Pretenden obtener beneficios personales de la adquisición de boletos de avión
Acusan a funcionarios de San Lázaro de querer lucrar con agencias de viajes
Encargados de la Dirección de Atención a Diputados presionan a prestadores de servicio para que les entreguen vuelos en clase premier y descuentos en hoteles, denuncia perredista
La Junta de Coordinación Política de la Cámaras de Diputados recibió una denuncia del PRD contra la Dirección de Atención a Diputados, a la que acusa de buscar beneficios en la compra de boletos de avión para los legisladores, gasto que se calcula en 500 mil pesos diarios.
El diputado perredista Arturo Nhale informó que la oficina, a cargo de Juan José González Brizuela, pretende obligar a las agencias de viajes con oficinas en San Lázaro a entregar los boletos a crédito, lo que constituye no sólo una evasión de impuestos, sino un manejo dudoso de los recursos destinados para ese fin.
Un promedio de 300 diputados, con residencia a más de 350 kilómetros del Distrito Federal, reciben semanalmente dos boletos redondos a manera de prerrogativa. Hasta el momento, cada legislador puede negociar directamente con alguna de las agencias en San Lázaro las condiciones y los precios de los boletos.
Sin embargo, esa disposición será acotada por los contratos que la Dirección de Atención a Diputados pretende firmar con las agencias, en condiciones que han provocado críticas y denuncias a los legisladores. Una de éstas fue recibida por Nhale.
En su escrito dirigido a la Junta de Coordinación Política, el diputado del PRD refiere que recientemente se exigió a las agencias un nuevo contrato de arrendamiento de los espacios físicos que ocupan en el recinto legislativo, "con un incremento en la renta de 650 por ciento, y ahora dicho pago deberá realizarse mediante nota de crédito en favor de la Cámara, sin que ésta emita un recibo fiscal, con el consecuente daño económico a las agencias y la evidente evasión fiscal por parte nuestra".
También refirió que se les exige la emisión de una fianza de garantía de 150 mil pesos en favor del órgano legislativo, cuando son las agencias las que otorgan el crédito a los legisladores mediante boletos de avión que son pagados 10 días hábiles después de su expedición, y en algunos casos el adeudo se cubre pasados los 30 días.
Por si fuera poco, añade, los contratos fijan condiciones como "asistencias especiales" a los funcionarios -incluido el propio González Brizuela- en sus salidas y llegadas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la entrega de pases de clase premier y descuentos en hoteles y en renta de automóviles.
En contraparte, los contratos definen que las asistencias especiales para los diputados sólo podrán concederse a grupos de 20 o más legisladores, además de que en los viajes de comisión al extranjero se deja al libre criterio de la Dirección de Atención a Diputados la adjudicación de los boletos.
''Esto ocurre cuando ya hemos visto que los presupuestos pagados por la Cámara regularmente son más altos que los que nosotros conseguimos directamente con las agencias de nuestra preferencia.''
Arturo Nhale evaluó que estas condiciones configuran un escenario dudoso en el manejo del presupuesto destinado a la compra de boletos de avión, en el que se pretende ahogar a un grupo de agencias ''en beneficio de otras. Ahí hay un negociazo''.
No obstante, en San Lázaro también se sabe que las agencias negocian con los diputados una "bolsa" en la que se acumulan los boletos no utilizados y, posteriormente, se les devuelven con viajes a los lugares de su preferencia o en efectivo, una vez hecho el pago de una "comisión". Esto ha permitido a diferentes legisladores continuar viajando meses después de concluido su encargo.
En ese sentido, pidió a la Junta de Coordinación Política que las adjudicaciones del transporte aéreo "se establezcan en un marco de transparencia, ahorro y calidad del servicio, y no bajo el criterio de alguien que pueda hacerlo por intereses creados o amistad".
Por esas razones, exigió que se solicite a González Brizuela la información correspondiente a los contratos, sus cláusulas, y se le ordene reconsiderar las medidas que está aplicando "al margen de nuestra opinión" como legisladores.