Usted está aquí: jueves 8 de septiembre de 2005 Economía SCT audita administrativa y jurídicamente al Grupo Aeroportuario del Pacífico

González Schmal dijo a Cerisola que se había demandado rescindir concesión a GAP

SCT audita administrativa y jurídicamente al Grupo Aeroportuario del Pacífico

La privatización de aeropuertos, contraproducente para usuarios y finanzas, dice el diputado

DAVID ZUÑIGA

Ampliar la imagen Pedro Cerisola y Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, ayer en San L�ro FOTO Jos�ntonio L� Foto: Jos�ntonio L�

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realiza una auditoría administrativa y jurídica a Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), informó ayer el titular de la dependencia, Pedro Cerisola y Weber.

En la comparecencia del funcionario ante comisiones de la Cámara de Diputados, el legislador Jesús González Schmal, de Convergencia, informó que ya se ha demandado rescindir la concesión a GAP por haber incumplido sus compromisos de inversión, a pesar de que la SCT le impuso un programa "verdaderamente modesto".

Según el diputado, la privatización de los aeropuertos ha sido contraproducente para los usuarios y para las finanzas públicas; además, la SCT no ha podido meter al orden a los empresarios que sólo han realizado "obras de fachada".

Las empresas privadas que explotan los aeropuertos, agregó, sólo han invertido en cinco años mil 682 millones de pesos, suma "francamente ridícula" si se compara con los ingresos de 4 mil 500 millones de pesos que el grupo ha obtenido sólo por el aeropuerto de Guadalajara.

La privatización, añadió, estuvo viciada de origen y basada en "contratos leoninos", pues GAP sólo pagó por 11 terminales 240 millones de dólares y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le reembolsó 180 millones. De ahí en adelante "todo ha sido beneficio".

GAP está formado por los aeropuertos de Aguascalientes, el Bajío, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Morelia, Mexicali, Puerto Vallarta, San José del Cabo, Tijuana y Manzanillo.

Cerisola respondió que 85 por ciento de las acciones de GAP están en manos de Nacional Financiera (Nafin) y sostuvo que las inversiones de la empresa sí cumplen con lo estipulado en el contrato. "No pueden invertir en lo que quieran".

González Schmal repuso que Aeropuertos y Servicios Auxiliares preside el consejo de GAP; sin embargo, la empresa "tiene la última palabra" y se extranjerizó al bursatilizarse. México, advirtió, está en riesgo de perder los aeropuertos de la misma forma en que perdió los ferrocarriles.

Legisladores de la oposición lamentaron que la Hacienda haya recortado el presupuesto que la Cámara de Diputados le autorizó a la SCT en 2005 y que este año pretenda reducirlo aún más; asimismo, dijeron estar a favor de aprobar más recursos para proyectos de infraestructura; sin embargo, Cerisola les respondió que él no iba a hacer cabildeo para obtener más fondos.

Tomás Cruz Martínez, del PRD, criticó que el gobierno incluya la inversión privada en el Informe de gobierno, cuando éste debería limitarse al uso de recursos públicos.

Los legisladores también propusieron incrementar los salarios de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) y modificar el horario de esta dependencia para hacerla competitiva con las empresas privadas. Además, le entregaron al secretario información sobre presuntos desvíos de recursos públicos en las compras de tierras a ejidatarios para la carretera Guadalajara-Manzanillo.

A la propuesta de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) intervenga para regular el redondeo de tarifas de telefonía celular, Cerisola advirtió que las compañías telefónicas seguramente interpondrán amparos.

Asimismo, garantizó que los proyectos público-privados para la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura no terminarán en un rescate con cargo al erario porque "el riesgo está calculado".

Interrogado sobre la posición de México ante la negativa de Estados Unidos a permitir el paso de transportistas mexicanos, Cersisola advirtió que "sin equidad no habrá apertura" y que está en contra de la aplicación de reglas espejo porque ello implicaría convalidar el trato discriminatorio.

 
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