Ahora buscan canonizar a las víctimas para "lavar conciencias", estiman en Argentina
La dictadura asesinó a sacerdotes y contó con el silencio de jerarcas católicos
Buenos Aires, 31 de julio. La alta cúpula de la Iglesia católica argentina no actuó para exigir justicia en el caso de varios sacerdotes palotinos asesinados durante la pasada dictadura militar (1976-1983) a pesar que sabía quiénes eran los responsables, aunque ahora haya una idea de canonizar a esos religiosos.
Los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly, Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, fueron encontrados tendidos boca abajo y acribillados en la Iglesia de San Patricio en un barrio residencial, donde vivían muchos militares, el 4 de julio de 1976, cuando debía celebrarse la primera misa de esa mañana.
El periodista Horacio Verbitsky atribuye la idea de la canonización a la necesidad de las autoridades actuales de "lavar su conciencia" después de haber silenciado todo lo que se conocía entonces.
Los sacerdotes fueron encontrados en sus dormitorios, en un episodio similar al ocurrido con los jesuitas en El Salvador años después. Relata el periodista que los asesinos escribieron en la pared: "Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria" y sobre una alfombra se leía: "Estos zurdos (izquierdistas) murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M.", la sigla con que se identificaba al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.
El hecho era, sin duda, una venganza contra estos religiosos por una acción de la guerrilla y se les acusaba de tener relaciones con esos movimientos de entonces y con los sectores más progresistas del país.
Al mejor estilo de la dictadura el Comando de la Zona I de Seguridad del ejército adjudicó la matanza a "elementos subversivos". Pero como señala Verbitzky, así como lo ha planteado en un libro sobre el tema Eduardo Rimel, la Iglesia supo desde un primer momento quiénes eran los responsables.
De acuerdo con lo investigado, el entonces nuncio Pío Laghi y el cardenal arzobispo Juan Carlos Aramburu designaron al sacerdote Efraín Sueldo Luque para que investigara el hecho e hiciera un informe para la Curia y el Vaticano, pero se recalca que no hubo ninguna solicitud de copia para enviarla a la Junta Militar de la dictadura.
Los sacerdotes asesinados fueron inscritos por la policía como "NN" a pesar de conocerse su identidad. Incluso a nivel policial se pensó en un primer momento que entre los muertos debía figurar también el sacerdote Emilio Neira, quien escapó a Brasil, lo que daba la pauta de que también estaba en la lista de los que iban a ser asesinados.
En el informe de Sueldo Luque consta que la policía trató de borrar las inscripciones que hablaban de una venganza, para ocultar todo rastro policial. También el informe señalaba que se había avisado a algunos custodios militares de la zona que no se asomaran si escuchaban disparos porque se "iba a reventar la casa de unos zurdos".
El periodista cita también que un "documento guardado en el archivo de la cancillería argentina afirma que los servicios de inteligencia de la dictadura daban por sentado que en San Patricio se refugiaban varios guerrilleros."
El cardenal Juan Carlos Aramburu -además señalado por muchos familiares por su indiferencia y otras actitudes ante la tragedia que sucedía-, rezó por las víctimas, pero sin agregar nada más, mientras que el sacerdote palotino Roberto Favre pidió en esos momentos rezar "por las innumerables desapariciones que ocurren cotidianamente", y reclamó recuperar el estado de derecho, "como corresponde a un pueblo civilizado".
También en Roma los superiores de la orden de palotinos hablaban de que los religiosos fueron asesinados por ser considerados amigos de la izquierda.
Recuerda Verbitzky que hubo una reunión entre Aramburu y el nuncio apostólico con el entonces ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, donde le dijeron a éste que la Iglesia sabía que los sacerdotes habían sido asesinados por fuerzas de seguridad del gobierno. Esto fue transmitido por el propio nuncio al embajador de Estados Unidos, Robert Hill, y a un funcionario a cargo de Seguridad Regional.
Pero también les habría expresado la preocupación de la Iglesia porque uno de los seminaristas asesinados pudiera tener "conexiones tercermundistas". Otro dato que el nuncio mencionó a Hill es que un alto funcionario de la dictadura le había dicho que se proponía "limpiar la Iglesia católica".
Se menciona también a otros periodistas a los que Pío Laghi dijo que no tenía dudas de que fueron las fuerzas de seguridad del gobierno militar las responsables del homicidio. Más aún, Robert Cox, ex director del diario The Buenos Aires Herald, relató que Laghi "estaba apesadumbrado por haber colocado la hostia en la boca del entonces Comandante del Cuerpo de Ejército I, responsable de la Zona, general Carlos Guillermo Suárez Mason".
Pero ninguno de estos hombres de la Jerarquía eclesiástica denunció a los responsables de la matanza en público ni se enfrentó a la dictadura por otros asesinatos de sacerdotes, entre ellos el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, ocurrido en 1976, en lo que se quiso hacer aparecer como un accidente.
Otro elemento que agrega Verbitzky es que Aramburu y Laghi entregaron a la Junta Militar una carta de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, en la que se mencionaba la sensación de miedo que existía en el país y una "convicción, subyacente en amplios estratos de la población, de que el ejercicio del poder es arbitrario, de que el ciudadano se encuentra sin recursos frente a una autoridad de tipo policial, omnipotente".
Pero esto nunca fue publicado y a pesar de todo lo que sabían guardaron silencio. En cambio se dedicaron a leer frases tales como que "el gobierno y las fuerzas armadas participan de nuestro dolor y, nos atreveríamos a decir, de nuestro estupor" y que conocían "los altos ideales y la generosa actitud para con la patria, sus instituciones y ciudadanos" de los miembros de la Junta.
Así lo refiere el periodista al calificar de hipocresía el que se hable ahora de canonizar a estos sacerdotes. Incluso cita al embajador Hill, quien habría señalado que "considerando que la Iglesia sabe que sus sacerdotes fueron asesinados por la policía y que el cardenal Aramburu lanzó la acusación al rostro de Harguindeguy, es llamativo el tono notablemente moderado del mensaje a Videla y la Junta, lo que indicaba una conducta en público y otra en privado.
También se hace referencia a los medios más fieles a la dictadura como el diario La Nación, la revista Carta Política, que justificaban el accionar de las fuerzas de seguridad por la participación de los religiosos en la "agresión subversiva". Así continúa surgiendo la íntima y dolorosa verdad de la dictadura más cruenta que vivió el país y el papel que cada uno tuvo entonces.