiento de la calidad en los conocimientos, en fin, en el predominio de criterios comerciales que someten a los de carácter académico en la mayoría de las instituciones privadas de educación superior.
El problema no sólo atañe a los países pobres que hemos estado sujetos a las políticas económicas impuestas por países ricos que no las aplican en sí mismos. Europa padece el mismo problema. Allá se está en proceso de alcanzar la "convergencia europea" en materia de educación superior, entre muchos otros temas. Tal proceso comenzó en 1999 mediante la Declaración de Bolonia con la idea de armonizar los sistemas universitarios en 2010, de manera que se logre la plena movilidad de estudiantes, maestros e investigadores entre las universidades. El propósito es excelente, sin duda, pero no exento de riesgos.
Unos 2 mil profesores universitarios europeos constituyeron el Colectivo de Profesores por el Conocimiento y redactaron este año un manifiesto que titularon ¿Qué educación superior europea?, en el cual plantean algunas advertencias, a la luz de la experiencia de los esfuerzos iniciales por erigir un espacio de educación superior de corte estadunidense en Europa.
Sin reñir la idea de la convergencia, advierten los 2 mil académicos del inminente riesgo de que, por virtud o defecto, el proceso convierta a sus universidades en servicio para las empresas privadas, en lugar donde se formen profesionales a modo de las necesidades productivas y comerciales, no en función de un conocimiento universal. En consecuencia, señalan el riesgo de que se abata la educación y la investigación humanística en las universidades europeas, porque con ello se caería en un "vaciamiento de contenidos". No niegan la necesidad de formar profesionales para el mercado, pero no admiten que sea ése el fin primordial de la universidad.
Advierten también de la elitización que tal proceso conlleva porque al implicar una dosis de privatización conlleva la exclusión social automática de sectores desfavorecidos, convertiría los títulos de licenciatura en "mero pase al mundo laboral" y a los estudios de posgrado en franco negocio.
Denuncian que la convergencia anuncia el retiro del financiamiento público a la educación superior y el crecimiento del interés privado en la formación de profesionales, es decir, que la gestión universitaria se convierta en gerencial, "un negocio del sector servicios, al tiempo que el conocimiento se convierte en una mercancía y los alumnos en clientes".
El planteamiento debe ser tomado en cuenta por los especialistas y responsables de la educación superior en América Latina y, por supuesto, en México, donde el afán privatizador no sólo es implacable, sino dogmático, porque desestima los lamentables resultados de las instituciones privadas coloquialmente llamadas patito. No son universidades. Para serlo, una institución de educación superior debe ofrecer no nada más amplia gama de carreras, sino realizar investigación científica, lo cual, salvo excepciones, no sucede en el ámbito de las instituciones privadas.
Y de nuevo, la calidad. Las instituciones patito lo son porque defraudan no sólo a los padres y a los alumnos, al ofrecer servicios que no tienen en la calidad necesaria o simplemente no tienen, sino también defraudan al fisco porque eluden impuestos en tanto la educación no es su propósito, sino el negocio lucrativo.
En México no hay mejores universidades que las públicas y así es mundialmente reconocido. Ello no aboga en contra de las universidades privadas. Mientras la docencia, la investigación, la difusión cultural sean de la más alta calidad posible, es positivo y necesario que todos los sectores concurran. Hay más de 10 millones de jóvenes en edad escolar entre 18 y 23 años y únicamente 2.3 millones estudian, otros 2 millones trabajan y el resto, 5.7 millones, está en las calles, dentro o cerca de la delincuencia.
Frente a ello, hace más de una década que el presupuesto federal dedicado a la educación superior se estancó en alrededor de 0.6 por ciento del PIB y en menos de 0.4 por ciento en el caso de la investigación científica, si bien el compromiso oficial es de uno por ciento, en cada caso. Como sabemos todavía se está regateando el gasto público que los diputados destinaron a las universidades merced a la controversia constitucional del señor Fox a iniciativa del secretario de Hacienda.
La educación superior siempre ha sido factor determinante del desarrollo en todos los países. Limitar sus potencias equivale a castrar la fuente generadora de conocimientos para el beneficio colectivo. La disputa no debe ser entre la educación superior pública y privada, cada una tiene sus fines legítimos. Suicida es, en cambio, optar por una en desfavor de la otra, como ahora sucede. Se requiere educación superior e investigación científica de altas calidades y ello significa apoyar decididamente a las universidades públicas, las privadas se ayudan solas.