Editorial
Protección civil: ninguna inversión es excesiva
A unos días del vigésimo aniversario del terremoto que devastó la ciudad de México en 1985, y cuando en la costa norte del Golfo de México se mantiene viva la tragedia causada por el huracán Katrina, magnificada por la insensibilidad y la torpeza del gobierno de George W. Bush, es oportuno resaltar la necesidad de que en nuestro país se fortalezcan los sistemas de protección civil, prevención de desastres y asistencia a víctimas de catástrofes naturales. Es cierto que el reciente paso de un ciclón por la península de Yucatán y por las costas de Tamaulipas puso a prueba las capacidades de la sociedad y de los gobiernos municipales, estatales y federal para enfrentar los embates de la naturaleza, y que los resultados fueron satisfactorios. Pudieron apreciarse, entonces, los avances logrados en materia de protección civil. Sin embargo, en ese ámbito ninguna inversión y ninguna acción preventiva puede considerarse excesiva, especialmente en un territorio que, como el nuestro, presenta riesgos evidentes y diversos: alta sismicidad en buena parte de sus regiones habitadas, extensas costas expuestas al embate de tormentas y huracanes, y lluvias torrenciales capaces de provocar el desbordamiento de ríos y deslaves de gran magnitud en una orografía compleja y accidentada.
A estas condiciones deben sumarse los resultados de la falta de planeación, la corrupción y la indolencia en materia de desarrollo urbano y la fragilidad de muchos asentamientos rurales, así como el dudoso cumplimiento de los reglamentos de construcción, las leyes ambientales, las disposiciones sobre el manejo de desechos tóxicos y las normas que regulan el establecimiento y la operación de plantas industriales. El panorama que puede obtenerse de esa conjunción de factores es un mapa plagado de peligros que, a su vez, demanda mecanismos ágiles, eficaces y complejos de protección civil.
Por ello, resulta pertinente y atendible el llamado que formuló ayer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, en el contexto del 15 Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, a "no delegar a un segundo término las actividades de prevención y atención de todo lo que pueda convertirse en riesgo para nuestra sociedad".
En este mismo sentido debe apreciarse la campaña iniciada ayer por el Gobierno del Distrito Federal para fomentar la cultura de la prevención en la ciudad de México, en el contexto de la cual se realizarán acciones de difusión y simulacros con el propósito de mantener la conciencia ciudadana alerta y preparada ante eventuales terremotos.
En lo inmediato, y más allá de las campañas de concientización, es necesario intensificar las inspecciones a casas y edificios para garantizar que se encuentren en buenas condiciones estructurales, así como crear mecanismos más estrictos de verificación a fin de asegurar el cumplimiento de un reglamento de construcción que es ejemplar en el papel, pero cuyo acatamiento generalizado resulta más que dudoso.
El patrimonio más valioso de un país es su población, y no hay pretextos válidos cuando sus integrantes mueren o resultan lesionados por circunstancias catastróficas previsibles y evitables. En septiembre de 1985 no sólo se puso de manifiesto la irresponsabilidad y la corrupción que rodeó la construcción de muchos edificios de la ciudad de México, sino también la imprevisión, la ineptitud y la parálisis de un gobierno federal que entonces regía el DF y que empezó, desde esos días amargos, a cavar su tumba política. En este septiembre la administración de George W. Bush es objeto de la indignación social por no haber hecho nada para atenuar el impacto de un fenómeno natural cuyo poder de devastación fue previsto hace mucho tiempo y por haberse quedado de brazos cruzados varios días mientras los habitantes de Nueva Orleáns morían o se hundían en el infierno de su ciudad destruida.
Las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno deben verse, pues, en el espejo de esas tragedias, y prestar la atención y los recursos necesarios a los sistemas de protección civil y prevención de catástrofes.