Ineficiencia electoral
La eficiencia es un concepto clave en los procesos de gestión, sea en la actividad productiva de una empresa o en la política pública a escala de un gobierno. Hay distintas maneras de definirla y también de medirla: desde los criterios estrictos de los rendimientos materiales o financieros que se obtienen, hasta incluir consideraciones de tipo social.
La política pública en México parece haber renunciado a conseguir la eficiencia. Ahora está de plano en la contemplación de la estabilidad financiera. Lo que no se sabe es cómo podrá salir de ella un mayor crecimiento del producto y la mejoría real de las condiciones de existencia de la gente.
Uno de los rasgos característicos del sistema económico mexicano es su ineficiencia general, cuyas manifestaciones adversas están por ahora contenidas por la relativa estabilidad agregada.
Pero la falta de eficiencia en sentido amplio, o sea, considerada en términos económicos y sociales, se extiende más allá del campo en el que supuestamente se debe crear más riqueza y distribuirla mejor.
En efecto, como una colectividad habría que considerar de modo específico la ineficiencia de la política electoral del país, sobre todo hoy, en plena temporada del proceso que prepara los comicios para la Presidencia en 2006.
El sistema electoral que se ha creado en los años recientes es sumamente oneroso y sus resultados no corresponden con la cantidad de recursos que se destinan a la contienda política. Este sistema ha sido creado por los propios partidos políticos y no necesariamente, como indica la experiencia, en función de un modo de gobierno y de una administración de los asuntos públicos cuyos resultados constituyan un beneficio para la sociedad que paga los costos.
El componente económico del quehacer político en México es muy notorio, baste considerar los millonarios presupuestos para hacer campañas dentro de los partidos, según se apreció recientemente en el caso del PRI, y como ocurre dentro del PAN, y luego en el ámbito nacional cuando todos participaran de los fondos públicos. Estos se derraman a otros grandes beneficiarios del negocio, que son los medios de comunicación, principalmente radio y televisión.
El sistema de los partidos se reproduce en un marco legal e institucional, cada vez menos redituable en términos sociales. Con él se reproducen también los mismos personajes políticos con una permanencia notable, particularmente en las cúpulas partidistas y en la distribución de los cargos públicos en los diversos puestos de la administración y del Poder Legislativo.
Y ello se agrava, pues los ciudadanos, ya sea que voten o se abstengan de hacerlo, como ocurre cada vez más, no cuentan con los medios para exigir una rendición de cuentas de quienes viven del erario. Así, los políticos no se someten siquiera al apremio de la relección, aunque ésta existe de facto por la gran rotación que permite sobre todo el sistema proporcional para elegir a los diputados y los senadores en el Congreso. Sigue siendo cierta la máxima de que "vivir fuera del presupuesto es vivir en el error".
Si los personajes se desgastan públicamente, sus discursos también se corroen hasta ser un conjunto de palabras sin contenido que se emiten de modo creciente como un interminable balbuceo. Es poco lo que tienen que decir y son menos los que escuchan. El costo por palabra útil dicha en el ambiente electoral tiende al infinito, y la eficiencia del gasto electoral tiende a cero.
El sistema electoral se ha compuesto igualmente de órganos de control a escala federal y estatal. El Instituto Federal Electoral y los institutos de los estados han sido un instrumento útil para establecer condiciones de confianza en las votaciones. Pero se han cuidado los partidos de no darles suficiente capacidad legal para sancionar faltas y evitar trampas. Además, en una forma muy característica de este sistema de poder, se han constituido en una burocracia con grandes prerrogativas económicas y administrativas que, finalmente, van en contra de los fines mismos que persiguen para acrecentar la credibilidad del proceso electoral.
Esta es una democracia en la que cada voto es sumamente caro en términos absolutos y, también, en términos relativos frente a los sistemas que funcionan en otras partes del mundo. Además de que no está exenta de corruptelas, como aquella de la cual se ha sabido en el caso del estado de México.
En materia de gestión económica, la eficiencia es una carencia ostensible del modo de gestión imperante y de las reformas que se han aplicado por más de 20 años. En materia electoral la ineficiencia se suma a los efectos adversos de la mala asignación de los recursos escasos con que contamos. En plena temporada electoral no se advierten formas para revertir el dispendio y la poca rentabilidad social del gasto del dinero que es del público.