Defender el ambiente se volvió tarea peligrosa
Activistas se enfrentan a crimen organizado y colusión oficial; persecución y muerte, latentes
La persecución de defensores ambientalistas se convirtió en acción recurrente en el país. En los recientes ocho meses fueron detenidos dos activistas y uno más fue herido, además de que los inspectores y trabajadores ecológicos enfrentan trabas y riesgos, sobre todo en Guerrero y Oaxaca.
La lista de personas acosadas por su labor va en aumento. A los casos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes estuvieron dos años en prisión, se han sumado los del rarámuri Isidro Baldenegro; de Araceli Domínguez, en Cancún, y Felipe Arreaga, en Guerrero. Mientras, Albertano Peñalosa, también en esa última entidad, fue emboscado y herido, hecho en el cual dos de sus hijos murieron.
La conservación ambiental es una actividad riesgosa, ya que no sólo se enfrenta a los intereses económicos que se ven amenazados, sino también al crimen organizado, el cual ha llegado a controlar desde el narcotráfico y la tala clandestina hasta el comercio ilegal de especies de flora y fauna.
A ello se suma la negligencia gubernamental ante los problemas ecológicos, porque varios de los casos por los que se han dado las detenciones han ocurrido después que se hicieron denuncias de depredación ambiental.
Araceli Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), fue aprehendida el 23 de mayo cuando, junto con otras organizaciones ambientalistas, comenzó a divulgar un folleto informativo sobre los riesgos a la salud que ocasiona nadar con delfines, una de las "actividades recreativas" que promueve el Parque Nizuc, ubicado en Cozumel, Quintana Roo, propiedad de Bernardo Zambrano.
Ese negocio fue el mismo que hace dos años importó 28 delfines de islas Salomón, situación que se dio de manera irregular y que llevó a la destitución del subsecretario de Gestión Ambiental, Raúl Arriaga, y a que se le estableciera un proceso administrativo; además fue retirado de su cargo el entonces secretario de Semarnat, Víctor Lichtinger.
La detención de Domínguez fue en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por una demanda por difamación que interpuso Zambrano. "La intención fue amedrentar a los defensores de medio ambiente y por eso no acepté pagar fianza, porque era como aceptar responsabilidad por nuestro trabajo, y eso era algo injusto", señala la activista en entrevista.
Recuerda que quedó en libertad luego del apoyo que recibió en Cancún y de que el gobierno de la entidad intercedió para que el empresario retirara la demanda. "Fue un triunfo del movimiento ambientalista. Hasta al director de la cárcel le resultaba incomprensible mi detención.
"Llevo 22 años de trabajo en esto. En todo este tiempo resultan sorpresivas tantas detenciones de ambientalistas. Esto no ocurrió ni cuando estuvo Mario Villanueva, uno de los mayores represores en Quintana Roo. Es la entidad con mayores crímenes ambientales", asevera.
En las zonas donde está la mayor riqueza de recursos naturales, como bosques, ya se han destruido refugios de biodiversidad y de comunidades indígenas. "Ahí es donde se imponen los cacicazgos, que tienen la figura del narcotráfico y vínculos con el poder, no sólo estatal, sino también con el Ejército. Es ahí donde los defensores de los recursos naturales enfrentan peligro de muerte", señala por su parte Alejandro Calvillo, director de Greenpeace.
Puntualiza que los defensores ambientales se ''enfrentan a grandes mafias madereras, del narcotráfico y a las autoridades judiciales, como ha ocurrido en Guerrero y Chihuahua, donde existe gran riqueza forestal, y la presión motivó a que la situación cambiara un poco. En Quintana Roo el Poder Judicial está al servicio de los poderosos de la región, aunque el caso más extremo es Guerrero, por todo lo que se ha ido sumando.
"Uno pensaría -continúa- que después de que a Rodolfo Montiel le dieron el premio Goldman habría mayor atención del gobierno a la zona, y esto no ha ocurrido. El caso más reciente es el de Albertano Peñalosa y el encarcelamiento de Felipe Arreaga."
Los problemas se dan en sitios en los que hay enfrentamiento con el poder económico regional: ''los grandes madereros podrían estar metidos en el narcotráfico y no son casos aislados; lo que sucedió con los tarahumaras tenía un patrón similar a lo ocurrido en Guerrero. Lo sorprendente es la poca conciencia en los sectores políticos sobre la cuestión ambiental".
Sumada a los casos de las organizaciones no gubernamentales, está la situación que enfrentan los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp), ambos organismos desconcentrados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El pasado 15 de abril fue asesinado por la espalda Miguel Angel Maya, jefe de proyectos de la Conanp en la Región Prioritaria para la Conservación de los Chimalapas. En el momento del hecho, Miguel Angel realizaba trabajos de revisión de brechas cortafuego que se habían hecho con recursos del Programa de Empleo Temporal en la congregación de Benito Juárez, en San Miguel Chimalapa. Antes de este hecho, el 30 de junio de 2004, en la misma región, Tirzo Bante fue asesinado, aunque se argumente que fue confundido con otra persona.
El presidente de la Conanp, Ernesto Enkerlin, considera que estos acontecimientos son aislados. Los dos ocurrieron en Oaxaca, donde "hay cierta recurrencia de hechos violentos por las formas de arreglar las cosas que se tienen ahí, y que, obviamente, se rechazan".
Precisa en entrevista que el primer caso, "hasta donde se conoce, fue una confusión de identidad, y el más reciente es preocupante, porque fue artero, planeado, con toda alevosía para asesinar al compañero que hacía verificación de trabajos de conservación y podría estar ligado a problemas intercomunitarios".
Asevera que también en el parque nacional Lagunas de Chacahua, cerca de Puerto Escondido, hay problemas por invasiones en el área natural protegida por parte de la organización Frente Amplio de Lucha Popular, y el personal ha sido amenazado. Son dos focos rojos porque "en sitios como la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, donde hay bandas organizadas, no se han dado hechos de este tipo".
Los inspectores de la Profepa, con salarios que van de 5 mil a 9 mil pesos mensuales, hacen su trabajo por vocación y por interés en la conservación ambiental, indica el ex subprocurador de Recursos Naturales, Adrián Gálvez. "Tienen un alto grado de responsabilidad, ya que, además del riesgo físico a que se enfrentan, también tienen uno legal, y ante ello se ha buscado elevar sus ingresos porque en otras dependencias los salarios son mayores.''
La inspectora de recursos forestales, Verónica Ortiz, con unos 14 años de trabajo, dice que cuando realizan un operativo siempre van acompañados de la fuerza pública, porque la gente suele estar armada y pueden enfrentar serios problemas. "Hay zonas donde se puede actuar, pero están las áreas críticas, donde los riesgos son mayores." Recuerda que hace unos años en el parque nacional de Zoquiapan, el aprovechamiento ilegal de madera era una constante, y el líder de una de las bandas la amenazó; "en esos casos lo mejor es salir, porque se corren riesgos", precisa.
Carlos Nájera, también inspector, recuerda una persecución de la que fue objeto en Huitzilac, una de las regiones críticas forestales, donde, a pesar de que el grupo de la Profepa iba acompañado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República, fueron perseguidos porque gente de la comunidad pensó que llevaban algún detenido, pero cuando constataron que no era así, los dejaron ir. "Hacemos nuestro trabajo hasta donde se puede, no somos héroes ni tratamos de serlo. Y lo hacemos con la convicción de que es importante aunque si vemos la situación grave, nos retiramos, siempre hay peligro", asevera.