Transgrede la orden de devolver a la Federación los sobrantes de sus presupuestos anuales
Viola la Corte la ley para otorgarse pensiones multimillonarias: PRD
Ordenarán diputados a la ASF revisar 11 fideicomisos creados para aumentar los fondos de retiro
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha integrado 11 fideicomisos con los recursos sobrantes de sus presupuestos anuales para incrementar el monto de las pensiones de magistrados y jueces, con lo que el Poder Judicial ha violado los decretos de presupuesto anuales -aprobados por la Cámara de Diputados-, donde se establece la periodicidad de un año para gastar los montos asignados, y en caso de lograr ahorros, éstos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación.
Miguel Alonso Raya, presidente de la Comisión de Seguridad Social en San Lázaro; Alfonso Ramírez Cuéllar y Francisco Carrillo Soberón anunciaron que la Cámara de Diputados ordenará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que estudie a fondo los 11 fideicomisos de referencia, porque sus beneficios se focalizan en unas cuantas personas; si Mariano Azuela Güitrón, presidente de la SCJN, se jubilara o renunciara, recibiría 4 millones 200 mil pesos por concepto de pensión anual.
La revelación de los legisladores del partido del sol azteca ocurrió dos semanas después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo general de regulación para el plan de pensiones complementarias de magistrados y jueces de circuito, cuyo beneficio podría alcanzar hasta 80 por ciento de los ingresos netos mensuales de los integrantes del Poder Judicial, y sería adicional al recibido por parte del ISSSTE. En caso de existir beneficiarios de los funcionarios, ya sean cónyuge, concubina o hijos menores, la pensión a recibir sería la mitad de la entregada al titular.
Los requisitos para la procedencia de la pensión complementaria son haber cumplido 65 años de edad o 25 de servicio en el Poder Judicial. A partir de esos mínimos, el funcionario público tendrá acceso a una parte proporcional de acuerdo con la edad y los años de trabajo (jubilación anticipada), y el total se obtendría a los 75 años.
Asimismo, el diputado Alonso Raya confirmó que el acuerdo prevé compensaciones después de los 70 años. Por ejemplo, un juez o magistrado con esa edad y 30 años de servicio sería acreedor al total de la pensión. Además de esa excepción, existen 121 combinaciones entre edad y años de servicio en las que el promedio para alcanzar 80 por ciento de los recursos se da en 66 de esos casos.
El financiamiento del plan depende del fideicomiso 4657-4, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el banco HSBC. El origen de ese mecanismo data del 3 de abril de 1996, cuya aportación inicial fue de 155 millones de pesos, los cuales provinieron de ahorros en el presupuesto que no fueron devueltos a la Tesorería de la Federación.
En 2003 el fideicomiso tenía 81 beneficiarios: 53 directos y 28 indirectos, y cuando la ASF analizó y fiscalizó los recursos detectó irregularidades en la entrega de las pensiones. Concluyó que los expedientes carecen de información relevante para determinar si éstas fueron otorgadas conforme a las reglas y procedimientos establecidos, como el acta de matrimonio, la solicitud de pensión, el nombre del beneficiario o titular de ésta, la edad al retirarse y la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación. Incluso, en ninguno de los expedientes revisados se encontró el acta de la sesión del comité técnico en la que se autorizó el otorgamiento de la jubilación.
"Resulta cuestionable que mientras el gobierno federal y distintos sectores se pronuncian por revisar las pensiones de los trabajadores sujetos a contratación colectiva, como es el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del IMSS, o la homologación a la baja de las pensiones de los servidores públicos afiliados al ISSSTE, el Poder Judicial federal permita disposiciones que amplían sus sistemas de retiro de auténtico privilegio en el país", criticó Miguel Alonso Raya.
El coordinador económico del PRD en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, dio a conocer la orden a la ASF para que realice una nueva revisión a los 11 fideicomisos de referencia. "Nos preocupa que la Corte sea la primera en violar la ley. Prácticamente en todos los decretos del presupuesto viene un señalamiento expreso de que los remanentes que tienen las distintas dependencias y poderes de la Unión deben ser reintegrados a la Tesorería".
En la fiscalización elaborada por la Auditoría Superior de la Federación en 2003, insistió Ramírez Cuellar, se descubrió que la Suprema Corte incurrió en una serie de irregularidades, y sólo aceptó regresar 100 millones de pesos, dejando sin efecto la solicitud de que devolviera los ahorros de 2000, 2001 y 2002.