Ramón Gámez, el Zar de los contratos de protección, está preso por abuso de menores
Convenios irregulares de trabajo dan inmensa fortuna a pederasta
Para lograr un emporio así debió contar con la complicidad de autoridades y patrones, afirman
La sede de su federación no parece, ni de lejos, local sindical. Algunas puertas son de madera labrada, y como decorado hay muebles antiguos, óleos y algunas esculturas. Todo es muy pulcro. En su oficina hay fotografías de sus aventuras de cacería por Africa y, se dice, visitaba frecuentemente el Tibet para hacerse tratamientos contra el envejecimiento y la calvicie.
Es Ramón Gámez Martínez, dueño de más de 2 mil contratos colectivos en el país que le generan ingresos mensuales por 10 millones de pesos y el control sobre el destino de más de 50 mil empleados, adscritos a 11 ramas de la industria y los servicios: aviación, petroquímica, puertos, telefonía celular, tiendas departamentales, servicios bancarios, laboratorios farmacéuticos, construcción, alimentos, hoteles, restaurantes, maquiladoras, etcétera.
Mantiene el control en un centenar de empresas, entre las que destaca McDonald's, Cinemex, Xerox, Telcel, Aviacsa, Aerocaribe, Acumuladores Mexicanos LTH, Sony Music Entertainment, Evenflo, Centros de Integración Juvenil, Transportes Figuermex, Transter, Líneas Unidas del Sur; universidades como la Del Valle de México, Latinoamericana, Femenina de México, Colegio La Salle; de las editoriales: Planeta, Bruguera, Gustavo Gili, "y hasta agencias de noticias (sic) como El Universal"; además, la mayoría de líneas aéreas extranjeras que operan en México, entre muchas otras.
Sólo en el Distrito Federal, según información de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cinco de los sindicatos donde ha sido registrado como secretario general tienen mil 400 contratos que involucran a más de 30 mil trabajadores. Uno de los más grandes es el Progresista Justo Sierra de Trabajadores de Servicios de la República Mexicana. En 10 más aparece como secretario general adjunto, alternando con algunos de sus empleados y socios como titulares: Rubén Romo Martínez, José Sergio Guerrero Villa, Alejandro García Orozco, Antonio Bourge Ruiz y Jorge Trejo Hernández.
Para construir ese "emporio" en el mundo del trabajo es necesario contar con la complicidad de autoridades y patrones. El tuvo ambas condiciones en su favor, pero sobre todo el apoyo del ex secretario de Trabajo Arsenio Farell Cubillas, quien le puso toda la estructura laboral a su servicio. Por eso a Gámez le llaman el Zar de los contratos de protección.
Lo anterior son algunos apuntes de un documento elaborado en fuentes gubernamentales de alto nivel; una descripción exacta del hombre que desde abril pasado se encuentra en prisión bajo los cargos de tráfico y abuso sexual de menores.
Lo que era un secreto a voces en los corrillos de las centrales obreras y los tribunales del trabajo, respecto al poderío de Gámez y su excéntrica forma de vida, tomó dimensión la semana pasada cuando María Angélica Barojas Pérez denunció -en una entrevista realizada en un noticiario de Televisa- que su hija había sido violada "por ese señor". Como si se tratara de un negocio más, el "dirigente" hacía firmar a las adolescentes cartas en las que las menores detallaban sus "derechos y obligaciones" en la "relación" con él.
Más allá de presentar otra denuncia sobre pederastia, la señora María Angélica hizo un llamado a las autoridades judiciales para que no permitan que el Zar de los contratos de protección sea liberado porque "no tengo la menor idea de lo que podría suceder si este hombre sale de la cárcel".
Y es que, como se precisa en la investigación en poder de funcionarios gubernamentales (cuya copia posee este diario), la fuerza de Gámez es real. Este agobado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, es de aspecto impecable, sus trajes finos y trato amable contrastan con la imagen y los modos de los líderes sindicales tradicionales. Aunque no se aparta de todos, porque se dice que llegó a compartir viajes de cacería a Africa y Asia con Joaquín Gamboa Pascoe, actual líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
El "dueño" de la Federación Sindical Coordinadora Nacional de Trabajadores (FSCNT) comenzó su carrera en los años 70 como asesor de gremios independientes, como el de Envases de Hoja de Lata. Cuando la empresa McDonald's llegó a México, en la década de los 80, y puso su primer establecimiento en el Distrito Federal, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) estalló una huelga para obtener el contrato de los nuevos empleados.
Sin embargo, la trasnacional se quejó con el entonces secretario del Trabajo Arsenio Farell, y le pidió su intervención para crear un sindicato patronal. El secretario intervino y convenció a la CROC (otra de las beneficiadas de su gestión) para que le vendiera por un millón de dólares el contrato colectivo al sindicato "progresista" de Ramón Gámez.
Este personaje, según las fichas informativas ahora en poder del gobierno del federal, representa un "nuevo sindicalismo, apolítico, moderno"; con absoluto control sobre los contratos firmados a espaldas de los trabajadores, al grado de convertir estos documentos que rigen la relación laboral de las empresas en una franquicia que, a su vez, alquila a otros líderes sindicales. Negocio redondo.
Una excelente muestra de ese sindicalismo, desligado de los movimientos sociales ("nunca los verán en los desfiles del 1º de mayo", escribió María Xelhuatzin, asesora del Sindicato de Telefonistas), ocurre en las franquicias de McDonalds. Cuando estos comercios se multiplicaron en el país, el abogado-líder vio crecer sustancialmente su patrimonio.
Farell Cubillas también intervino cuando se creó Cinemex; el funcionario sacó a la CTM de esa empresa y metió a la federación de Gámez. Lo mismo ocurrió con las líneas aéreas. Ahí destaca la historia de Aviacsa: en complicidad con el sindicato "fantasma", la empresa ha despedido -desde 1999 a la fecha- casi 40 pilotos por intentar afiliarse a una organización gremial distinta. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con su "servicio de contratos a la carta", Gámez absorbió a gerentes de empresa y los puso a trabajar en su despacho. Tal es el caso de José Luis Esquivel (ex gerente de Relaciones Industriales de Mexicana de Envases), a quien le ofreció el negocio de los contratos de protección en Aguascalientes, Zacatecas y Durango.
La riqueza de este zar es presuntamente explicable: de manera obligatoria aplica un descuento de 2 a 3 por ciento a la nómina de los afiliados a la FSCNT, además de las "aportaciones de gestión" que le entregan las empresas. Es decir, dinero fresco para que los patrones no tengan que enfrentarse a conflicto laboral alguno, como lo reconoció el abogado patronal Jorge A. del Regil en una declaración asentada en el documento gubernamental:
"En 40 años que llevo en esto, he firmado contratos de protección con todas las centrales sindicales. Es una salvaguarda para que no me cierren una fábrica un grupo de facinerosos que quiere dinero. Lo que hecho con la CTM, la CROC, la CROM, con la federación de Gámez, con la Federación de Nuevo León, con la COM. Pago por mi protección. Así de frío y de descarado es el tema."
Ramón Gámez presume que sus contratos están entre los mejores en materia de modernización laboral, flexibilidad en la contratación y en las relaciones obrero-patronales. Sus abogados se convierten en secretarios generales de los sindicatos en distintas ramas; su federación también renta sus registros o compra otros.
Al "dirigente" se le vincula con el asesor empresarial Tomás Natividad, el cual resuelve los problemas laborales de los afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana.
En el libro El despertar de México (Océano, 2004), Julia Preston y Samuel Dillon, ex corresponsales de New York Times, hablan de los "abogados que actuaban en calidad de gerentes(...) Gámez, acaudalado abogado trotamundos, cuyas pasiones incluían el coleccionismo de antiguos muebles chinos y de arte popular africano, además de su gusto por las mujeres jóvenes, de preferencia menores de 15 años".
Al final del documento confidencial, se apunta en torno al "sindicalista moderno": tiene contratos y departamentos de su propiedad en puertos turísticos importantes de México, como Cancún, Acapulco y Cabo San Lucas... Hasta antes de ser encarcelado residía en Isla Mujeres, Quintana Roo, y pasaba temporadas en Miami.