Usted está aquí: sábado 27 de agosto de 2005 Sociedad y Justicia Acusan al gobierno de Baja California Sur de solapar depredación ecológica

Advierten organizaciones del peligro que corren las áreas naturales ante el auge turístico

Acusan al gobierno de Baja California Sur de solapar depredación ecológica

Llaman a las autoridades a privilegiar los intereses ambientales sobre los económicos

ANGELICA ENCISO L. Y RAYMUNDO LEON ENVIADA Y CORRESPONSAL

Ampliar la imagen Organizaciones civiles temen que Baja California Sur sufra las consecuencias del ecoturismo FOTO Fabrizio Le� Foto: Fabrizio Le�

La Paz, BCS, 26 de agosto. Bajo el amparo del gobierno perredista, en la entidad se dio el auge de desarrollos turísticos, el cual puede llevar a que en este lugar se establezca el modelo depredatorio que se dio en Acapulco y Cancún, ya que en toda la región existen estos proyectos, que incluyen campos de golf, marinas, villas, centros comerciales y hoteles.

Ambientalistas del estado, integrados en las organizaciones Ciudadanos Preocupados por La Paz y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), señalaron que las inversiones en los desarrollos turísticos, los cuales se realizan en la zona considerada por su riqueza biológica como "el acuario del mundo", se han desatado en los años recientes.

Frente al malecón de esta ciudad se encuentra El Mogote, una península de 500 hectáreas, parte de ellas propiedad del gobierno estatal y que fueron vendidas al empresario Luis Cano Hernández en 2004 por el entonces gobernador Leonel Cota Montaño, a un precio de 12.85 pesos el metro cuadrado.

A unos días de que se realizó esta operación se dio a conocer el proyecto Paraíso del Mar, que ya se promueve y del cual se han comercializado 360 residencias, aunque aún está en revisión la Evaluación de Impacto Ambiental. "Existen irregularidades en la manifestación de impacto ambiental que presentó la empresa, entre ellas que la zona de manglar se verá afectada con el desarrollo, además de que no se señala la presencia de la ballena de aleta, la cual se ha detectado que se reproduce en esta zona", indicó Pablo Uribe, integrante del Cemda.

El 23 de agosto comenzaron los trabajos del camino de acceso a lo que será el desarrollo, el cual contempla mil 500 villas, 2 mil cuartos en condominio y 2 mil de hotel, dos campos de golf, una plaza comercial, un parque recreativo, escuelas y hospitales privados, con una inversión de 900 millones de dólares.

Esta obra se realiza a pesar de que en julio pasado Ciudadanos Preocupados por La Paz interpuso un recurso de revisión ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para pedir la suspensión del desarrollo, y aunque aún no se ha resuelto el caso, las obras de la carretera ya comenzaron.

El pasado 23 de agosto, el empresario Cano Hernández puso en marcha las obras de la carretera que llevarán al desarrollo turístico. A su lado estaban el gobernador Narciso Agúndez y Víctor Castro Cosío, presidente municipal de La Paz; ninguno de estos funcionarios asistió a la celebración ni a las conferencias de prensa que se realizaron con motivo de la declaratoria de las Islas del golfo de California como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).

En la zona de Balandra las aguas cristalinas y los manglares son el centro de disputa entre el empresario Miguel Alemán Magnani, las familias Sáenz y Figueroa -las cuales también se ostentan como dueñas de una parte del lugar- y la comunidad de La Paz, que la quiere mantener como área recreativa. Cerritos, Los Barriles, Ciudad de los Muertos (cerca de Cabo Pulmo -área natural protegida-), Maravilla y Loreto, son algunas de las localidades donde el gobierno estatal ya autorizó el establecimiento de proyectos turísticos que desplazarán a los residentes de sus playas públicas, tendrán un alto consumo de agua en una zona desértica y que se planean enmedio de un entorno natural rico en diversidad biológica. Para evitar daño ambiental en toda la región se debe aplicar de manera estricta la legislación ecológica y evitar que los intereses económicos tengan más peso que los ambientales, señaló Uribe.

 
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