La Policía Federal, Pemex, Aduanas, PGR, CFE e IMSS, entre las más corruptas

IP paga sobornos a autoridades por $120 mil millones al año

Diagnóstico elaborado por el CEESP a petición de la Secretaría de la Función Pública

Sesenta y seis por ciento de las empresas aceptarían pagar dádivas a cambio de contratos

DAVID ZUÑIGA

Las empresas mexicanas gastan alrededor de 120 mil millones de pesos al año en sobornos a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a legisladores, informó ayer el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Mario Rodarte, al presentar la Encuesta de gobernabilidad y desarrollo empresarial 2005.

El diagnóstico, elaborado a petición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), señala que las dependencias federales más corruptas son la Policía Federal (judicial y preventiva), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Administración General de Aduanas, la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía. La Presidencia de la República figura en el último lugar en una lista de 17 entidades con una puntuación de cuatro en una escala donde uno es "honesta" y siete es "deshonesta".

Además, reconoce que las corruptelas son más frecuentes entre las grandes empresas, con una incidencia de 25 por ciento.

La industria en la que se detectaron más irregularidades fue en la construcción, que ha sido la de mayor crecimiento durante la actual administración.

Además, entre los empresarios existe la impresión de que el Poder Judicial no es confiable, no contribuye a resolver conflictos ni aplica las leyes por igual a todas las empresas.

Según el sondeo, elaborado entre 2 mil 650 empresas de distinto tamaño y de todo el país, las instituciones con peor servicio al público son las corporaciones policiacas, los juzgados y agencias del Ministerio Público y el IMSS, y las mejor calificadas fueron los dictaminadores de Protección Civil, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Las entidades federativas consideradas más corruptas son Guerrero, con una calificación de 2.58 en una escala de uno a siete, Baja California (2.19), el Distrito Federal (2.09), Nayarit (2.08) y el estado de México (2.05). Las mejor calificadas son Campeche (1.33), Colima (1.39), y Baja California Sur (1.43).

Sin embargo, en Hidalgo 53 por ciento de los negocios hace pagos ilícitos para influir en el contenido de nuevas leyes políticas y regulaciones; le siguen Tabasco, con 41 por ciento; Zacatecas, con 38 por ciento, y el Distrito Federal, con 33 por ciento.

Mario Rodarte explicó que, a escala internacional, México tiene una calificación de 3.6 en una escala de uno a 10, y aunque ha mejorado en años recientes sigue reprobado.

Veinte por ciento reconoció que hace "pagos extraoficiales" para influir en el contenido de nuevas leyes, políticas y regulaciones, y que estos sobornos equivalen en promedio a 6 por ciento de sus ingresos anuales.

Asimismo, 20 por ciento declaró haber participado en licitaciones públicas y concursos para obtener contratos; una cuarta parte de este grupo afirma haber detectado diversas irregularidades, por ejemplo, que se necesita pagar sobornos para ganar (21 por ciento), que el resultado depende de los "contactos" que se tengan en la dependencia (27 por ciento) y que la asignación ya estaba arreglada de antemano (22 por ciento).

A pesar de que se quejan de la corrupción, 66 por ciento de las empresas reconocieron estar dispuestas a dar un pago clandestino para asegurar una licitación.

En cuanto a la corrupción burocrático administrativa, el documento detalla que 13 por ciento de las empresas sobornó a funcionarios federales, 10 por ciento a estatales y 11 por ciento a municipales para influir en sus decisiones y modificar la aplicación de leyes, políticas o regulaciones, u obtener contratos, concesiones, decisiones judiciales favorables o simplemente para ahorrar tiempo al hacer trámites.

Una de las corruptelas más frecuentes consiste en sobornar a funcionarios del IMSS para que alteren u omitan información sobre las condiciones de seguridad en que laboran los trabajadores.

El CEESP calcula que 34 por ciento de las empresas destina a estas dádivas el equivalente a 6 por ciento de sus ingresos.

El análisis destaca que para 57 por ciento de los negocios encuestados los trámites burocráticos cuestan el equivalente a 10 por ciento de la nómina.

Asimismo, consideran que las corporaciones policiacas y las procuradurías de justicia son las instituciones peor calificadas en los tres niveles de gobierno.

En los estados las secretarías de Vialidad y Transporte, Desarrollo Urbano, Promoción Económica y Tesorería son vistas como las más deshonestas, y en los municipios son las secretarías de Obras Públicas, la Tesorería y el catastro

Inseguridad, principal obstáculo al desarrollo

Desde la perspectiva de los empresarios, la inseguridad (robos, secuestros y otros crímenes) son el principal obstáculo para el desarrollo del país, seguida de la piratería, la economía informal, los sindicatos y la política fiscal.

Otros frenos son los monopolios de empresas públicas, principalmente Pemex y la CFE, y los oligopolios privados (a los cuales no identificó) en el sector telecomunicaciones.

A pregunta expresa, Rodarte señaló que la aprobación de la nueva Ley Federal de Competencia puede contribuir a solucionar esta situación, al darle a la Comisión Federal de Competencia mayores atribuciones para combatir prácticas anticompetitivas como la colusión entre empresas para fijar precios.

Las perspectivas tampoco son alentadoras: 20 por ciento de los negocios entrevistados confía en que la corrupción disminuirá, pero 30 por ciento prevé que el problema se agudizará.