Exige NL se cancele el envío de residuos tóxicos desde Sonora
Monterrey, NL, 8 de septiembre. Agrupaciones ambientalistas y diputados locales expresaron su repudio a que Nuevo León "se convierta en basurero nacional", y exigieron que se cancele el envío a esta entidad de 2 mil 300 toneladas de residuos peligrosos provenientes de Hermosillo, Sonora, luego de que hace dos días el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José Luis Luege Tamargo, y el gobernador sonorense, Eduardo Bours Castelo, dieron el "banderazo" de salida a los contenedores.
Lamentaron que Nuevo León "se haya enterado" por los medios de comunicación, y no por conductos oficiales, sobre el traslado de los residuos industriales peligrosos que contienen plomo, cadmio y cianuro, los cuales serán sepultados en el municipio de Mina, a 90 kilómetros de esta capital, en el confinamiento especializado de la compañía de capital francés Residuos Industriales Multiquim (Rimsa).
Los diputados Jorge Padilla Olvera, del PVEM; la independiente Liliana Flores Benavides, y Guadalupe Rodríguez Martínez, del PT, coincidieron con María de Jesús Mejía de Marqueda, representante del sector social ante el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la región 1 de la Semarnat, en que deben suspenderse los envíos de material tóxico, porque ya de por sí el confinamiento de Mina "resulta incapaz de dar tratamiento adecuado a los residuos que ha acumulado desde 1985".
Expusieron que casi desde su creación, el confinamiento industrial ha sido "un dolor de cabeza" para los residentes de las comunidades aledañas, quienes han sufrido la contaminación de sus tierras y mantos freáticos, elevada incidencia de enfermedades, como cáncer, así como casos de anencefalia en humanos y animales domésticos.
Padilla Olvera dijo que si bien el confinamiento de 2 mil 300 toneladas de residuos es legal, constituye un "abuso" que la Federación "ni siquiera tenga la cortesía de avisar a Nuevo León, porque el estado debe vigilar que el traslado no represente un peligro para la población en caso de algún accidente vial, ya que durante varios meses estarán llegando vehículos pesados con los desechos".
María de Jesús Mejía pidió a todas las bancadas del Congreso local que intervengan ante las autoridades competentes para exigir la cancelación de permisos, licencias o autorizaciones otorgadas a Rimsa -filial de la compañía francesa Veolia Environment- para que se cancele el envío de desechos peligrosos.
David Carrizales, corresponsal