Editorial

Y los próximos 15 meses, ¿qué?

En sus recientes "encuentros ciudadanos" o "rendiciones de cuentas" realizados en Guadalajara, Morelia, Mérida, Veracruz, León y Monterrey, posteriores al mensaje del primero de septiembre, el presidente Vicente Fox dio libre curso a la exaltación de su gobierno y, al igual que en su alocución de San Lázaro, imprimió a sus discursos un sello inconfundible de despedida. Ha acentuado, con ello, la impresión generalizada de que la presente administración concluye 15 meses antes de lo estipulado por el término constitucional.

En entrevistas concedidas a diversos medios nacionales y extranjeros, el mandatario ha hablado incluso de dos tareas para el tiempo que le resta en Los Pinos: preservar la estabilidad económica y contribuir a que la elección sea limpia y tranquila, así como a una sucesión presidencial sin sobresaltos. Esto ha profundizado la idea de un gobierno meramente gerencial, por un lado, y reiterado, por el otro, un propósito impropio, toda vez que, de acuerdo con la legalidad vigente, el Ejecutivo federal no tiene nada que hacer en procesos electorales y sucesorios, los cuales pertenecen al ámbito de facultades de otras instituciones.

No es sorprendente (porque viene de mucho tiempo atrás) la tendencia de Fox a hacer futurismo y precipitar la lucha por el poder ­característica de los fines de sexenio­, con lo que él mismo acota y reduce su propio margen de maniobra. Tampoco sería demasiado relevante, de no ser porque con ello el mandatario afecta en forma negativa a la institución que encabeza y agrava la percepción, generalizada y fundamentada, de un creciente y peligroso vacío de poder en el país.

Tampoco resultan novedosas las contradicciones presidenciales, pues el primero de septiembre se manifestó en favor de acuerdos y negociaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo, y más tarde vetó una reforma legal procedente y necesaria para el país, como la aprobada por el Congreso para dar viabilidad financiera a Pemex: la modificación de su régimen fiscal.

Por lo demás, que el guanajuatense haya venido formulando en estos días un balance no del año pasado de su gestión, sino de lo que va de su quinquenio, obliga al resto de los actores políticos y a la sociedad a realizar un ejercicio equivalente, cuya conclusión no es, de manera alguna, positiva.

Hasta ahora el mérito principal del actual titular del Ejecutivo federal sigue siendo haber llegado al cargo procedente de un partido distinto al PRI. Más allá de ese logro ­cuyo crédito principal no corresponde a Fox, sino a la ciudadanía que hace más de cinco años decidió poner fin al régimen de partido casi único­ es muy poco lo que puede hallarse de encomiable en el desempeño del actual gobierno: haber dado marcha atrás al plan de despojo de tierras a los ejidatarios de San Salvador Atenco para construir allí un aeropuerto ­que el grupo en el poder concebía como la obra magna del foxismo­, haberse negado a participar en la aventura bélica criminal emprendida por George W. Bush en Irak y haber desistido, después de un año de acoso sistemático, de seguir con el hostigamiento por la vía judicial contra el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

En suma, el gobierno de Fox no destaca, hasta el momento, por sus obras, sino por lo que se abstuvo de hacer.

En cambio, ninguna de las promesas de campaña del candidato presidencial y del presidente electo Vicente Fox han sido cumplidas por el hoy todavía mandatario. No hubo solución al conflicto chiapaneco, crecimiento económico, acuerdo migratorio con Estados Unidos, seguridad pública, Plan Puebla-Panamá, reactivación del campo, transparencia, saneamiento a fondo y probidad en la administración pública, respeto al Legislativo, acatamiento pleno de la Constitución, sensibilidad y atención a la sociedad, reforma del Estado, vigencia de los derechos humanos, esclarecimiento de los crímenes represivos del poder ni justicia para las asesinadas de Ciudad Juárez.

Cada una de esas promesas aludía a un conflicto real, pero los problemas correspondientes siguen sin ser resueltos y su vigencia implica peligros para la estabilidad, lastres para el desarrollo o perpetuación de injusticias intolerables. Por ello resulta alarmante la perspectiva de una nación sin gobierno cuando faltan 15 meses para que llegue el término formal de una administración que viene despidiéndose desde hace tiempo.