El gasto de la temporada tiene un fuerte impacto en la economía de casi 30 millones de mexicanos, un tercio de la población, que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), perciben entre uno y dos salarios mínimos, es decir, un promedio de entre mil 361 y dos mil 700 pesos al mes.

Para una familia promedio de ese estrato, con dos hijos en edad escolar, sólo la adquisición de los útiles incluidos en las listas oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) representa un gasto de 300 a 500 pesos; esto es, la tercera o cuarta parte del ingreso mensual, al que todavía deben sumarse la compra de uniformes, zapatos y cuotas "voluntarias" para las escuelas.

Estos artículos y cooperaciones pueden elevar hasta en 500 o 600 pesos más por niño el gasto del regreso a clases. Así, enviar a dos hijos a la escuela equivale, cuando menos, a un mes del ingreso familiar, sin contar el material no incluido en las listas oficiales que los maestros solicitan a los alumnos durante el ciclo escolar, como cuadernos extras, mapas y monografías.

Para paliar el impacto del gasto, los padres de familia tienen la opción de acudir a las ferias de regreso a clases que organiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) del 15 de julio al 30 de agosto. En ellas se ofrecen descuentos de 10 por ciento en los artículos escolares.

El problema es que las ferias sólo se hacen en 27 ciudades del país y las delegaciones del Distrito Federal, aunque en estas últimas compiten con el Gobierno capitalino, que entrega paquetes gratuitos a los alumnos de escuelas públicas.

Escuelas privadas: otra cara

El inicio del ciclo escolar es también una odisea para quienes optan por la enseñanza privada. Esto ocurre por los aumentos en las inscripciones y colegiaturas, así como por la exigencia de compra obligatoria de libros, cuadernos y material escolar en los mismos planteles, que violan el acuerdo de 1992 sobre la comercialización de los servicios educativos.

En 2004 la Profeco recibió 2 mil 610 quejas contra escuelas particulares por negativas a cancelar el contrato, a bonificar o devolver colegiaturas o inscripciones cubiertas y el condicionamiento para entrega de documentos, así como por servicios deficientes; este año lleva casi mil.

El acuerdo de 1992, vigente, establece que:

* Las escuelas deben informar a los padres de familia el costo total por inscripción o reinscripción, colegiaturas, servicios de alimentación, calendario de pagos, descuentos y recargos, así como las listas de actividades adicionales.

* Por ningún motivo los cobros podrán pactarse en moneda extranjera, y los planteles deberán aceptar sin recargo alguno los pagos de colegiaturas durante los primeros 10 días naturales de cada mes.

* Las escuelas están obligadas a no incrementar las colegiaturas durante el periodo escolar, a menos que lo acuerden con la mayoría de los padres de familia previa convocatoria.

* Tampoco deben establecer cuotas o aportaciones extraordinarias, y los donativos que soliciten, en efectivo o en especie, deben ser estrictamente voluntarios.

* Tienen prohibido exigir la adquisición de útiles escolares, vestuario, libros y otros artículos con determinados proveedores y pedir que los útiles y vestuario sean nuevos.

* El uso de uniforme escolar no es obligatorio, por lo que los padres de familia podrán convenir con los planteles su diseño, costo, calidad y proveedores, con la libertad de adquirirlo donde prefieran §