Condenan abusos de las pandillas contra la sociedad
Piden católicos a gobiernos dialogar con maras para detener la violencia
Organizaciones católicas de México y Centroamérica demandaron a las autoridades de sus países abrir espacios de diálogo para entender y escuchar las necesidades de los pandilleros que están afectando la seguridad en la región.
"La calificación de terroristas que se les aplica a los jóvenes integrados a maras, pandillas y bandas forma parte de políticas de represión. Los gobiernos carecen de acciones públicas destinadas a eliminar las verdaderas causas que generan la violencia", destacaron tras una reunión celebrada recientemente en Guatemala.
Apuntaron en los resolutivos de su encuentro de cuatro días que existe una situación de virulencia en todo el continente, producto del capitalismo, al que calificaron de "sistema generador de muerte, sustentado en la ideología neoliberal que produce exclusión, desesperación y dolor, acorralando a los jóvenes en la delincuencia y propiciando un sentimiento de temor, inseguridad y desconfianza social generalizada".
Destacaron que la aparición de pandillas es "causada por la sociedad que practica el castigo y la represión como mecanismo de solución a la violencia". La acción delictiva de los jóvenes proviene de una cultura de discriminación y exclusión en escuelas, iglesias y familias, así como de la falta de propuestas adecuadas de desarrollo, lo cual "perpetúa el empobrecimiento y la marginación de la juventud de los derechos sociales: empleo digno, educación y salud de calidad".
Los organismos Pastoral Social-Cáritas (de México, Honduras, Costa Rica y Panamá), Cáritas (de Guatemala, El Salvador y Nicaragua), así como la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, la Red Centroamericana
de Organizaciones de Intervención en el Sufrimiento Social, Homies Unidos de El Salvador, Asociación Grupo Ceiba, Pastoral Penitenciaria (de Honduras, Panamá y Guatemala) y Pastoral Juvenil (de Costa Rica, Guatemala y Panamá) criticaron la "política de mano dura que impulsan varios gobiernos latinoamericanos y los intentos por legalizar la pena de muerte, con el pretexto de la violencia y con la excusa de garantizar la seguridad ciudadana".
Lo anterior sólo sirve, apuntaron, "para justificar el intervencionismo estadunidense, el armamentismo y la militarización de la sociedad. Es una estrategia equivocada para solucionar el fenómeno de la violencia, daña la dignidad de la persona, la convivencia ciudadana y es antievangélica".
Criticaron "los abusos que los gobiernos cometen contra los jóvenes en alto riesgo, de la misma manera que rechazamos los abusos que las pandillas cometen contra la sociedad; por tanto, proponemos entrar en diálogo con el fin de buscar soluciones conjuntas, lo que implica establecer espacios para acompañar a los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y riesgo".