Sólo se apoyarán "medidas coercitivas" aprobadas por el Consejo de Seguridad: SRE

México respaldará el uso de la fuerza militar avalado por Naciones Unidas

JOSE ANTONIO ROMAN

En la próxima cumbre de mandatarios de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) México respaldará el "uso de la fuerza militar" y la aplicación de "medidas coercitivas" aprobadas siempre por un Consejo de Seguridad reformado y multilateral, además de reconocer la obligación que tiene la comunidad internacional de garantizar colectivamente la protección de las personas frente a violaciones graves a los derechos humanos.

Al adelantar la posición que defenderá México en dicha cumbre, a realizarse del 14 al 16 de septiembre en la ciudad de Nueva York, a la cual asistirá el presidente Vicente Fox, la cancillería señaló que en opinión de nuestro país la reforma del Consejo de Seguridad "no debe secuestrar" el análisis y la adopción de otras propuestas para reformar a la ONU en su totalidad, es decir, "México aspira a una reforma integral del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

Respecto al uso de la fuerza, el documento elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) propone la elaboración de cinco criterios que sirvan para medir la legitimidad de toda decisión del Consejo de Seguridad que involucre las medidas coercitivas y militares, más allá de la legalidad que continúa regida por la Carta de la ONU.

Con ello, el gobierno del presidente Vicente Fox da un viraje a la tradicional política exterior de no intervención y en la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias internacionales.

Al estudiar si procede o no el uso de la fuerza militar, el gobierno mexicano propone que el Consejo de Seguridad tenga una opinión común sobre los siguientes aspectos: cómo sopesar la gravedad de la amenaza; cuál es el objetivo adecuado de la acción militar propuesta; si otros medios menos graves que el uso de la fuerza podrían conseguir probablemente detener la amenaza; si la opción militar es proporcional a la amenaza en cuestión, y si hay posibilidad razonable de éxito.

En este contexto, la Asamblea General de la ONU debe adoptar una resolución que codifique los cinco criterios que deben "dar luz verde" al uso de la fuerza para prevenir también amenazas a la seguridad internacional.

Asimismo, se propone que estos criterios también se apliquen a casos en los que se busque "prevenir" el surgimiento de amenazas. Además establece que hasta ahora no existe ninguna norma consuetudinaria internacional que permita invocar el derecho a la legítima defensa ante un ataque armado que no se ha producido. "Sería sumamente peligroso admitir la posibilidad de que los estados actúen sin respetar estrictamente las atribuciones del Consejo de Seguridad", se advierte en el textoo.

El documento, de 18 cuartillas, señala que en cuanto al estado de derecho en el plano internacional uno de los ejes torales del sistema jurídico es la solución pacífica de las controversias. Por ello es necesario fortalecer el papel de la ONU en la promoción del estado de derecho, incluyendo el fortalecimiento de la función mediadora del secretario general, asegurando que cuente con los medios que le permitan ofrecer alternativas, con mayor frecuencia y posibilidades de éxito, además de avanzar sobre el desarme mundial de armas químicas, biológicas y nucleares.

Respecto de la reforma del Consejo de Seguridad, el gobierno de México señala que debe considerar los siguientes elementos: mejorar la representatividad, los métodos de trabajo, la transparencia, la eficiencia y la legitimidad de las acciones del Consejo de Seguridad; lograr la ampliación regionalmente equitativa y equilibrada con la ampliación del Consejo únicamente con miembros no permanentes, y estimular la rendición de cuentas mediante la elección de miembros con posibilidad de relección inmediata.

Por otra parte, menciona la necesidad de adoptar una definición amplia de terrorismo, por lo cual es necesario reiniciar una negociación de la convención general en la materia, e insiste en que la lucha contra este flagelo debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos.