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Miércoles 7 de septiembre de 2005

LAS CUENTAS SECRETAS DE PINOCHET / II

Pinochet en caída

Cuando robar es más peligroso que matar

Patricia Verdugo*

Al decirle que estaba bajo arresto y le recordaron la minuta de "tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser usado en su contra". Pinochet gritó:

- ­¡Esto es absolutamente ilegal!

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REUTERS

En esta foto sin fecha aparecen el entonces secretario de Estado estadunidense, Henry Kissinger, y el general Augusto Pinochet.

Sentada en una acera de la Quinta Avenida, vi pasar a hombres y mujeres cubiertos de polvo, con los rostros desencajados. Martes 11 de septiembre de 2001. Nueva York. Caminaban como autómatas, reflejando el terror en sus cuerpos. Y yo lo sentía en el mío, permaneciendo casi inmóvil en la observación de esta pesadilla que incluía coloridas pantallas de televisión en los escaparates de las tiendas, en las que se repetían una y otra vez las imágenes. La torre que humea, el avión que choca contra la otra torre. Las implosiones que derrumban los edificios.

Me pregunté una y otra vez: ¿sabrán ellos que otro martes 11 de septiembre, hace 28 años, aviones bombardearon el palacio de La Moneda? ¿Sabrán que fue su gobierno, desde la Casa Blanca, el que planificó la pesadilla en Chile? La respuesta fue "no", no lo saben. En mi bolso estaba una copia del libro que ese mismo día debía presentar en Nueva York. La versión en inglés de Los zarpazos del Puma, titulado Chile, Pinochet and the caravan of death. La presentación, obviamente, se suspendió.

Y si los neoyorquinos no sabían del golpe militar en Chile, los chilenos no supimos que ese martes trágico del 2001 iba a repercutir en nuestra historia. ¿Cómo ocurrió? Podríamos decir que un trozo pesado ­cemento y metal­ salió desde la punta de una torre gemela y recorrió el mapa americano para cruzar desde el norte de la isla de Manhattan hasta caer sobre una casa del barrio La Dehesa, en Santiago de Chile. La casa del general Augusto Pinochet Ugarte. Justicia divina, podrá comentar un creyente. El misterio de las sincronías, acotaría un esotérico.

El hecho cierto es que el ataque de Osama Bin Laden a Nueva York y Washington provocó ­entre muchas otras­ una orden perentoria de la Casa Blanca. Una orden para vigilar el estricto cumplimiento de la ley bancaria vigente. Objetivo: que todos los bancos estadunidenses abrieran sus ar-chivos, rastrearan cuentas corrientes y depósitos, hasta dar con los dólares que pudieran estar financiando acciones terroristas.

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AP

En una junta de trabajo con sus colaboradores más cercanos, aparece el general Augusto Pinochet, el 20 de septiembre de 1973, nueve días después del derrocamiento del presidente Salvador Allende.

Fue una "orden amplia" que incluyó investigar a narcotraficantes y vendedores de armas. Todo lo que oliera a lavado de dinero. En nombre de la nueva "guerra santa" entre Occidente y el Islam, los bancos debían develar inclusive los nombres falsos que ocultaban fortunas de dilectos clientes. En el Senado de Estados Unidos, entró en acción el Subcomité Permanente de Investigaciones, dependiente del Co-mité de Asuntos Gubernamentales. Título de la acción: Money Laundering and Foreing Corruption: Enforcement and Efectiveness of the Patriot Act.

Así fue cómo, tras una larga pesquisa, se comprobó que el Banco Riggs había violado la ley bancaria para resguardar la fortuna del general Augusto Pinochet. Y lentamente se fueron acumulando las pruebas hasta que, el 15 de julio de 2004, en Washington, el Senado reveló el primer informe acerca de las cuentas secretas del ex dictador chileno. Una tupida red de nombres falsos, incluyendo "pantallas" para su esposa y sus hijos, ocultaba ­en una decena de cuentas del Riggs­ una fortuna de 8 millones de dólares. Ahora, un año después, las cuentas ascienden a 128 en nueve bancos de Estados Unidos y el monto creció a casi 27 millones de dólares. Fuentes bien informadas aseguran que se llegará a unos 80 millones.

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REUTERS

Augusto Pinochet ofrece la bienvenida a Juan Pablo II, durante la visita del Papa a Chile, el primero de abril de 1987

La fortuna de Pinochet es fruto, obviamente, de la corrupción. Sumando todos sus sueldos como general de Ejército y como jefe de Estado ­en los más de 17 años de su dictadura­ no hay cómo justificar ni siquiera un millón de dólares como resultado de un disciplinado ahorro personal.

No es novedad para los opositores a la dictadura el que Pinochet haya robado de la caja fiscal o haya cobrado comisiones por la compra y la venta de armamentos. Sin tener pruebas, se lo daba como un hecho. Desde que Estados Unidos aprobó la Enmienda Kennedy ­abril de 1976­ que prohibió la venta de armas a países donde se violaran los derechos humanos, Pinochet debió recurrir a costosos mercados alternativos para comprar y decidió, además, montar fábricas nacionales que luego exportaron armas en ventas legales e ilegales. En todas esas operaciones pudo haber suculentas comisiones para el "intermediario".

Para los opositores a la dictadura, la corrupción de Pinochet era un dato menor. La clave estaba en la violación de derechos humanos, con su secuela de más de 6 mil víctimas y más de cien mil torturados. Desde que se inició la transición democrática, en marzo de 1990, el objetivo fue hacer justicia para las víctimas. Pero la pactada transición, con bendición de la Casa Blanca, hizo imposible la tarea. Pinochet retuvo por ocho años más, hasta marzo de 1998, la jefatura del Ejército. Es decir, retuvo una gran cuota de poder, poniendo la pistola sobre la mesa de negociación política. Era intocable.

En ese escenario fue que la Fundación Presidente Allende, con sede en Madrid, decidió actuar para torcerle la mano a un "sistema" que garantizaba su impunidad. Se interpuso la querella en España, en junio de 1996, por genocidio y terrorismo internacional. Todo indicaba que ­de tener éxito­ ese proceso culminaría con una orden internacional de captura dictada por Interpol y una condena en ausencia. Nada más. Pinochet quedaría "condenado" a permanecer en Chile por el resto de sus días. Peor aún. Permanecería en calidad de senador vitalicio, ya que así lo establecía la Constitución vigente que él mismo dictó en 1980. No sólo estaría impune, sino también premiado por la nueva "democracia" chilena.

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AFP

El ex dictador chileno Augusto Pinochet es auxiliado en una comparecencia ante el juez Juan Guzmán para declarar sobre la Operación Cóndor ejecutada durante su mandato.

Seguro de sus escudos protectores, Pinochet se despojó del uniforme e hizo su entrada al hemiciclo del Senado en marzo de 1998. Tan seguro estaba que decidió ir a Europa. Francia le negó la visa. Inglaterra lo recibió. Y en la London Clinic se internó para una operación en la columna. Las alarmas noticiosas sonaron en todo el orbe, el 16 de octubre de 1998, con sólo dos palabras: "arrestado Pinochet". El juez español Baltasar Garzón lo había conseguido, solicitando a la justicia inglesa su arresto y su extradición a España.

Los policías londinenses que lo arrestaron coinciden en su minucioso relato de lo ocurrido en la habitación de la London Clinic. La frase se repite textualmente. Cuando le dijeron que estaba bajo arresto y le recordaron la minuta de "tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser usado en su contra". Pinochet gritó:

­¡Esto es absolutamente ilegal!

Y ahí está la clave para concluir esta historia.

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AFP

Marco Antonio Pinochet, quien tiene cargos por complicidad junto con su padre por tener cuentas secretas en Estados Unidos,, sale de la casa de su padre el 23 de enero de 2001

Chile es un país extremadamente "legalista" en la forma. García Márquez ­durante una visita a Santiago en 1990­ comentó que Chile era el único país donde la ley era best seller. Las leyes ­del trabajo, de renta, de herencia, de arriendo­ se vocean y se venden en las calles. Por eso, tras dar el golpe militar, Pinochet necesitó que la Corte Suprema lo "legalizara" como Presidente de la Junta de Gobierno. Por lo mismo, la Iglesia católica montó un equipo jurídico de valientes abogados y presentó miles de recursos de amparo ante las cortes, intentando salvar con vida a los prisioneros. Y Pinochet necesitó hacer un plebiscito para "legitimar" su Constitución en 1980. Y volvió a recurrir al plebiscito en 1988 ­según lo establecido en esa Constitución­ para permanecer como Presidente por otros ocho años. Lo perdió y tuvo que irse.

Un fuero legal le dio inmunidad como comandante en jefe y otro fuero lo protegió como senador vitalicio. Una ley ­dictada por él­ amnistió todos los crímenes cometidos. Con argumentos legales y asegurando que podía ser enjuiciado en Chile, el gobierno del Presidente Frei luchó por su liberación ante las Cortes londinenses. Finalmente el gobierno británico cedió a la presión, liberándolo "por compasión" en marzo de 2000, dada su mala salud. Los tribunales chilenos lo desaforaron y la inminente condena sólo pudo ser esquivada con el argumento legal de "demencia", lo que impide un debido proceso.

Pero en julio de 2004, el informe del Senado de Estados Unidos develó dos ilegalidades graves en el escenario político chileno. Primero, no está loco. Simula estar loco. Un demente no puede ejercitar una tan agitada gimnasia bancaria como la que comprobó la investigación. Segundo, cometió robos y fraudes para acumular esa fortuna.

Así, desde hace más de un año, la derecha pinochetista chilena tuvo que tomar la decisión de deshacerse de la figura de Pinochet como "héroe de la patria". Hasta entonces, para esa derecha, era el bravo general que combatió al marxismo y ejemplo de probidad. Y estamos hablando de una derecha muy poderosa, en un país donde sólo 16 grupos económicos derechistas controlan 81 por ciento del producto interno bruto. En la lógica de Maquiavello, que todo cambie para que nada cambie. Para que el orden político y económico "pinochetista" permanezca lo más intocado posible, Pinochet y su familia pasaron a ser "impresentables".

Grandes titulares de las dos principales cadenas de diarios ­El Mercurio y Copesa, derechistas ambas­ desgranan semana tras semana el escándalo de las cuentas secretas de la familia Pinochet. El ex dictador se vio obligado a deshacerse de 6.5 millones de dólares como parte del pago por impuestos evadidos. Las cortes dictan nuevos desafueros contra Pinochet en casos de derechos humanos. Y, hace pocos días, fueron arrestados la esposa y el hijo menor de Pinochet como cómplices en el delito de evasión de impuestos.

La saga del auge y caída de Pinochet sigue escribiéndose para la historia. Los defensores de derechos humanos vuelven a arremeter en la esperanza de obtener una condena. Pero quizás, como Al Capone, caerá sólo por evasión de impuestos.

* Periodista y escritora chilena, Premio Nacional de Periodismo (1997), Premio Maria Moors Cabot (Columbia University, 1993), autora de 12 libros de investigación sobre casos de violación de derechos humanos.

Las cuentas secretas de Pinochet / II


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