Defensor de derechos humanos demanda compromiso del gobierno en resolver feminicidios
La dimisión de Roccatti, desalentadora
La renuncia de Mireille Roccatti como titular de la fiscalía especial para atender los feminicidios en Ciudad Juárez alienta el clima de "desinterés y apatía" con que autoridades federales, estatales y municipales pretenden "minimizar la gravedad de estos crímenes", afirmó Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien destacó que la creación de una oficina nacional para atender estos delitos "no justifica la desaparición de la fiscalía".
Agregó que "debilitar" los mecanismos creados para esclarecer estos homicidios no sólo representa el incumplimiento de las recomendaciones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "sino una clara intención de minimizar su gravedad, creando la falsa idea de que se logró resolver el fenómeno de los feminicidios en Ciudad Juárez".
El defensor de derechos humanos, quien acompañará a partir del próximo 19 de septiembre a un grupo de expertas en violencia de género invitadas por la Federación Internacional de los Derechos Humanos para elaborar un informe sobre los casos de feminicidios en México y Guatemala, el cual será presentado ante el Parlamento Europeo, indicó que si bien la creación de un órgano nacional para atender los casos en todo el país es una medida positiva, es "preocupante" que el gobierno federal pretenda desaparecer la fiscalía especial en Ciudad Juárez, cuando su responsabilidad es "activar todos los mecanismos a su alcance para garantizar la aplicación de la justicia".
La decisión de la ex presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de abandonar la fiscalía especial a tan sólo tres meses de haber llegado al cargo "es una consecuencia de la falta de atención y responsabilidad con que se designa a los funcionarios responsables de impulsar las investigaciones, pues a pesar de que las organizaciones civiles insistimos en que se debe optar por aquellas personas que cumplan con el perfil más adecuado, se optó por quienes privilegiaron una carrera política".
Sin un verdadero compromiso con las víctimas y la procuración de justicia, agregó, "no se concretarán los avances necesarios para esclarecer los crímenes y sancionar a quienes resulten responsables, prueba de ello es que hasta la fecha la Procuraduría General de la República sigue sin dar a conocer cuáles fueron los motivos que llevaron a remover de su cargo a María López Urbina ni cuál fue el balance de sus acciones al frente de la fiscalía especial, antes del arribo de Roccatti".
Afirmó que tras la localización el pasado 14 de septiembre de los cuerpos de dos mujeres reportadas como desaparecidas en esa ciudad fronteriza, "los feminicidios en Ciudad Juárez son una realidad que aún golpea al país y a esa comunidad, por lo que es muy grave que se pretenda eliminar los organismos creados por el Estado para buscar su esclarecimiento y sanción, cuando lo que se requiere son mayores esfuerzos y compromisos que vayan más allá del discurso oficial".