No reportaron $4 mil millones del fondo Aduanas I
Decide hoy el IFAI si revela irregularidades en fideicomiso
Los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) María Marván y Alonso Lujambio resolverán este día si se abre la información del fideicomiso Aduanas I (núm. 954-8), sobre el cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en 2004 diversas irregularidades por un monto superior a 4 mil millones de pesos que no se reportaron adecuadamente a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Además, se encontró un presunto desvío de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA de CV (ISOSA), la cual en 1995 recibió de la SHCP un traspaso de 432 mil bienes con un valor superior a 46 mil 430 millones de pesos.
Dicha empresa fue fundada en 1993 por instrucciones del entonces subsecretario de Ingresos de la SHCP, Francisco Gil Díaz, y la asesoría del ahora precandidato panista a la Presidencia Santiago Creel Miranda, quien en aquel año era abogado del despacho Noriega y Escobedo.
La empresa, encargada del control del mecanismo de selección aleatoria (semáforo fiscal) y de prestar el servicio de procesamiento electrónico de datos, fue incluso denunciada en 1995 ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la propia SHCP, cuando Guillermo Ortiz Martínez estaba al frente de la misma, como en su momento consignó La Jornada ("Desaparece la SHCP fideicomiso implicado en desvío de recursos", 12/07/2004). A la fecha se desconocen los resultados de esa averiguación.
Según documentos de la SHCP, obtenidos por La Jornada, el fideicomiso Aduanas I se constituyó en el sector público federal el 19 de octubre de 1994, y fue dado de baja y "extinguido" en 2003, cuando contaba con una "disponibilidad" de 4 mil 609 millones 174 mil 629 pesos.
Las irregularidades se detectaron en abril de 2004, en el capítulo de Hacienda, a partir de la revisión de la cuentas públicas 2001 y 2002. Desde entonces, tanto la ASF como legisladores del PRD han reclamado la información sobre el fideicomiso y acerca del traspaso de recursos, misma que ha sido negada por la SHCP, el SAT y Nacional Financiera (Nafin), invocando el secreto fiduciario y el hecho de que ISOSA es una empresa "particular".
Recomendaciones sin atención
La ASF ha emitido varias recomendaciones que no han sido atendidas por esas dependencias gubernamentales. Inclusive, ha solicitado formalmente a los órganos internos de control de esas dependencias que inicien los procesos correspondientes para fincar responsabilidades contra los funcionarios que hayan autorizado las transferencias, suscrito irregularmente acuerdos y negado la información referida, según el senador perredista Jesús Ortega.
Ortega, quien en julio de 2004 demandó ante el Senado la aclaración por parte de la SHCP y el SAT de las irregularidades detectadas, denunció que en 2002 no fueron enterados a la Tesofe 2 mil millones 493.1 mil pesos, correspondientes a la recaudación del derecho de trámite aduanero (DTA).
En su lugar, dicho monto fue depositado al fideicomiso Aduanas I, que a su vez los usaría para el pago de los servicios de procesamiento electrónico de datos, equipo, soporte técnico, sistemas y apoyo y control del despacho aduanero a cargo de ISOSA.
En 2001 tampoco fueron enterados a la Tesofe, por concepto de DTA, 2 mil 250 millones de pesos, ni los recursos correspondientes a 2 mil 295 pedimientos de exportación. Según Ortega, al 31 de diciembre de 2001 el fideicomiso referido tenía un saldo de 4 mil 561 millones 136 mil 300 pesos.
En abril de 2004, Ortega develó que en diciembre de 1995 la SHCP habría traspasado a la empresa ISOSA más de 432 mil bienes con un valor superior a 46 mil 430 millones de pesos, como parte de su patrimonio, sin que a la fecha se conozca qué ha sido de ellos.
Sobre esos traspasos, la SHCP argumenta que se hicieron al amparo del acuerdo vigente el primero de enero de 1995, suscrito entre el subsecretario de Ingresos y el tesorero de la Federación en ese año.
Sin embargo, los diputados perredistas Javier Salinas Narváez, Alfonso Ramírez Cuéllar y Omar Ortega Alvarez advirtieron que en ese acuerdo "no se consignó la fecha ni el lugar de celebración de éste, ni las facultades en que se basaron para firmarlo".
Por ello, desde 2004 los legisladores solicitaron a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que se mandatara a la ASF a fin de que se iniciara "el procedimiento de responsabilidades a que haya lugar ante las autoridades competentes, en contra de los titulares" de la SHCP, Nafin, SAT, ISOSA y el fideicomiso en cuestión.
Ahora toca al IFAI resolver sobre la apertura de la información del referido fideicomiso y el caso ISOSA.