Adela Mac-Swiney González,  Madrid

El presupuesto destinado a la protección social en la Unión Europea (UE) ha caído de modo continuo desde 1996. Ahora, se enfrenta a la peor crisis, luego de que Francia y Holanda no ratificaron la Constitución europea, en buena medida por el temor de sus ciudadanos a perder los beneficios del estado de bienestar en medio de reformas que involucran el conjunto del gasto social.

La crisis se agravó en la reciente Cumbre de Europa, cuando no se llegó a un acuerdo sobre los presupuestos de 2007 a 2013 en medio de la polémica entre quienes ven la UE como gran mercado y quienes la prefieren como una región políticamente integrada.

El financiamiento de los regímenes de protección social es un asunto candente en los estados miembros de la UE, pues los gastos aumentan de modo constante, mientras los ingresos, basados sobre todo en las contribuciones salariales, se han estancado a causa de un nivel insuficiente del empleo. Ha sido muy difícil aumentar las contribuciones sociales que gravan los salarios y se consideran ya demasiado elevadas en muchos de esos países, a lo que se suma el consenso de la necesidad de disminuir el costo social de la mano de obra poco calificada.

Las reformas a los sistemas de protección social involucran la diversificación de las fuentes de financiamiento mediante impuestos y la consecución de un equilibrio entre protección social legal y complementaria. Se contemplan severos recortes a los beneficios sociales, tanto en pensiones como en cobertura de paro. La media europea en asignación al gasto social es de 28.5 por ciento del PIB, del cual dos terceras partes se destinan a los sistemas de pensiones y a la asistencia sanitaria. Esta parte es muy relevante en términos distributivos, pues se considera que sin transferencias sociales, cerca de 40 por ciento de los hogares viviría en pobreza relativa, cifra que se reduce, con el régimen fiscal y de prestaciones a 17 por ciento.

De acuerdo con un informe publicado por Eurostat sobre la evolución de la protección social en Europa entre 1992 y 2001, los cuatro países con el mayor nivel bajaron su gasto social en relación con el PIB: Suecia en 2.6 puntos porcentuales, Dinamarca 1.9, Francia 1 y Alemania 0.1.

En la década de 1990 España retrocedió en la posición respecto a gasto social del 12 al 14 lugar, seguido por Irlanda, que pasó del 14 al 15, mientras Grecia se ubicó ya en la media europea. De hecho, Grecia y Portugal hicieron un notable esfuerzo al aumentar su porcentaje de participación del gasto en el PIB en 6 y 5.5 puntos porcentuales, respectivamente, mientras Irlanda y España lo disminuyeron en 5.7 y 2.3 puntos.

En cuanto a la protección social por habitante, en las distintas aplicaciones como ayudas a la familia, subsidios de paro, protección a vivienda y exclusión social, España ocupó en ese decenio el penúltimo puesto ­con Irlanda­, con un gasto de 60 por ciento de la media comunitaria, sólo por delante de Portugal, con 57 por ciento, mientras Grecia se adelantó, con 62 por ciento.

Las presiones sobre los sistemas de la seguridad social y, sobre todo, las pensiones en los países de la UE exige decisiones en torno a los llamados fondos de cohesión y adaptar los esquemas vigentes a los patrones demográficos en curso en la región.

Para ello, desde la década pasada la UE ha generado una serie de planteamientos asentados en documentos como: la recomendación 92/442/CEE del consejo, del 27 de julio de 1992, sobre la convergencia de los objetivos y de las políticas de protección social; la comunicación del 31 de octubre de 1995: el futuro de la protección social: marco para un debate europeo y, la comunicación del 12 de marzo de 1997: modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea.

El debate no es nuevo y en términos generales se reconoce que una parte esencial del modelo social europeo se constituye por sistemas de protección social que ofrecen redes de seguridad para los menos favorecidos, y contribuye también a facilitar la capacidad de adaptación profesional y conseguir mejores resultados económicos. Por tanto, la protección social es un factor productivo.

Sandalio Gómez, investigador del Instituto de Estudios Superiores de Empresa (IESE) de la Universidad de Navarra, advirtió que la votación contra la Constitución europea y el resultado de la Cumbre Europea de Bruselas: "se han puesto fuera de juego las líneas de estabilidad para los siguientes años y por supuesto se verá muy afectado el tema social".

El primer ministro francés, Dominique de Villepin, anunció un agresivo plan para reducir el desempleo. París dedicará 4 mil 500 millones de euros adicionales para impulsar las contrataciones y el crecimiento económico, ampliará el periodo de prueba para los nuevos trabajadores a dos años, o bien, compensará a las empresas con mil euros por cada desempleado de larga duración que contraten. Además, relajará los requisitos para que las pequeñas empresas puedan despedir empleados, aunque los sindicatos ya han avisado que no permitirán que se ponga en peligro la red de asistencia a los desempleados o las garantías de protección de los trabajadores con las medidas para impulsar la contratación.

Ante ello, Sandalio Gómez consideró que difícilmente se podrá disminuir los apoyos a la protección social en la UE, ya que tendría graves costos, aunque seguramente habrá una congelación de los fondos. Pero lo que pasa en Francia, donde existe un elevado déficit fiscal que supera las metas fijadas por Bruselas, deja en claro que las medidas que se tienen que tomar en el campo económico y político repercutirán de modo adverso en las condiciones sociales.

"Aún es pronto para avizorar los riesgos de esta crisis, pero los temas de jubilaciones y pensiones ya eran gordos para Europa y lo que ha pasado los puede hacer más gordos todavía." Más aún, el investigador del IESE recordó que en la Agenda de Lisboa se estableció la prioridad de hacer de Europa un centro de alta competitividad, lo cual, "por lo pronto ha quedado paralizado", pero subrayó que la única forma de recomponer la unidad de criterios, será sin hacer a un lado la opinión del ciudadano común europeo §