Propone a la Corte analizarlo como "tema especial"
Exige Comité 68 reabrir caso del jueves de Corpus
Integrantes del Comité 68 se manifestaron ante la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que el máximo tribunal haga uso de su facultad de investigación de casos de especial importancia para la vida nacional y reabra la indagatoria en torno a los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971.
El martes pasado miembros de este comité presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denegación sistemática de justicia en el caso del halconazo. Entonces, Raúl Alvarez Garín indicó que la Corte tendría que hacer una valoración jurídica de las actuaciones que se han llevado a cabo sobre el tema y fincar las sanciones penales correspondientes.
Entrevistado al término del mitin frente a la SCJN, Alvarez Garín aseguró que las resoluciones del Poder Judicial y la actuación del Ministerio Público Federal en los asuntos relacionados con el 10 de junio de 1971, 2 de octubre de 1968 y la guerra sucia han dejado en evidencia el "sistema de impunidad sistemática" que prevalece en el país.
Lo anterior, dijo, se apoya en resoluciones legislativas y judiciales nulas de pleno derecho o espurias, que corresponden a un régimen autoritario y represivo. En este sentido, subrayó, no se registra ningún avance significativo.
Al abundar en la falta de resultados de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Alvarez Garín destacó la responsabilidad que tiene el Ejecutivo federal en la impunidad, debido a que "no promueve la procuración de justicia con todos los recursos legales y políticos de que dispone".
Tanto Vicente Fox como los precandidatos a la Presidencia de la República "están obligados a fijar públicamente sus posiciones respecto de los asuntos concretos que están determinando el rumbo general de la justicia en México", afirmó.
Limitaciones de la Corte
La vez anterior que la Corte utilizó esta facultad fue cuando determinó que sí existía una violación grave a las garantías individuales en la matanza del vado de Aguas Blancas, Guerrero; sin embargo, al estar impedida para consignar penalmente a los responsables, se limitó a notificar a las autoridades judiciales federales y estatales sobre la presunta responsabilidad de diversos funcionarios. No obstante, las autoridades nunca tomaron en cuenta el dictamen del máximo tribunal.
A raíz de este asunto, los ministros determinaron que en tanto no se modifique la Constitución para que la SCJN consigne penalmente sus resoluciones, será sumamente difícil que acepte una encomienda como la que pide el Comité 68.
Por otra parte, Alvarez Garín acusó de espuria la resolución de la magistrada del quinto tribunal unitario, Herlinda Velasco Villavicencio, quien al resolver el caso acepta que "en la consignación presentada por la fiscalía existen múltiples y diversos elementos que prueban la autoría material de los hechos por parte del grupo paramilitar los halcones.
"Resulta que (la magistrada) concluye en forma contraria a la lógica más elemental, de que no se configura la probable comisión del delito de genocidio, sino sólo del delito de homicidio simple, que ya ha prescrito, por lo cual exoneró a los acusados y declaró el asunto como total y definitivamente concluido."
Estos argumentos en contra del sistema judicial mexicano fueron presentados ante la CIDH el pasado 6 de septiembre.