En los pasados dos años se han presentado más de 70 demandas de juicio laboral
Despidos injustificados, práctica común en el Cinvestav, denuncia el sindicato
Aplica Rosalinda Contreras política de hostigamiento laboral, afirma líder del gremio
La dirección general del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a cargo de Rosalinda Contreras Theurel, ha enfrentado en los dos años pasados más de 70 demandas de juicio laboral por despidos injustificados en contra de los trabajadores sindicalizados de apoyo y administración, 99 por ciento de los cuales han sido ganados por los afectados, que debieron ser reinstalados además de recibir salarios caídos y prestaciones, lo que afecta, afirma el Sindicato Unico de Trabajadores del Cinvestav (SUTCIEA), los recursos destinados a la investigación.
Además, en contra de convenios como condiciones generales de trabajo o el convenio interno, desde agosto de 2004 desapareció de la guardería para los hijos de los trabajadores el tercer grado de prescolar, "y ahora pretende eliminar el nivel dos, con la tendencia a borrar del mapa el jardín infantil y la fuente de trabajo de por lo menos 18 personas, el cual existe desde hace más de 20 años", denunció el comité ejecutivo de dicho gremio.
José Antonio Rosas Valeriano, secretario general, y los secretarios de trabajo, Jaime Estudillo Ororzco; de organización, Roberto Ramírez García; de previsión social, Emiliano Sánchez Villanueva, y de prensa y propaganda, Alberto Rodríguez García, denunciaron que desde el inicio de la actual administración la directora Contreras Theurel y el director de Planeación, Luis Alfonso Torres Gómez, mantienen, al igual que en el caso de los trabajadores académicos, una política laboral de hostigamiento en contra de los cerca de 900 sindicalizados, que incluyen violaciones a los derechos laborales, despidos injustificados, amenazas de levantamiento de actas, desconocimiento de prestaciones y derechos adquiridos, establecidos en los acuerdos bilaterales que rigen las relaciones de trabajo.
Además, las plazas vacantes son canceladas, como ha sucedido con 24 que la dirección general "se niega a cubrir desde hace dos años; las autoridades se resisten a emitir las convocatorias correspondientes, lo cual afecta directamente a los trabajadores al impedir los corrimientos escalafonarios".
Los despidos injustificados han sido atendidos por la asesoría legal del sindicato, en manos del despacho Campos Aragón, que ha interpuesto más de 70 juicios laborales -sin contar los que lleven a cabo otros despachos jurídicos de manera individual-, y el sindicato responsabiliza de "estas acciones arteras" no sólo a la dirección general, sino también a la actual administración a cargo de Víctor Manuel Gutiérrez Lugo, María Estela Bucio Velázquez, y el asesor jurídico Alberto Nava Garcés.
En el caso de la guardería para hijos de trabajadores sindicalizados, el 13 de julio de 2004 la dirección general demandó al sindicato ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para eliminar el artículo cuatro párrafo primero del convenio interno 2003-2005, con base en que la reforma al artículo III constitucional hace obligatoria la educación prescolar, y en dicho convenio sólo se habla de "guardería", por lo que deberían desaparecer los servicios de educación en ese centro de atención infantil.
La dirección general adujo, en su escrito al tribunal, que en dicha reforma los legisladores omitieron contemplar la problemática "de quienes ofrecían, en su momento, como prestación sindical, el servicio de guardería para los menores destinatarios de la norma fundamental, pero más aún, y en el caso que nos ocupa, entendemos la dificultad para circunscribirse a la problemática que representa para un organismo que imparte educación de posgrado incluir como una obligación el extremo opuesto de la misma. Esto es, romper con la naturaleza para la que fue creado".
El sindicato contrademandó el 24 de agosto de 2004 ante el mismo tribunal. Sostuvo que no se pueden revisar las Condiciones Generales de Trabajo, en virtud de que "no existe plazo cumplido para ello", y porque, además, se encuentran aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación, "lo cual, al ser una norma jurídica, obliga a las partes en los términos pactados y que quisieron obligarse".
La resolución del tribunal sobre esta controversia podría salir en estos días. Por lo pronto, el sindicato se prepara ya para cualquiera que sea la decisión.