En los cinco años de este gobierno, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagarpa) no concretó ningún proyecto para impulsar la industria cañera, salvo la estrategia denominada Política Azucarera Nacional 2002-2006, que no se aplicó.

En el apartado de "Acciones inmediatas" del documento, el gobierno propuso crear una cooperativa (Asociación Cooperativa Exportadora) "para comercializar como única vía los excedentes de azúcar", un "sistema de individualización de la caña" y la "negociación de la cuota de exportación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)".

Sin embargo, México no tendría que buscar la venta del sobrante de azúcar si exigiera a Estados Unidos cumplir con el TLCAN y aceptar el excedente del dulce mexicano. Washington incumple esta disposición desde octubre de 2000, acumulándose cada año inventarios por 800 mil toneladas.

En cuanto al "sistema de individualización de la caña de azúcar", lo que el gobierno propuso es que ingenios y productores negociaran contratos individuales, precisamente lo que la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, impugnada por el Ejecutivo, busca evitar, pues deja en desventaja a los que venden.

La nueva ley propone crear un padrón de productores asentados en la "zona de abastecimiento" de un ingenio y, como organización negocien las condiciones de siembra, cosecha, entrega e industrialización de la caña.

Nuevo órgano

En el mediano plazo, la estrategia oficial buscaba la modernización del marco regulatorio y jurídico "al ritmo que determinen empleadores y trabajadores"; "fomentar una nueva relación campo-industria basada en la lógica de mercado (contratos individuales)" y democratizar la participación de las organizaciones.

Salvo los contratos individuales, las otras dos medidas están en la nueva ley. Industriales y productores impulsaron la normatividad vetada, mientras las organizaciones tienen ahora mayor libertad para participar en las negociaciones de la zafra. El único requisito es que estén asentadas en la "zona de abasto" y garanticen al menos 10 por ciento de la producción de azúcar de ese ingenio.

Es cierto que no se evitarían vicios corporativos dentro de las organizaciones, pero ante el dueño del ingenio los productores negociarían como bloque homogéneo.

En cuanto al ordenamiento del mercado, lo que no propone la estrategia oficial está asentado en la ley. Por ejemplo, que las relaciones entre industriales y productores se rijan mediante un contrato que contenga elementos como: terreno de siembra contratado, vigencia, forma de pago, intereses ordinarios y moratorios, sanciones para las partes en caso de incumplimiento y causales de rescisión.

Respecto al precio de referencia, el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar ­órgano público descentralizado de nueva creación­ lo fijaría al inicio de cada zafra (en octubre), tomando en cuenta la opinión de productores e industriales.

Este comité estará conformado por un órgano directivo, encabezado por el titular de la Sagarpa y representantes de las secretarías de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente; además de las cámaras del ramo y organizaciones campesinas, y se encargará de definir el programa nacional de la agroindustria de la caña de azúcar.

Dicho programa, inexistente sin la ley, deberá someterse a la consideración del Ejecutivo y contendrá lo siguiente: balance del sector azucarero, incluidos los efectos en el mercado de la fructosa; políticas de financiamiento y competitividad en costos y precios. Incluirá aspectos del desarrollo de tecnologías, análisis y repercusiones de los tratados comerciales, comportamiento de los mercados y los objetivos, metas y estrategias.

La Política Azucarera Nacional 2002-2006 preveía la creación de productos derivados de la caña de azúcar. Pero la ley impugnada es más avanzada, pues contempla la creación del Centro de Investigación Científica y Tecnología de la Caña de Azúcar, encargado de desarrollar productos para las industrias energética (etanol, gas sintético, carburante de gasolina), alimentaria (sucralosa, olestra, frutoligosacáridos) y farmacéutica (sucralfate, polisucrose, ésteres especiales, epóxidos, sucrogel o bioplásticos derivados de la sacarosa).

Pendientes en la industria

Desde 2000, el Congreso de la Unión recibió ocho proyectos para reformar el decreto cañero de 1991. En ninguno participó el gobierno federal, salvo por "reuniones de consulta y análisis", reconoce la Sagarpa. De ahí que la ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar sería el primer esfuerzo serio y consistente por regular las relaciones entre ingenios y productores, más allá de la política del decreto.

Esta norma incluye figuras novedosas, como el comité nacional, comités regionales (delegaciones del primero), comités de producción (industriales y campesinos) y una junta permanente de conciliación para dar certeza jurídica a las partes del proceso productivo.